A más de 15 días del inicio de reclamaciones justas y necesarias para la mayoría de los panameños, lamentablemente no se ve el interés de parte de las autoridades a las cuales se les eligió para administrar y dar las respuestas que el pueblo exige ante la difícil situación que se vive en la actualidad.
¿Qué se pide? Regulación efectiva del alto costo del combustible; regulación de los precios de la canasta básica de alimentos, y control y legislación sobre el astronómico costo de las medicinas. Además, se lucha por el 6% del PIB para educación.
¿Qué respuesta dan los gobernantes? Se ajustan a un precio de $3.25 por galón, a sabiendas de que el precio internacional de los combustibles viene bajando y que en poco tiempo la baja internacional rebasará la migaja que los administradores del estado ofrecen. Incluyen la regulación de 10 productos de la canasta básica alimentaria que no satisfacen lo esperado por el pueblo. Sobre medicinas no han dicho nada, ya tenían un MedicSol que tampoco satisface los requerimientos. El artículo 266 de la ley orgánica de educación de 1946 indica que del presupuesto del Estado se tiene que invertir el 6% en educación, pero no se llega ni al 4%. Sobre esto no dicen nada las autoridades.
Nuestros gobernantes deben dejar de jugar con las necesidades del pueblo, mejorar los precios y productos regulados de alimentos. Sí es posible, justo y necesario regular y legislar sobre las medicinas, y cumplir con lo que los verdaderos padres de la patria visionaron para la educación en 1946.
¿Y podrán? Lo del combustible solo se va a regular con las bajas internacionales que vienen en camino, pero tienen que regular interinamente. Lo de alimentos y medicinas es una obligación acabar con el abuso de los comerciantes inescrupulosos. ¿Querían gobernar, administrar el país? Bueno, se les dio el voto, resuelvan; tantos asesores carísimos para qué. El 6% es una obligación legal. Cumplan, sean responsables.
Algo de lo que no se ha hablado y es tan necesario como el pan nuestro de cada día, es la actual Constitución, de 1972, la que indica que no habrá fueros ni privilegios y vemos autoridades llenas de escolta, mientras el ciudadano se la juega contra la inseguridad. Autoridades que ganan los mejores salarios y para ellos hay choferes, combustible, telefonía, comida, hospedaje, viáticos, etc. ¿Y el pueblo? Rífesela, haga lo que pueda; adquiera salchichas y tunas de las baratas, carentes de los necesarios nutrientes.
Leer hoy que el actual presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea se reeligió por cuarta vez creo que ya debe ser el rebosamiento del vaso, después de lo que vimos el 1 de julio, cómo brindan con las mejores comidas y bebidas, cómo chistan y disfrutan mientras el pueblo, a duras penas, lucha por ir adelante, es sufrible; es como para pensar que esto está perdido.
Solución a la vista: que se incluya en las negociaciones entre gremios, asociaciones y pueblo unido en general la exigencia de una nueva Constitución, porque estos, igual que los anteriores y futuros gobernantes, intentarán hacer pequeños cambios y seguir gozando de las mieles del poder. Los de arriba no querrán cambios, porque ese cambio puede representar perder tantas ventajas. Pueblo en las calles y dirigentes negociadores, a incluir la nueva Constitución como algo determinante, porque como hemos visto, el Ejecutivo y el Legislativo se quitarán pequeñas prebendas y se aferrarán a las actuales leyes que ellos han acomodado a su conveniencia.
El autor es educador.
