Uno de los grandes peligros de la democracia es el fenómeno del populismo. Es una certeza empírica que los conceptos de populismo y costo político son diametralmente opuestos. Para resolver arduos problemas sociales que exigen sacrificios e incertidumbre a corto plazo, el funcionario electo debe arriesgarse a perder una cuota —a veces enorme— de su popularidad. No cabe duda de que se trata de un asunto extremadamente delicado. Lo impopular no da rédito político inmediato, por lo que muchos servidores públicos prefieren adoptar posturas populistas.
El populismo puede definirse de manera inequívoca como la práctica política de decir y hacer lo que buena parte de la población quiere, en detrimento de lo que realmente necesita para su bienestar futuro. El único propósito de un líder político debe ser gobernar para el beneficio de la ciudadanía: crear las condiciones socioeconómicas que permitan un desarrollo humano que mejore la calidad de vida.
Que la población opine o vote en contra de un candidato o funcionario por decisiones que favorecen a una clase empresarial, gremial o política en particular —en perjuicio de la ciudadanía en general— no debe considerarse un costo, sino un merecido karma político.
Algunas medidas percibidas como perjudiciales —por razones tan variadas como el desconocimiento de sus alcances, la ignorancia sobre temas técnicamente complejos, la manipulación por fuerzas oportunistas con agendas ocultas o incluso la desconfianza radical hacia todo lo que ofrece un sistema político plagado de corrupción— pueden ser decisiones muy beneficiosas. En esos casos, el líder de turno asume el costo político, consciente de que generará insatisfacción por las razones antes expuestas. Ese servidor público, dispuesto a sacrificar su futuro político por darle a su país lo que necesita, debe ser el modelo a emular.
Por desgracia, en democracia, la mayoría de la clase política practica a diario la demagogia, afirmando que su objetivo es mejorar las condiciones del pueblo, cuando su mayor aspiración es mantenerse vigente en el ruedo a como dé lugar. Para lograrlo, siempre es más fácil prometer soluciones simplistas u oponerse a proyectos importantes porque los propusieron sus contrincantes. Otros atacan los intentos de solucionar problemas que, cuando ellos detentaban el poder, no tuvieron la voluntad de enfrentar; o bien, cínicamente, buscan mantener las malas prácticas que se pretenden subsanar, solo porque se benefician de ellas.
Las actitudes populistas de la mayoría de nuestros políticos hacen que imperen las decisiones cortoplacistas que solo sirven para ganar elecciones. Esas mismas actitudes frenan políticas de Estado exitosas y sostenibles que fomentan las condiciones para un verdadero progreso socioeconómico. Para estos políticos, el factor determinante es cómo aquello que dicen y hacen puede afectarlos electoralmente. En este estado de cosas, será imposible aplicar los cambios profundos y estructurales necesarios para mejorar nuestro paupérrimo sistema educativo y las demás condiciones que garanticen la seguridad social y laboral de la mayoría.
Aspiremos a tener servidores responsables que, como buenos padres y madres de familia, estén dispuestos a asumir el costo político de tomar decisiones difíciles e impopulares que procuren los mejores beneficios para el pueblo que los eligió.
El autor es abogado.
