Las redes sociales llevan años funcionando como ese espacio donde publicamos una foto, comentamos un video o discutimos con un desconocido sin sentir que estamos haciendo algo “serio”. Total, es solo un celular. Pero detrás de esa pantalla también se activan normas que muchos no conocemos y que sí tienen consecuencias.

La ley va un paso atrás

En Panamá, con el uso masivo de Instagram, TikTok, Facebook o WhatsApp, han aumentado conductas que, aunque ocurren en un entorno virtual, generan daños reales: acoso, extorsión, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, suplantación de identidad y estafas. En los casos más graves, incluso captación de menores con fines de explotación. El medio ya no es un arma física: es un celular con datos.

La Ley 51 de 22 de octubre de 2008, posteriormente reformada, y el Código Penal intentan cubrir parte de estas conductas mediante normas relacionadas con los medios electrónicos. Se sancionan acciones como el acceso no autorizado a sistemas informáticos, la interceptación de datos y la difusión de información obtenida ilícitamente. El problema es que la tecnología cambia más rápido que las normas.

Y aquí surge una pregunta que como estudiantes de Derecho deberíamos hacernos: ¿en qué momento algo hecho desde un celular deja de ser una broma pesada y se convierte, legalmente, en un delito? No todo comentario ofensivo es un delito, ni toda pelea en redes debería terminar en una denuncia. Por eso conviene conocer los límites antes de publicar.

Lo que se sube ya no se controla

Uno de los temas más delicados es la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos, popularmente llamada “pornografía de venganza”. Muchas víctimas desconocen que estas conductas pueden relacionarse con delitos contra la intimidad y con formas de violencia digital contempladas en reformas recientes sobre violencia contra la mujer. Que alguien haya permitido que otra persona vea un contenido íntimo no significa que haya autorizado su difusión.

También está el grooming: el acercamiento de un adulto a un menor por redes con fines de abuso sexual. Puede comenzar con una conversación aparentemente normal y avanzar hacia solicitudes de fotografías o propuestas de encuentros. El Código Penal panameño permite perseguir estas conductas incluso antes de que exista contacto físico, y una imagen o un dato publicado sobre un menor puede permanecer circulando durante años.

El honor también se defiende en redes

Acusar falsamente, difamar o publicar contenido para perjudicar a alguien desde una cuenta anónima tampoco deja a una persona fuera del alcance de la ley. La libertad de expresión no es absoluta: encuentra límites en derechos como el honor y la dignidad. La falsa sensación de anonimato tampoco garantiza impunidad. Una cuenta con un nombre inventado no significa que sea imposible identificar a quien está detrás.

Amenazar y estafar también cambiaron de forma

Las amenazas por mensaje deben analizarse según el contexto y lo que realmente se dijo. Que se realicen por WhatsApp, Instagram o TikTok no cambia por sí solo su naturaleza jurídica. Con las estafas ocurre algo similar: un perfil falso, un mensaje aparentemente legítimo o un enlace enviado al celular pueden utilizarse para engañar y obtener un beneficio ilícito. La tecnología cambia la forma de cometer estas conductas, pero no elimina la responsabilidad.

Investigar algo que casi no deja huella

Desde el punto de vista procesal, la evidencia digital presenta dificultades: una publicación puede borrarse en segundos, los servidores pueden estar fuera del país y no siempre es sencillo identificar a quien está detrás de un perfil. Por eso, la conservación y la cadena de custodia de la evidencia digital, junto con capturas certificadas, metadatos e informes periciales, son fundamentales. Un caso puede debilitarse no porque la ley no exista, sino porque la prueba no fue documentada correctamente.

Al final

El reto no está solamente en crear normas nuevas, sino también en conocer las que ya existen y en actualizar la educación jurídica frente a lo que vivimos. Buena parte de nuestra vida ocurre detrás de una pantalla, y allí también existen derechos que proteger.

A los usuarios también nos corresponde aprender a frenar antes de publicar. Antes de enviar una foto, compartir una conversación o acusar a alguien públicamente, vale la pena preguntarse si realmente tenemos derecho a hacerlo y a quién podemos estar perjudicando.

Quizás la pregunta ya no es si las redes sociales son un juego, sino cuánto conocemos de las reglas antes de jugar.

La autora es estudiante de Derecho, Universidad de Panamá.