En un país como el nuestro, donde los contratos del Estado representan una parte significativa del gasto público y, por ende, de la actividad económica, y que es conocido internacionalmente como un paraíso fiscal, con escándalos de corrupción que salen a diario en los medios, la implementación de políticas de cumplimiento normativo (compliance) en los procesos de selección de contratistas es una necesidad ineludible.
Más que una tendencia global, el compliance es un mecanismo que garantiza la transparencia, la ética y la eficiencia en la gestión de los recursos, elementos imprescindibles para que el sector público pueda recuperar la confianza ciudadana y fomentar el desarrollo sostenible del país.
En el contexto panameño, las irregularidades en los procesos de licitación, desde la recepción de propuestas hasta la adjudicación de contratos y la ejecución de proyectos, han socavado la credibilidad de las instituciones estatales. La percepción de corrupción en el país, según índices internacionales, sigue siendo alta, lo que no solo impacta la confianza de los ciudadanos, sino también la competitividad económica. Empresas multinacionales y organismos internacionales evalúan la transparencia y los sistemas de control como factores clave para decidir inversiones o alianzas estratégicas en un país.
Es aquí donde el compliance se presenta como una herramienta esencial. Se trata de implementar un sistema integral que prevenga conductas ilícitas, mitigue riesgos reputacionales y garantice que los recursos del Estado sean utilizados de manera óptima.
El compliance, o cumplimiento normativo, abarca un conjunto de políticas, procedimientos y controles diseñados para garantizar que una organización opere dentro de los límites legales y éticos. En el ámbito de la contratación pública, su aplicación es especialmente relevante, ya que involucra fondos provenientes de los impuestos ciudadanos y, en muchos casos, financiamiento de organismos internacionales.
Para implementar un sistema de compliance efectivo en los procesos de selección de contratistas, Panamá debe adoptar medidas como:
Debida diligencia en la selección de contratistas: Antes de adjudicar un contrato, es fundamental que el Estado investigue exhaustivamente el historial de las empresas participantes. Esto incluye verificar su cumplimiento fiscal, antecedentes legales y reputación corporativa, así como la existencia de mecanismos internos de ética y anticorrupción.
Certificación de cumplimiento normativo: Exigir a las empresas interesadas en participar en licitaciones públicas que cuenten con políticas de compliance. Esto garantizaría que los licitantes han adoptado estándares mínimos de integridad.
Capacitación y fortalecimiento institucional: Los funcionarios encargados de las contrataciones públicas deben estar debidamente capacitados en materia de cumplimiento normativo. Esto incluye conocer las mejores prácticas internacionales y contar con herramientas para identificar y prevenir riesgos de corrupción o conflictos de interés.
Supervisión independiente: Es crucial que los procesos de selección sean monitoreados por organismos independientes, como veedurías ciudadanas o auditorías externas. Esto fomenta la transparencia y minimiza las posibilidades de manipulación o favoritismo.
Incorporar políticas de cumplimiento normativo en los procesos de selección de contratistas generaría una serie de beneficios significativos para el Estado panameño. Entre ellos destacan:
Reducción de la corrupción: El compliance ayuda a prevenir conductas ilícitas, como el soborno, el fraude o el tráfico de influencias, al establecer controles internos rigurosos y mecanismos de denuncia confidenciales.
Ahorro de recursos públicos: Al garantizar que los contratos se otorguen a empresas idóneas, el Estado puede evitar sobrecostos, incumplimientos contractuales y la ejecución de proyectos de baja calidad.
Fortalecimiento de la confianza ciudadana: Cuando los ciudadanos perciben que los procesos de contratación son justos y transparentes, aumenta su confianza en las instituciones públicas y en la gestión del gobierno.
Atracción de inversionistas internacionales: La implementación de sistemas de compliance mejora la reputación del país a nivel global, lo que puede traducirse en mayores inversiones extranjeras y cooperación internacional.
Si bien los beneficios del compliance son evidentes, su implementación en los procesos de contratación pública enfrenta diversos desafíos en Panamá. Entre ellos se encuentran la resistencia al cambio por parte de actores que se benefician de la opacidad actual, así como la falta de recursos y capacitación en las instituciones estatales.
Además, es necesario actualizar el marco normativo para incorporar la obligatoriedad del cumplimiento normativo en las licitaciones públicas. Aunque se han introducido avances en materia de transparencia y anticorrupción, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que estos principios se apliquen de manera efectiva en todas las etapas de la contratación pública.
La implementación del compliance en los procesos de selección de contratistas no es solo una herramienta para combatir la corrupción, sino una apuesta por un Panamá más justo, eficiente y competitivo. Es una oportunidad para transformar las instituciones públicas y alinearlas con los estándares internacionales de buena gobernanza.
Para lograrlo, es fundamental que el gobierno, la sociedad civil y el sector privado trabajen de manera conjunta, fomentando una cultura de integridad y transparencia en todos los niveles. Solo así será posible garantizar que los recursos públicos sean utilizados para el beneficio de todos los panameños, fortaleciendo la confianza en el sistema democrático y sentando las bases para un desarrollo sostenible.
En un país lleno de potencial como Panamá, el compliance no debe ser visto como una carga administrativa, sino como una inversión estratégica para construir un futuro más próspero y equitativo.
La autora es abogada versada en ASG (Environmental, Social, and Governance)
