Jassel tenía 10 años. Murió el 10 de septiembre en Pedasí, provincia de Los Santos. Fue un niño que no gozó de los cuidados de su madre y de su padre, responsables primarios de él como menor de edad. Vecinos y medios hablan de suicidio, aunque no hay confirmación oficial de la causa.

La Policía aprehendió a su abuela materna tras un allanamiento. Una jueza de garantías en Las Tablas admitió la imputación por maltrato agravado y ordenó su detención provisional. Es una medida cautelar, no una condena. La mujer goza de presunción de inocencia y la investigación sigue abierta. Los hermanos del niño quedaron bajo el cuidado de un familiar.

No es un caso aislado. Es el síntoma más doloroso de un sistema de protección que llega tarde.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Niñez y Adolescencia, con datos de 2022, contabilizó 475,498 menores de 18 años en esa condición: uno de cada tres, 34.0 %, frente al 32.8 % de 2018. Mide carencias en cinco dimensiones, incluida la protección. La pobreza no explica por sí sola un suicidio infantil. Sí multiplica los riesgos: hogares desbordados, adultos ausentes, escuelas sin capacidad de detección y servicios psicológicos escasos en el interior del país.

Los cuidados insuficientes son el meollo de este caso. Vecinos aseguran que conocían los maltratos y que los niños habrían pasado noches a la intemperie. Una moradora contó a un medio que el niño le dijo: “Yo tengo mamá y es como si no la tuviera”. Se indaga la responsabilidad de la madre por señalamientos previos de desprotección, mientras que el padre acumula 11 desacatos y una orden de aprehensión por pensión alimenticia impaga, según un medio digital. Cuando los padres fallan, la familia extendida debe ser una red de apoyo. Según la imputación fiscal, fue otra fuente de daño.

La Ley 285 de 2022 encarga a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) actuar ante niños en riesgo. Obliga a docentes y directores a denunciar esas situaciones. Las versiones chocan. La directora de la escuela sostiene que no existía denuncia formal previa y que la escuela no detectó señales. La abogada de la abuela paterna afirma que había un proceso abierto en la Senniaf y una denuncia ciudadana en una personería. La Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en la sede regional de Los Santos para determinar si hubo omisión.

Ambos escenarios describen una cadena rota: o nadie denunció de manera formal pese a que la comunidad sabía, o alguien recibió alertas y no actuó a tiempo. Un niño de 10 años no puede depender de que un vecino llame a una línea para ser protegido.

Esta muerte era evitable. Un niño que preguntaba por qué la vida es tan dura necesitaba a un adulto que lo escuchara. No lo encontró a tiempo. La justicia debe actuar por dos vías: la penal, contra quien resulte responsable del maltrato, y la disciplinaria y penal, contra todo funcionario que, teniendo el deber de actuar, no lo hizo. Si la Fiscalía comprueba omisiones, deben traducirse en sanciones, no en traslados.

La justicia llega después. La prevención exige medidas urgentes: auditar los expedientes abiertos de menores en riesgo; capacitar a la Senniaf en detección de riesgo suicida; instaurar un protocolo de denuncia obligatoria para docentes, directores, jueces de paz y personeros, con plazo de 24 horas y sanciones por incumplimiento; y llevar equipos de la Senniaf a las escuelas para escuchar a los estudiantes. También hacen falta tamizajes de riesgo suicida en las escuelas, con consentimiento familiar, profesionales capacitados y atención garantizada para quienes den positivo.

Urgen más gabinetes psicopedagógicos. En 2024 eran 159 y cubrían apenas el 17 % de las escuelas oficiales. Meduca proyecta llegar a 459 al final del quinquenio. La meta debe cumplirse y acelerarse. Es crucial, además, aumentar el presupuesto de salud mental infantil.

Un niño no puede depender de que un vecino llame a una línea para ser protegido. Aun así, mientras el sistema mejora, la línea confidencial de la Senniaf (6378-3466, disponible las 24 horas) puede marcar la diferencia entre una alerta y una tragedia. Si un niño o adolescente habla de querer morir, tómeselo en serio. Escúchelo. No lo deje solo. Busque ayuda profesional de inmediato.

La autora es educadora y expresidenta de la Junta Nacional de Escrutinio.