Durante los últimos años hemos visto a Panamá convertirse en un hub de la región, un nodo privilegiado donde convergen múltiples cables submarinos de fibra óptica. Sin embargo, contar con esas autopistas de información no nos convierte automáticamente en una sociedad digitalmente avanzada. El espejismo consiste en confundir la infraestructura con la gobernanza. La conectividad física es solo la carretera. La gobernanza digital implica definir quiénes pueden transitar por ella, cómo se protegen sus derechos y qué prioridades orientan las decisiones del Estado.
Mientras otros países abordan la ciberseguridad, la privacidad y la regulación de la inteligencia artificial como asuntos prioritarios, Panamá todavía tiene camino por recorrer. La Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales es un paso valioso. Su aplicación debe formar parte de una política pública más amplia que reduzca la brecha digital y le permita al país decidir cómo gestiona y protege sus datos.
Las principales economías invierten en cables y servidores y debaten cómo proteger los datos, establecer reglas para la inteligencia artificial y mantener operativas sus redes ante una interrupción. En América Latina, esas discusiones también importan. De la seguridad de las redes dependen servicios públicos, transacciones comerciales y la protección de la información de los ciudadanos.
En Panamá, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) ha impulsado la digitalización de trámites, mientras que el CSIRT Panamá atiende incidentes de seguridad informática. Aun así, el debate nacional suele reducirse a cuánta cobertura hay y a qué velocidad navegamos. Esas cifras dicen poco sobre las dificultades que enfrentan los habitantes de zonas rurales y los adultos mayores para acceder a los servicios digitales y utilizarlos de forma segura.
El terremoto del 9 de octubre de 2026, que afectó a comunidades de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, plantea una pregunta concreta: ¿pueden las poblaciones apartadas comunicarse con los servicios de emergencia y recibir información oficial cuando más la necesitan? La respuesta debería orientar las inversiones en conectividad y la coordinación entre las autoridades y los operadores.
Superar el espejismo digital exige incorporar esas prioridades a las políticas públicas. Panamá debe ampliar el acceso a internet, incorporar la ciberseguridad a su estrategia de seguridad nacional y fortalecer la capacidad de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para vigilar el cumplimiento de la Ley 81. También debe enseñar a los usuarios a proteger sus datos y a reconocer los riesgos que enfrentan al usar servicios digitales.
El valor de la infraestructura se mide en lo que permite hacer. Una política digital con visión de Estado debe procurar que una persona pueda completar un trámite, pedir ayuda durante una emergencia y saber quién usa sus datos y con qué propósito. Esas son las pruebas de una sociedad conectada.
La autora es agresada de la Escuela de Gobernanza de Internet PANASIG de Internet Society Panama.
