La judicialización de los estudios de impacto ambiental (EIA) en Panamá representa una amenaza seria para el desarrollo económico y social del país. Algunos grupos, con intereses que a menudo carecen de sustento técnico o legal, han emprendido acciones judiciales para frenar proyectos vitales. Esto no solo afecta la confianza de los inversionistas, sino que también perjudica directamente a las comunidades y a la economía nacional.
Es inaceptable que se utilice la protección del medio ambiente como excusa para paralizar proyectos que cumplen con todos los requisitos legales y técnicos. Los estudios de impacto ambiental son elaborados por equipos de expertos interdisciplinarios, siguiendo estrictos estándares científicos y legales. A pesar de ello, ciertos grupos intentan deslegitimarlos basándose en argumentos carentes de rigor, generando una situación crítica que afecta el desarrollo del país y la calidad de vida de sus ciudadanos.
Un caso emblemático es el proyecto Puerto Barú, cuya aprobación del estudio de impacto ambiental tuvo que ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que la Corte rechazó la suspensión provisional y confirmó la vigencia de la resolución que aprobaba el estudio, el fallo tardó cuatro meses en emitirse. Este retraso generó incertidumbre entre los inversionistas y erosionó la credibilidad de Panamá como un destino confiable para inversiones. La paralización de este proyecto también significó la pérdida de oportunidades para generar empleos y dinamizar la economía local, afectando directamente a las comunidades que esperaban beneficiarse de su ejecución.
Otro ejemplo significativo es el proyecto Corredor del Caribe, que también fue objeto de demandas contra su estudio de impacto ambiental. Sin embargo, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio de Ambiente ratificaron su viabilidad, permitiendo su continuación. Estos ataques judiciales no solo retrasan el progreso, sino que también incrementan los costos de los proyectos y desincentivan futuras inversiones, enviando un mensaje negativo a la comunidad internacional sobre la estabilidad y seriedad del país en cuanto a su política de inversiones.
El 2024 ya nos da la razón con relación al proyecto minero de Cobre Panamá, el cual también refleja los efectos negativos de la judicialización de los criterios técnicos ambientales por los cuales fue aprobado y que estuvo cumpliendo durante toda su etapa de construcción y operación hasta noviembre de 2023. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el contrato del proyecto justificando que el estudio de impacto ambiental era “viejo” no es justificable, ya que los estudios de impacto ambiental no caducan si se mantienen vigentes con sus respectivos informes de cumplimiento y auditorías ambientales. Dicho fallo resultó en la pérdida de más de 50,000 empleos formales hasta la fecha, afectando gravemente a las comunidades circundantes y a 24 sectores de la economía de Panamá, tales como el agro, el turismo, la logística y el marítimo, entre otros. Por supuesto, esto impacta negativamente en el desarrollo de todo el país. Además, al quedar sin personal ni monitoreos en la zona minera, se incrementaron los riesgos ambientales por la falta de un plan de preservación y gestión segura, presentado por la empresa desde enero de 2024. Este caso ilustra el peligroso precedente de que estudios de impacto ambiental aprobados y realizados con todas las garantías puedan ser invalidados por razones especulativas o intereses particulares, sin considerar el enorme costo que esto implica para la economía y el bienestar social.
La paralización de proyectos con estudios de impacto ambiental aprobados genera daños irreparables. La incertidumbre legal ahuyenta capitales extranjeros y nacionales, destruyendo las bases para el crecimiento económico sostenible. Miles de familias pierden sus ingresos debido a la suspensión de proyectos que prometían estabilidad laboral, y las comunidades que dependían de estos proyectos enfrentan crisis económicas y sociales. Además, la falta de monitoreos y planes de preservación en zonas paralizadas incrementa los daños ambientales que se buscaba mitigar, agravando los problemas que supuestamente se querían evitar.
El desarrollo sostenible no es incompatible con el crecimiento económico, pero requiere un equilibrio entre la pasión y la ciencia. No podemos permitir que grupos sin sustento técnico, científico y legal sigan utilizando el medio ambiente como una excusa para frenar el progreso del país. Las decisiones deben basarse en hechos y criterios científicos, no en caprichos o intereses particulares que perjudican a toda la sociedad. Es fundamental respetar los procesos técnicos y legales que respaldan los estudios de impacto ambiental, garantizando que el progreso se logre de manera responsable y sostenible.
Panamá no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades por decisiones que afectan a toda la nación. Es hora de priorizar el desarrollo responsable, de fomentar la inversión y de frenar los abusos que paralizan proyectos esenciales para el crecimiento del país. Solo así lograremos construir un futuro donde la protección del medio ambiente y el bienestar económico vayan de la mano, en beneficio de todos los panameños.
El autor es especialista en gestión y planificación ambiental y preside la Cámara Minera de Panamá.
