La culminación del periodo del magistrado Cecilio Cedalise no puede pasar inadvertida ni ser tratada como un simple relevo administrativo dentro del engranaje judicial. Su salida marca el cierre de una etapa que, lejos de fortalecer la confianza ciudadana en la justicia, deja un profundo sinsabor, tanto por el manejo de sus fallos como por decisiones ampliamente cuestionadas y la percepción generalizada de que la ley fue interpretada más por conveniencia que por principios jurídicos sólidos.
Uno de los casos más sensibles y emblemáticos de su gestión fue el relacionado con la Universidad Especializada de las Américas (Udelas). Lo que debió resolverse con estricto apego al derecho administrativo y al respeto de la autonomía universitaria terminó favoreciendo, de manera evidente, intereses políticos y autoridades vinculadas a prácticas de nepotismo y corrupción. El fallo no protegió a la institución ni a su comunidad académica, sino que consolidó un esquema de control que respondió más a favores políticos universitarios que a la legalidad. No se defendió la universidad; se defendieron posiciones.
Las consecuencias de esa decisión aún se sienten con fuerza. Hoy, Udelas vive un silencio institucional preocupante: administrativos que trabajan con miedo, sin estabilidad ni garantías claras; docentes limitados en su libertad académica; y estudiantes que se forman con falencias estructurales, en un entorno marcado por la improvisación y la falta de rumbo. La universidad corre el riesgo de reproducir errores ya observados en otras casas de estudio públicas, como la Unachi, donde la politización desplazó la excelencia académica. Lo más grave es que pocos parecen advertir lo que se gesta cuando no se separan los favores políticos de la verdadera justicia.
Pero este problema no puede analizarse de forma aislada ni atribuirse únicamente a una figura. La actuación del magistrado Cedalise es también reflejo de una crisis más profunda que atraviesa la Corte Suprema de Justicia. Una Corte que, en teoría, debe ser el máximo garante del orden constitucional, la legalidad y la equidad, hoy aparece opacada por el manejo político de sus decisiones, la dilatación injustificada de fallos y el silencio prolongado en casos de alto impacto nacional.
La mora judicial se ha convertido en una forma silenciosa de injusticia. Expedientes que duermen años en los despachos, decisiones que se posponen estratégicamente y sentencias que llegan cuando el daño ya es irreversible. Esta práctica no solo debilita el Estado de derecho, sino que envía un mensaje peligroso: que la justicia puede esperar, que los intereses con poder siempre tienen margen y que la ley no es igual para todos.
La politización de la justicia es otro de los grandes males que ha erosionado la credibilidad del sistema. Cuando los magistrados son percibidos como actores políticos y no como jueces imparciales, cada fallo pierde legitimidad. La ciudadanía ya no analiza los argumentos jurídicos, sino a quién beneficia la decisión. Ese es el punto más crítico: cuando la justicia deja de ser creíble, la democracia comienza a resquebrajarse.
El cierre de este periodo debe ser una oportunidad para la reflexión y, sobre todo, para el cambio. La nueva administración tiene una responsabilidad histórica impostergable: velar por el derecho y no por favores, por la Constitución y no por presiones, por la justicia pronta y efectiva y no por la dilación calculada.
El país necesita magistrados cuya lealtad sea exclusivamente con la ley y con la ciudadanía. Funcionarios conscientes de que cada fallo construye o destruye instituciones. El mensaje es claro y urgente: Panamá necesita una Corte Suprema fuerte, independiente y valiente. El fin del periodo del magistrado Cedalise debe ser más que un cierre; debe marcar el inicio de una transformación real que ponga fin al sinsabor y recupere la esencia de la justicia.
El autor es terapeuta ocupacional y docente.
