El debate sobre el futuro de la mina Donoso está estancado. Por un lado, están quienes piensan que los daños ambientales del proyecto son intolerables; por el otro, quienes creen que el costo de cerrarlo —y asumir el riesgo de un arbitraje internacional— es demasiado alto. Por su parte, el Gobierno asegura que su decisión respecto a la mina no será sujeta a debate en la Asamblea Nacional. Lo que hace falta son soluciones creativas y una visión más amplia.
La mina ya ha devastado 3,300 hectáreas de selva panameña, una cifra que podría llegar hasta 5,600 hectáreas en el futuro. Es legítimo verla como una tragedia ambiental, y no sorprende que la destrucción haya inspirado a miles de panameños a protestar en su contra. Pero el problema con las causas célebres es que muchas veces ignoran el contexto. Desde el año 2000, la provincia del Darién ha perdido 84,000 hectáreas de cobertura forestal. Se talan para actividades económicas de renta mucho menor (como la ganadería, el talado informal y la expansión agrícola), que rara vez generan ingresos para el Estado. Hay activistas que luchan por proteger el Darién, pero no han logrado posicionar su causa en la conciencia nacional. El Gobierno, por su parte, está investigando la escala de los daños causados por el paso de millones de migrantes por el Tapón del Darién en los últimos años.
El presidente Mulino cumplió con su promesa de cerrar el Tapón a los migrantes irregulares. Ahora tiene una oportunidad enorme para transformar una provincia olvidada.
Como extranjero, a veces me sorprende lo poco que Panamá ha aprendido de su vecino al oeste. En 1996, Costa Rica introdujo un sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), mediante el cual el gobierno paga a agricultores y grupos indígenas para cuidar los bosques y ríos, proteger la biodiversidad y reducir emisiones de dióxido de carbono. Hoy, el 60% de las áreas deforestadas han vuelto a cubrirse de árboles, y otro millón de hectáreas ha sido protegido. ¿El costo total del programa? $500 millones en 20 años, o $25 millones al año, financiados con un impuesto a la gasolina.
Imaginemos, por un minuto, que se reabre la mina (los abogados podrán decidir si First Quantum es la empresa adecuada para operarla). Los 30 mil empleados formales volverían a trabajar. Las exportaciones repuntarían. El país recuperaría su grado de inversión, lo que reduciría las tasas de interés para todos los panameños. Si el Gobierno destinara el 10% de los $375 millones de ingresos mínimos anuales a proyectos de conservación, reforestación y ecoturismo en Darién, ese monto sería casi el doble de los fondos del modelo costarricense.
Los panameños, con buen motivo, tendrían sus dudas. Otro de los motivos de las protestas de 2023 fue la creencia popular de que la plata de la mina se la roban los políticos. Por eso, los fondos tendrían que asignarse a un ente independiente, fuera del alcance de los partidos. Afortunadamente, ya existe un ejemplo nacional: el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), que ha operado los últimos 13 años con altos niveles de transparencia y capacidad de inversión a largo plazo.
Panamá puede crear un fondo independiente financiado por la mina. Llamémoslo “Fondo Verde del Darién”. La mayoría de sus $37 millones anuales de ingresos podría invertirse en proyectos de conservación, reforestación y, quizás, ecoturismo de bajo impacto ambiental y alta rentabilidad. Si el país no tiene suficiente talento humano con experiencia, podría contratar a técnicos costarricenses. Una porción podría depositarse en el FAP para garantizar la sostenibilidad intergeneracional del proyecto.
El Fondo Verde del Darién tendría múltiples ventajas. El regreso de la mina aliviaría la crisis económica. Los impactos ambientales podrían compensarse reforestando un área 20 veces mayor (o más) que la huella de la mina. Los habitantes del Darién, que perdieron una fuente de ingresos con el cierre de la ruta migratoria, podrían beneficiarse mediante pagos por servicios ambientales o actividades de ecoturismo. El Gobierno de Mulino ganaría reconocimiento internacional por convertir el “infierno verde” del Tapón del Darién en un proyecto de conservación de gran escala.
Una realidad es que la mina ya existe. Otra es que todo indica que el Gobierno planea reabrirla. Para garantizar que algo se salve de este fiasco, la sociedad civil debe insistir en el Fondo Verde del Darién.
El autor es periodista freelance y representa a The Economist en Panamá.
