Casi 200 países se reúnen desde el 19 de octubre en Ereván, Armenia, para responder una pregunta: ¿cuánto han avanzado en la promesa de detener la pérdida de naturaleza para 2030? La COP17, la conferencia de las Naciones Unidas sobre diversidad biológica, ofrece la primera revisión mundial de los compromisos asumidos en 2022. Aunque la cita ocurre a miles de kilómetros de Panamá, sus decisiones también nos conciernen.

Tres días antes de la inauguración, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó las iniciativas que llevará a Ereván. La primera es un estudio conjunto con la CEPAL, aún por publicarse, que estima la brecha de financiamiento para la biodiversidad en América Latina y el Caribe. La segunda, una guía práctica elaborada por un grupo de trabajo de los bancos multilaterales de desarrollo, también próxima a publicarse, para ayudar a los gobiernos a desarrollar mercados de créditos de naturaleza “de alta integridad”. La tercera consiste en herramientas y un curso en línea, desarrollados con la Alianza de Capital Natural de la Universidad de Stanford y con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, para incorporar el valor de la naturaleza en las decisiones de política pública e inversión.

El BID recuerda un dato que deberíamos repetir más a menudo: más de la mitad del producto interno bruto de la región depende de los servicios de los ecosistemas, y cerca del 19% de los empleos corresponde a sectores vinculados con la naturaleza. En Panamá no hace falta explicarlo. Uno de nuestros principales activos económicos, el Canal, depende del agua dulce de su cuenca. La sequía de 2023 y 2024 demostró con qué rapidez las condiciones ambientales pueden afectar el comercio marítimo, los ingresos públicos y la economía en general.

Hay, sin embargo, otra cifra que conviene considerar. En 2022, la comunidad internacional se comprometió a movilizar al menos $200,000 millones anuales para la biodiversidad antes de 2030. Estimaciones recientes de la OCDE sitúan el financiamiento actual entre $75,000 millones y $92,000 millones al año. La revisión mundial publicada por la Convención en septiembre, antes de la cumbre, advierte que los avances siguen muy por debajo de lo necesario. La ambición de movilizar más recursos para la naturaleza crece, pero aún no está claro si estos se convertirán en fondos accesibles. Y cuando el dinero escasea, quienes lo aportan se vuelven más exigentes.

Basta leer los documentos del BID para identificar la palabra que más se repite: medir. “Medir resultados”, “resultados medibles”, “alta integridad”, “asegurar que los beneficios se repartan de forma justa”. Cada expresión plantea una pregunta concreta. Y muchas de ellas estarán dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil panameña.

El dinero verde ya no se conforma con buenas intenciones. Exige, cada vez más, demostrar resultados.

Las preguntas que vienen

Los mecanismos de financiamiento son distintos: un crédito de naturaleza, una donación filantrópica y un préstamo de la banca de desarrollo no exigen lo mismo. Sin embargo, los socios financieros más rigurosos —desde los equipos de sostenibilidad corporativa hasta los bancos de desarrollo y los intermediarios de financiamiento para la conservación— formularán cada vez con más frecuencia cuatro preguntas a las organizaciones ambientales que quieran trabajar con ellos.

¿Qué mide usted y quién lo verifica? No bastan las fotografías de árboles sembrados ni el número de voluntarios que participaron en una limpieza de playa. Una organización que aspire a obtener financiamiento basado en resultados debe contar con una línea de base, datos recopilados mediante métodos consistentes y, en muchos casos, una verificación independiente. Si sus registros están dispersos o dependen del cuaderno de un técnico, difícilmente podrá responder a esas exigencias, por excelente que sea su trabajo en el campo.

¿Quién decide? Detrás de cada crédito de naturaleza o fondo plurianual hay compromisos que pueden extenderse durante años. El financiador necesita tener la certeza de que la organización podrá continuar su labor cuando se retire su fundador o se marche su director técnico. La respuesta no está en el proyecto, sino en la junta directiva y en la capacidad de la organización para sostenerse más allá de sus líderes.

¿Quién participa y quién se beneficia? La COP17 presta especial atención a la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El BID, por su parte, insiste en que los beneficios se distribuyan de manera justa antes de ampliar estos mecanismos. Una organización que habla en nombre de una comunidad tendrá que demostrar que esta participa en las decisiones y no aparece únicamente en la fotografía.

¿Qué pasa cuando termine el proyecto? Los ecosistemas no se restauran en un ciclo de 18 meses. Un financiador serio querrá conocer un plan de sostenibilidad financiera que permita mantener los resultados sin depender de la renovación de su propio aporte.

Excelentes en el campo, frágiles en la oficina

Muchas organizaciones ambientales de nuestra región conocen sus manglares, cuencas y especies mejor que nadie. Sin embargo, en el sector persiste un problema: una sola persona asume la dirección técnica, la recaudación de fondos, la contabilidad y la vocería; los datos están dispersos, y la junta directiva se reúne dos veces al año para aprobar decisiones que ya se ejecutaron.

Esa estructura pudo ser suficiente cuando el financiamiento llegaba en forma de pequeñas donaciones y dependía, en buena medida, de la buena voluntad de los aportantes. No lo será para los mecanismos que se discuten en Ereván. El problema, una vez más, no es la falta de generosidad, sino la falta de capacidad institucional para recibir y administrar esos recursos.

Una palabra para las empresas

Las empresas panameñas también enfrentan una presión creciente. Inversionistas, bancos y casas matrices les exigen cada vez más información verificable sobre su impacto ambiental. Para responder, necesitarán aliados en el territorio capaces de generar esos datos. Un informe de sostenibilidad lleno de buenas intenciones, pero sin cifras verificables, constituye un riesgo, no un activo.

Una alianza eficaz es aquella que también financia el fortalecimiento de la organización, no solo sus actividades. Pagar una jornada de siembra produce una fotografía. Invertir en sistemas de medición, gobernanza y equipos de trabajo permite construir un socio capaz de rendir cuentas durante diez años.

Lo que está en juego

En Ereván se discutirán miles de millones. En Panamá, la pregunta es más concreta y urgente: cuando el dinero verde llegue con sus preguntas, ¿estarán nuestras organizaciones preparadas para responder?

La naturaleza panameña no necesita más admiradores. Necesita organizaciones capaces de rendir cuentas por ella.

La autora es consultora en filantropía y desarrollo institucional, y columnista sobre gobernanza y sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil.