América Latina está cansada. De la violencia, las extorsiones, el miedo y de ver cómo las organizaciones criminales gobiernan territorios abandonados por el Estado. La ciudadanía tiene derecho a exigir seguridad. Pero esa demanda no debería convertirse en un cheque en blanco para recuperar las recetas de mano dura.

El Salvador y Ecuador, con realidades y resultados diferentes, muestran el atractivo electoral de más militares, cárceles y castigos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿mejoran estas medidas la vida de las personas sin generar daños mayores?

En Brasil, el debate sobre rebajar la edad de imputabilidad penal a 16 años, o a 14 para ciertos delitos graves, resulta especialmente inquietante. Los adolescentes que delinquen deben responder por sus actos, con garantías y medidas proporcionadas. Pero ¿por qué discutimos tanto sobre cuándo enviarlos a prisión y tan poco sobre cómo ampliar sus oportunidades? ¿Cuánto invertimos en su educación, cultura, salud mental y empleo antes de que las redes criminales les ofrezcan un futuro?

Tras más de medio siglo de guerra contra las drogas, los mercados ilícitos siguen expandiéndose. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2026, la fabricación potencial de cocaína se multiplicó por más de cuatro entre 2014 y 2024. ¿Cuántas veces repetiremos las mismas respuestas antes de preguntarnos qué estamos haciendo mal?

Alex Stevens explica en Drug Policy Constellations que las políticas de drogas no se construyen solo con evidencias, sino también con relaciones de poder, intereses institucionales y convicciones morales. Durante décadas han predominado dos miradas: la penal y la médica. Una ve delincuentes; la otra, pacientes. Ambas son necesarias, pero ninguna basta para comprender la realidad.

Quedan fuera los jóvenes sin oportunidades, los campesinos dependientes de economías ilícitas, las mujeres en los eslabones más vulnerables del narcotráfico y los barrios donde las organizaciones criminales ofrecen ingresos, protección y autoridad. La gobernanza criminal no se desmantela únicamente con patrullas: también exige reconstruir instituciones, confianza y alternativas económicas.

Hay una palabra incómoda para describir parte de este fracaso: iatrogenia. En medicina designa el daño causado por una intervención que pretendía curar. ¿Cuántos problemas asociados a las drogas son consecuencia de nuestras propias políticas? Perseguimos mercados que se desplazan a comunidades vulnerables, llenamos cárceles que se convierten en centros de reclutamiento y cerramos puertas laborales a quienes criminalizamos. Después utilizamos esos efectos para reclamar todavía más represión.

El principio hipocrático de «ayudar o, al menos, no perjudicar» debería guiar no solo a quienes trabajan en salud, sino también a responsables políticos, policías, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias. En democracia, ejercer autoridad obliga a respetar la proporcionalidad, las garantías y la dignidad humana. Los derechos no estorban a la seguridad: la distinguen del abuso. También necesitamos escuchar a los profesionales que conocen estas contradicciones y evaluar su trabajo por el bienestar que generan, no solo por detenciones, condenas o incautaciones.

Aquí surge otra pregunta incómoda: ¿quién está dispuesto a invertir capital político en cambiar las cosas? Es más fácil inaugurar una cárcel que recuperar un barrio; anunciar penas más duras que transformar una economía local; debatir si encarcelamos a adolescentes a los 14 o 16 años que invertir de verdad en sus capacidades. Gobernar también implica defender decisiones difíciles cuando pueden mejorar miles de vidas.

Por eso necesitamos políticas de drogas y seguridad ciudadana regenerativas. No basta con reducir daños: hay que reparar los causados y transformar las condiciones que alimentan la violencia. Eso requiere innovación pública y social, comunidades participando en las decisiones y laboratorios territoriales donde gobiernos, organizaciones, universidades y actores económicos experimenten soluciones que unan seguridad, salud, derechos y desarrollo.

América Latina no tiene que elegir entre seguridad y derechos. Necesita dirigentes con el coraje de hacerlos avanzar juntos.

Porque la pregunta ya no es solo cuánto daño producen las drogas, sino cuánto estamos dispuestos a seguir causando para combatirlas.

El autor es fundador y director de D2 INNO-LAB – Laboratorio Global de Innovación en Políticas de Drogas y Desarrollo Sostenible e investigador del Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca y del Centro de Investigaciones Políticas y Sociales de Panamá.