La migración irregular puede analizarse desde diferentes perspectivas; sin embargo, por la posición geográfica de nuestro país y la peculiaridad de la frontera con Colombia, es preciso profundizar en el involucramiento del crimen organizado y la economía paralela en las comunidades de acogida.
En una reunión de alto nivel en materia de seguridad a la que tuve la oportunidad de asistir en calidad de especialista en temas migratorios, un experto en seguridad indicó que el crimen organizado no opera por actividad criminal de forma individualizada, sino que aprovecha necesidades y tragedias sociales para lucrar a través de actividades ilícitas. ¡Cuánta razón tenía! En este caso, la desesperación de las personas en condición de vulnerabilidad y la dificultad de acceso a rutas migratorias regulares y seguras hacia los países de destino, ha desencadenado un aumento exponencial del tráfico ilícito de migrantes y actividades conexas a nivel regional.
Más del 90% de los migrantes que cruzan el tapón del Darién son objeto del tráfico ilícito de migrantes y afirman haber pagado una suma de dinero, que oscila entre los $300 y $500, dependiendo de la ruta, por la asistencia durante su trayectoria desde Necoclí, Colombia, hasta su llegada al territorio panameño o inclusive a Estados Unidos de América. Este año se han registrado unos 160,000 ingresos por las comunidades receptoras del Darién.
Esta realidad no solo es preocupante a nivel de seguridad, sino que es un indicador alarmante de lo lucrativo de esta actividad criminal y la liquidez que estas redes criminales están generando producto de la tragedia humana; liquidez que, a su vez, es utilizada para inyectar otras actividades ilícitas como lo son el tráfico de drogas, tráfico de armas y terrorismo, entre otros.
El Municipio de Necoclí se ha convertido en un punto de encuentro para miles de migrantes, los cuales tienen como destino llegar a Estados Unidos de América. Allí se encuentran comercios especializados en productos de supervivencia (carpas, botas, machetes y chubasquero, entre otros), servicios de lanchas que transportan desde Necoclí hasta Capurganá y Acandí (puntos de inicio de la ruta irregular hacia el tapón del Darién), servicio de “guías” desde Necoclí hasta diferentes puntos de la región y ninguna campaña de prevención sobre la migración irregular y los riesgos asociados.
No podemos obviar el impacto que tiene el cruce de la selva del Darién en la vida de estas personas y su semblante esperanzador y sano en el Municipio de Necoclí, Colombia, versus su llegada a las comunidades receptoras de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo casi sin vida, ni esperanza.
La economía paralela que genera la migración irregular en las comunidades de acogida es evidente y hasta positiva en muchos casos; sin embargo, esto no puede empañar la obligación política de los países de origen, tránsito y destino de abordar el fenómeno de la migración irregular desde la responsabilidad y coherencia, promoviendo la información, basada en evidencia, sobre los riesgos asociados a las rutas irregulares, combatiendo el crimen organizado y evitando el inicio de rutas migratorias irregulares como lo es el tapón del Darién, la cual atenta contra la vida e integridad de los migrantes y refugiados que lo atraviesan.
Ordenanzas como la creación de una asistencia estatal por el cruce del Darién no solo incentivaría los flujos migratorios irregulares, sino que también contribuiría al fortalecimiento de las operaciones del crimen organizado en toda la región, sin mencionar la falta de consulta regional sobre la medida y el posible impacto en las fronteras del norte del continente. ¿De qué sirve que los migrantes crucen el tapón del Darién, si el país de destino o los países en tránsito subsiguientes no tienen la capacidad de gestión en sus fronteras ni la capacidad de acogida?
La autora es abogada especialista en temas migratorios
