Dries van Agt, un influyente político demócrata cristiano y primer ministro de los Países Bajos durante el periodo de 1977 hasta 1982, murió mediante una doble eutanasia junto con su esposa, Eugenie Krekelberg. La noticia, difundida la semana pasada por la organización The Rights Forum de la que van Agt era el fundador, acaparó los titulares de los principales medios internacionales. Ambos tenían 93 años y llevaban juntos en matrimonio desde los 50. En los últimos años, la salud de la pareja se había deteriorado progresivamente hasta dejarlos en condiciones muy frágiles. La situación empeoró en 2019, cuando van Agt sufrió una hemorragia cerebral mientras daba un discurso en un evento de conmemoración de los palestinos, del que nunca se pudo recuperar. En paralelo, su esposa también sufría problemas que deterioraron aún más su salud.
La eutanasia, derivada de las palabras griegas eu (bueno) y thanatos (muerte), se refiere al acto deliberado de poner fin a la vida de una persona para aliviarla del sufrimiento. El debate político y ético de este tema ha provocado álgidos enfrentamientos entre quienes defienden la autonomía del individuo en las decisiones sobre el final de la vida y los que se abocan a las creencias religiosas sobre la santidad de la vida. No obstante, la cuestión principal se centra en quién tiene derecho a la vida de alguien (a elegir si ponerle fin o no): ¿el individuo o la sociedad?
El creciente envejecimiento de la población mundial, acompañado de tasas más altas de enfermedades crónicas debilitantes de larga duración, ha puesto el foco en las circunstancias que rodean el final de la vida. En este contexto, los debates respecto a la eutanasia giran en torno a los principios de la bioética como la autonomía, la beneficencia, y la no maleficencia. Los defensores argumentan que la legalización de la eutanasia proporciona un marco regulado para garantizar el respeto a la autonomía de los pacientes y el derecho a una muerte digna, especialmente en casos de sufrimiento insoportable debido a enfermedades terminales. Por otro lado, los opositores plantean preocupaciones sobre el potencial abuso de este método y los dilemas éticos que enfrentan los profesionales de la salud en su rol de sanadores.
La eutanasia y el suicidio asistido por un médico son términos que a menudo se usan indistintamente, pero difieren en su ejecución. La eutanasia se refiere al acto de poner fin a la vida de un paciente por parte de un profesional de la salud a través de medios médicos y a petición explícita de ese paciente, mientras que, el suicidio asistido implica el suministro o la prescripción de medicamentos por parte de un profesional de la salud para que un paciente ponga fin a su propia vida. Ambos implican la participación de un tercero, lo que destaca el papel fundamental que desempeñan los profesionales de la atención médica en los asuntos relacionados con el final de la vida.
Las prácticas de muerte asistida se han expandido significativamente en todo el mundo durante los últimos 20 años. Holanda fue el primer país en legalizar la eutanasia en 2002, seguido de Bélgica (2002), Luxemburgo (2009), Colombia (2014), Canadá (2016), España (2021), Nueva Zelanda (2021), Portugal (en espera de reglamentación), y Ecuador (2024). El suicidio asistido por un médico es legal bajo determinadas circunstancias en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Portugal, España, Suiza, Australia y en algunos estados de los Estados Unidos. En tanto, en Colombia, Alemania e Italia el suicidio asistido fue legalizado y espera reglamentación.
Las características particulares de la práctica de muerte asistida difieren en los países donde ya es legal, y también existe una variación considerable en la terminología utilizada para la muerte asistida, lo que a menudo genera confusión y controversia en torno a la práctica. La frecuencia de la muerte asistida también varía mucho según la jurisdicción, aunque se ha observado un aumento a lo largo de los años en los países como Bélgica, los Países Bajos y Suiza, y en estados como Oregón y Washington. Toda legislación sobre la muerte asistida incluye requisitos definidos como la edad mínima, el período de espera, el estado de salud en la que se encuentra el paciente, y procesos específicos como la consulta médica y la presentación de informes.
El uso de intervenciones médico-tecnológicas, que pueden prolongar la vida en condiciones de dolor, y deterioro funcional y cognitivo, y las experiencias asociadas de pérdida de dignidad y autonomía, motivan a algunas personas a considerar una muerte asistida. El creciente discurso público sobre la autonomía del paciente, la calidad de vida y lo que constituye una “muerte digna” también está impactando las percepciones y el apoyo a la legislación sobre muerte asistida en un número cada vez mayor de países.
Actualmente, la eutanasia sigue siendo un dilema ético muy polémico que abarca complejas consideraciones morales, legales y sociales. Su evolución histórica refleja actitudes cambiantes hacia los cuidados al final de la vida, mientras que las consideraciones bioéticas en torno a la eutanasia subrayan la necesidad de una deliberación y regulación cuidadosa. Los países con eutanasia legalizada han establecido marcos destinados a equilibrar la autonomía individual con salvaguardias contra el abuso, aunque persisten preocupaciones sobre su impacto en la práctica médica y los valores sociales. Mientras la sociedad continúa lidiando con las complejidades de la eutanasia, encontrar puntos en común entre el respeto de la autonomía individual y la defensa de los principios éticos sigue siendo un desafío primordial.
El caso de los van Agt, un matrimonio con profundas creencias católicas ha despertado una gran curiosidad debido a la forma que eligieron terminar sus vidas tomados de la mano. Sin duda nos dejan una lección sobre cómo morir y cómo vivir también.
La autora es investigadora científica en el Centro de Neurociencias del Indicasat AIP e integrante de Ciencia en Panamá
