Pareciera que todos los grupos intransigentes y sus líderes radicales se hubieran puesto de acuerdo para perturbar la escasa paz social que aún queda en las principales ciudades del mundo, sin importarles los daños colaterales —económicos, sociales, educativos— que afectan a sus propios vecinos o familiares. Las consignas tienen un denominador común: utilizar falsedades o medias verdades para desacreditar todo lo que se opone a sus objetivos ideológicos o políticos, bajo la consigna de “el que no está conmigo, está contra mí”.
El momento es ventajoso, ya que la gran mayoría de los países ha agotado su capacidad para responder a tantas necesidades ciudadanas. Ya no pueden incrementar más la carga impositiva para cumplir con las crecientes demandas sociales o con los supuestos derechos adquiridos. Las grandes potencias excusan sus propias limitaciones fiscales y sus fallas en el control del lavado de dinero culpando, mediante organizaciones internas, a terceros países que colocan en listas grises o negras como “paraísos fiscales”; pero esos mismos países también sirven de refugio a sus propios funcionarios y empresarios. Otros gobiernos han retomado extintas barreras arancelarias, violando acuerdos de libre comercio que en otro tiempo ellos mismos impulsaron. Y también se ha retrocedido a políticas de posguerra, cerrando fronteras en contradicción con la tan celebrada caída del Muro de Berlín.
Estamos globalmente ante un peligroso cóctel de intimidaciones y agresiones —ideológicas, comerciales, fiscales o migratorias— que, en muchos casos, pone en riesgo a las democracias, la libre empresa y la soberanía de las naciones.
En medio de esta vorágine de amenazas y pugnas se encuentra la República de Panamá, uno de los países más pequeños, pero geopolíticamente más importantes del planeta. Nuestra estratégica posición geográfica, incluso antes de que se considerara redondo el mundo, ya era aprovechada por grandes imperios como el maya, azteca e inca como puente para transportar mercancías de un océano a otro o para trasladar ejércitos del norte al sur. Luego lo haría el imperio español tras el descubrimiento del Istmo por Cristóbal Colón y por Vasco Núñez de Balboa, descubridor del mar del Sur. En 1527, el gobernador Pedro Ríos construyó el Camino Real de Cruces, que permitió el primer transbordo terrestre hacia Europa de la riqueza en oro y plata extraída del Nuevo Mundo.
Superada la independencia de España en 1821, el Istmo optó por unirse voluntariamente al sueño del general Bolívar, quien junto a Venezuela, Colombia y Ecuador formaba la República de la Gran Colombia, con su capital en Santafé de Bogotá. Tras la muerte del Libertador en 1830, sin haberse consolidado dicha unión, el Istmo quedó bajo la Confederación Granadina. Durante la fiebre del oro de California, en 1855, el empresario William Aspinwall negoció con Colombia la construcción del primer ferrocarril transoceánico del mundo, que conectaba las costas este y oeste de Estados Unidos por vía del Istmo.
En 1880, los franceses —liderados por Ferdinand de Lesseps— fracasaron en la construcción de un canal interoceánico. No fue hasta 1903, tras la quiebra de la Compañía Francesa del Canal, que Philippe Bunau-Varilla, uno de sus últimos funcionarios, negoció el tratado Hay–Bunau-Varilla a espaldas de los representantes panameños, bajo la promesa del secretario de Estado John Hay de apoyar la independencia de Panamá. Pasaron 74 años hasta que el presidente Jimmy Carter y el general Torrijos firmaron el acuerdo que devolvería a los panameños, a partir de enero del año 2000, la plena soberanía sobre la franja canalera y la operación del Canal.
Aunque el tratado Hay–Bunau-Varilla fue negociado en secreto y sin la presencia de autoridades panameñas, fue respetado por ambas partes durante sus 97 años de vigencia. En cambio, el tratado Torrijos–Carter fue producto de una larga negociación, durante cuatro administraciones estadounidenses (dos demócratas: Johnson y Carter, y dos republicanas: Nixon y Ford). Días antes de su ratificación, el Senado estadounidense incluyó un anexo conocido como el “Tratado de Neutralidad”, de vigencia perpetua.
Cumplidos ya 25 años de una exitosa administración, operación y ampliación del Canal por parte de Panamá, fuimos sorprendidos por el presidente de los Estados Unidos, quien en su primer discurso ante el Congreso (“State of the Union”) lanzó un ultimátum contra su más fiel aliado del continente, amenazando con recuperar por la fuerza militar la vía interoceánica y quebrantando así el propio Tratado de Neutralidad. Lo más alarmante fue que dicha amenaza recibió la ovación mayoritaria del Congreso.
A temprana edad viví la incertidumbre que dejó la Segunda Guerra Mundial, cuando el fanatismo, el fascismo y el nazismo desataron la más cruel confrontación sin importar la pérdida de millones de vidas, violando derechos humanos, libertades civiles y la soberanía de los Estados. Tras esa tragedia, un grupo de juristas internacionales, con el apoyo de Eleanor Roosevelt, elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentada ante la Asamblea fundacional de las Naciones Unidas por el abogado panameño Ricardo J. Alfaro, mi pariente y delegado de Panamá.
Ese organismo, la ONU, devolvió la esperanza al mundo con la promesa de resolver las diferencias por vía multilateral. Sin embargo, apenas 80 años después, pareciera que estamos regresando peligrosamente a los mismos fanatismos y unilateralismos que creíamos superados. Nadie confía ni siquiera en su aliado más cercano. Tristemente, el mundo va en reversa.
Epílogo político
La legitimidad de nuestro presidente está claramente establecida en la Constitución y en el Código Electoral: en Panamá gana quien obtiene más votos en una sola vuelta, punto. Se puede opinar si el porcentaje fue bajo, si influyeron factores como el respaldo del gobierno saliente, el apoyo de un partido grande, el financiamiento o la fragmentación del voto. Pero afirmar que el presidente Mulino ganó “solo con el 30% o 40%” no lo hace menos legítimo, ni más presidente.
Tampoco lo deslegitima una encuesta de baja popularidad en sus primeros meses. Para mí, si su popularidad cae al inicio de su mandato, puede ser señal de que está poniendo orden y enfrentando la corrupción heredada.
Honestamente, ahora sí que estoy confundido. Mi padre solía decir: “Si un problema comercial no tiene solución, es mejor asumir la pérdida y no seguir invirtiendo tiempo y dinero”. Otro empresario me aconsejó: “Si tu única salida es vender con pérdida, vende, arrepiéntete después... pero vende”.
El autor es exministro y exembajador en Washington.
