La coalición Vamos dio, sin duda, un golpe de autoridad al reunir más de 70 mil firmas y entregar la documentación necesaria para avanzar en su reconocimiento como partido político. Ahora corresponde al Tribunal Electoral demostrar su independencia y, sobre todo, su capacidad para revisar esas firmas de forma objetiva e imparcial. Son dos cualidades que, en un país como el nuestro, muchas veces generan dudas, pero que en este momento resultan indispensables. A partir de ahora, el reto será defender esas firmas y lograr el reconocimiento oficial.
Este hecho constituye, por un lado, un claro desafío al statu quo de los partidos tradicionales y, por otro, un contundente llamado de atención. Ha quedado demostrado que la sociedad civil no está dormida y que existe una demanda real de cambios. Más importante aún es que quienes respaldaron esta iniciativa lo hicieron desde el descontento ciudadano y la convicción personal, sin recibir dinero, prebendas ni falsas promesas a cambio de su firma.
Todo esto ha ocurrido en el momento oportuno, mientras la Asamblea Nacional continúa ofreciendo espectáculos poco alentadores. Diputados que llevan más de treinta e incluso casi cuarenta años ocupando una curul siguen haciendo gala del tiempo que llevan en el cargo, convirtiéndose en auténticos ocupantes perpetuos del salario público y de los privilegios que este conlleva. Parece que han olvidado que se entra en política para servir y no para servirse. Al mismo tiempo, las reformas a la ley electoral fueron impulsadas sin un debate real, amplio y efectivo. Estos diputados parecen olvidar que la política debe ser útil y eficaz para todos los ciudadanos, y no un traje confeccionado a la medida de unos pocos para preservar intereses personales. Cuando las reglas electorales se diseñan desde la lógica de la conservación del poder y no desde el fortalecimiento de la democracia, se corre el riesgo de debilitar aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
Resulta verdaderamente lamentable que, a estas alturas, se aprueben medidas que representan un evidente retroceso democrático. Un ejemplo de ello es permitir que una persona electa para dos cargos conserve la titularidad de ambos, ejerza uno y solicite licencia en el otro. Conviene distinguir claramente dos aspectos: una persona puede postularse legítimamente a diversos cargos de elección popular, pero solo puede ejercer uno de ellos y recibir un único salario. Si resulta electa para varios cargos, lo lógico y razonable es que elija con cuál se queda y renuncie a los demás. Lo que no resulta aceptable es que una misma persona mantenga simultáneamente dos cargos electos en el papel. Este punto resulta particularmente bochornoso. A ello se suma el incremento de los topes de financiamiento privado. Si ya se permite una combinación de financiamiento público y privado, el debate debería orientarse precisamente en sentido contrario: eliminar progresivamente el financiamiento público y abrir entonces la discusión sobre los límites del financiamiento privado. Igual sucede con la reducción del tiempo para recoger firmas y el aumento de la cantidad exigida a los independientes: en vez de facilitar y fortalecer su participación, hacemos exactamente lo contrario y la dificultamos todo lo posible.
El crecimiento de movimientos independientes y de nuevas fuerzas políticas no es casual. Es la consecuencia de años de desconexión entre los ciudadanos y quienes los representan. Cuando los partidos tradicionales dejan de escuchar a la población y se concentran en preservar cuotas de poder, inevitablemente surgen alternativas que buscan llenar ese vacío de representación. La aparición de nuevos actores políticos no debe interpretarse como una amenaza para la democracia, sino como una señal de que una parte importante de la ciudadanía está buscando nuevos canales de participación y representación.
En este sentido, Alexis de Tocqueville, en su célebre obra La democracia en América, advertía que la fortaleza de las democracias depende en gran medida de la vitalidad de la sociedad civil y de la capacidad de los ciudadanos para organizarse y participar activamente en los asuntos públicos. Lo ocurrido con Vamos puede entenderse precisamente como una manifestación de esa energía cívica que busca recuperar espacios de representación e incidencia política. Cuando la ciudadanía se organiza y participa, la democracia se fortalece; cuando se vuelve indiferente o resignada, los espacios de poder terminan siendo ocupados por quienes buscan perpetuarse en ellos.
La crítica siempre es bienvenida y forma parte esencial de la democracia. Toda persona tiene el derecho de expresar su opinión, y eso es indiscutible. Sin embargo, las críticas adquieren verdadero valor cuando están debidamente fundamentadas e informadas. Incluso cuando no se comparte una determinada posición, esta merece respeto y consideración si ha sido formulada con conocimiento de causa y argumentos sólidos. Personalmente, prefiero ver a la Comisión de Presupuesto fiscalizando con rigor a los funcionarios que comparecen para solicitar la aprobación de sus partidas presupuestarias, porque se trata de dinero público. Es cierto que algunos ciudadanos pueden discrepar del estilo, las formas o incluso de la falta de cortesía de algunos diputados que componen esta comisión. Sin embargo, prefiero un diputado que pida perdón cuando se equivoca antes que uno que tenga que pedir permiso para cumplir con su deber de fiscalizar, aunque eventualmente falle en las formas.
De hecho, considero saludable que hoy las principales críticas se centren en cuestiones de protocolo o cortesía. Es una situación mucho más deseable que aquella en la que teníamos diputados investigados por corrupción, lavado de dinero, conflictos de interés, clientelismo y otras prácticas incompatibles con la función pública. En pocas palabras, prefiero mil veces a un diputado que se equivoque por falta de experiencia o de protocolo que a uno protegido por la impunidad y con un historial cuestionable ante la justicia. Tener cortesía con los funcionarios no significa rendirles pleitesía. La administración pública no es una empresa privada. Quien está acostumbrado a actuar sin rendir cuentas y a hacer las cosas según su exclusiva voluntad quizá debería mantenerse en el ámbito privado. Cuando se administra dinero público, independientemente de quién ocupe el cargo, existe la obligación de actuar con transparencia, controlar las emociones y aceptar con humildad los errores cuando se señalan.
Norberto Bobbio, especialmente en El futuro de la democracia, sostuvo que la democracia no puede reducirse simplemente a la realización periódica de elecciones. Su verdadera fortaleza reside en la existencia de mecanismos efectivos de control sobre el ejercicio del poder y en la posibilidad de que los ciudadanos supervisen a sus gobernantes. La transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización permanente de los funcionarios públicos no son obstáculos para la gobernabilidad, sino condiciones indispensables para la legitimidad democrática. Por ello, cuestionar el uso de los recursos públicos y exigir explicaciones a quienes los administran no constituye una agresión institucional, sino un deber propio de toda democracia madura.
A los integrantes de Vamos les recomendaría prudencia una vez logren convertirse formalmente en partido político, algo que considero altamente probable. Deben evitar reproducir los vicios que han caracterizado a otros partidos. Lo importante debe ser siempre el proyecto colectivo y no las figuras individuales. También deberían mantenerse alejados de aquellos dirigentes tradicionales que ya tuvieron su oportunidad política y no supieron aprovecharla. El protagonismo personal debe quedar en segundo plano frente a los ideales y objetivos del movimiento. Asimismo, conviene tener cautela con las redes sociales y evitar caer en la tentación de promover más a las personas que a las ideas. Deben recordar que los proyectos políticos sólidos sobreviven a sus líderes, mientras que los personalismos suelen desaparecer con ellos. Si realmente aspiran a ser una alternativa distinta, deberán demostrar que la coherencia ética y política es compatible con el ejercicio del poder y, sobre todo, alejarse de los egos personales.
La llegada de Vamos como partido político puede representar una oportunidad para revitalizar la democracia panameña, pero el éxito de esta iniciativa no dependerá únicamente de las firmas recogidas ni de los cargos que eventualmente obtenga. Su verdadero éxito se medirá por su capacidad para mantener la coherencia entre el discurso y la acción, demostrar que es posible hacer política de una manera distinta y recordar que el poder es un medio para servir a los ciudadanos y nunca un fin en sí mismo.
Si Vamos logra consolidarse sin reproducir los vicios que durante décadas han debilitado la confianza ciudadana en los partidos políticos, habrá realizado una contribución importante a la democracia panameña. Pero si termina convirtiéndose en una versión renovada de aquello que hoy critica, habrá desaprovechado una oportunidad histórica. Como habría señalado Tocqueville en La democracia en América, las democracias se fortalecen cuando los ciudadanos participan activamente en la vida pública y construyen espacios de asociación capaces de equilibrar el poder político. Y, como recordaba Bobbio en El futuro de la democracia, la legitimidad democrática depende no solo del origen electoral del poder, sino también de la posibilidad permanente de vigilarlo, controlarlo y exigirle responsabilidades.
Entre una ciudadanía activa y unas instituciones sometidas al escrutinio público se encuentra, precisamente, el futuro de la democracia panameña. En definitiva, como enseñan Tocqueville y Bobbio, la democracia no es únicamente un mecanismo para elegir gobernantes; es, ante todo, una forma de organizar el poder político sobre la base de la participación ciudadana, los controles institucionales y la responsabilidad pública. Esa será la verdadera prueba que deberá superar Vamos si aspira a convertirse en algo más que una alternativa electoral y a consolidarse como una auténtica fuerza de renovación democrática. El reto, por tanto, no consiste únicamente en llegar al poder, sino en demostrar que es posible ejercerlo de manera diferente, con transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y auténtica vocación de servicio público. Porque Panamá no necesita simplemente nuevos partidos; necesita una nueva forma de entender y ejercer la política.
El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.
