Todas las personas, en algún momento de nuestras vidas, necesitaremos cuidados. Ya sea por enfermedad, discapacidad, envejecimiento o situaciones transitorias, el cuidado es una necesidad universal. En casos de dependencia funcional permanente o al final de la vida, el cuidado se vuelve aún más crítico. Por ello, debe ser garantizado como un derecho humano, ejercido con respeto a la dignidad de quien lo recibe.
En Panamá, la Ley 431 de 2024 creó el Sistema Nacional de Cuidados, con el propósito de proteger a quienes se encuentran en situación de dependencia: niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, y quienes atraviesan situaciones de dependencia transitoria. Esta ley también reconoce los derechos de quienes cuidan, tanto remunerados como no remunerados.
La norma establece que las personas cuidadoras tienen derecho a “desempeñar su tarea en condiciones de trabajo decente, en ambientes libres de discriminación, maltratos y violencia de cualquier índole.” Además, ordena la creación de un Consejo y una Dirección Nacional de Cuidados, bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y exige el diseño de una política pública específica para proteger esta labor esencial.
Sin embargo, en las residencias de larga estadía para personas mayores - sean públicas o privadas - la situación de los cuidadores es crítica. Ni el Mides, ni el Ministerio de Trabajo están abordando con seriedad esta problemática. Acompaño actualmente el caso de varios cuidadores en uno de estos centros, y la realidad es alarmante: si denuncian abusos o negligencia contra las personas mayores, o piden mejores sus condiciones laborales, son despedidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo.
Este contexto obliga a advertir que cuando se vulneran los derechos de los cuidadores, quienes sufren las consecuencias directas son las personas mayores que residen en estos centros. Los entornos laborales abusivos generan un maltrato institucionalizado que afecta a cuidadores y personas mayores. El conocido síndrome de Burnout - o síndrome del quemado - es una manifestación clara de esta crisis: muchos cuidadores lo padecen hoy, ante la indiferencia de las autoridades.
De poco sirven los foros, congresos, informes sobre la importancia del cuidado si, en la práctica, los que cuidan en los centros de larga estadía deben convertirse en testigos pasivos del abuso y la negligencia. Aunque existen leyes que los amparan, los entes encargados de aplicarlas miran hacia otro lado. Esto refleja cuánto se desvaloriza la dignidad humana de las personas mayores, especialmente aquellas en la etapa final de la vida.
El sufrimiento en los últimos años de vida exige una respuesta urgente, ética y estructural. “Defender a quienes cuidan es también defender a quienes son cuidados.” Según un documento de Cancillería de la República (2021), para el año 2030, las personas mayores de 60 años representarán el 16.7% de la población en Latinoamérica, y una proporción significativa requerirá cuidados de larga estancia. Es momento de mirarnos en ese espejo.
No basta con aprobar leyes que luego nadie se encarga de hacerlas cumplir. Contamos con la Ley 431 de 2024 que creó el Sistema Nacional de Cuidados, actualmente engavetada en el Ministerio de Desarrollo Social. También está la ley 149 de abril de 2020, que tipifica el maltrato físico, mental, emocional y el trato negligente, con penas de tres a cinco años de prisión. Sin embargo, las denuncias duermen el sueño eterno en las Fiscalías de Familia y el MIDES tampoco toma medidas administrativas.
El 12 de junio de 2025, mediante opinión consultiva OC-31/25, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue categórica al afirmar que “las personas cuidadoras deben ejercer su labor sin discriminación, de manera segura y digna. Asimismo, se debe prevenir, sancionar toda forma de violencia, acoso o discriminación basada en el hecho de asumir responsabilidades de cuidado, incluidas aquellas que ocurran en el ámbito laboral...”
El Estado panameño debe garantizar entornos seguros, justos y humanos para quienes cuidan, porque de su calidad de vida depende la calidad de los cuidados que brindan. Proteger a las personas cuidadoras no es solo una cuestión laboral: es un imperativo ético. Si ellos son silenciados, las personas mayores quedan desprotegidas. La precariedad laboral de las personas cuidadoras también debe preocuparle al Estado.
La autora es abogada y defensora de derechos humanos.
