El Estado de bienestar y la doctrina social no surgieron como meras concesiones retóricas o estrategias electorales de corto plazo. Por el contrario, representaron el mayor consenso sociopolítico del siglo XX: un pacto histórico entre el capital, el trabajo y las instituciones públicas para garantizar la paz social y la estabilidad democrática.
Sin embargo, en las últimas décadas, el panorama político global ha sido testigo de un fenómeno alarmante. Los partidos políticos tradicionales han experimentado una progresiva desconexión de estos principios fundacionales.
Al priorizar las lógicas del mercado globalizado, la tecnocracia y el pragmatismo electoral, estas organizaciones han dejado de lado su vocación social, transformándose en meros gestores de la coyuntura. Este alejamiento no solo desnaturaliza la identidad de las propias fuerzas políticas, sino que fractura el tejido social, debilita la confianza institucional y abre las puertas a derivas autoritarias o populistas que ponen en jaque el futuro de la democracia representativa.
Para comprender la magnitud de esta crisis, es indispensable analizar qué significaba originalmente el compromiso con el Estado de bienestar. Concebido bajo las premisas de la justicia distributiva y la solidaridad, este modelo otorgaba a los partidos políticos la misión de estructurar políticas públicas capaces de universalizar los derechos sociales: la salud, la educación, la seguridad social y la protección ante el desempleo.
La doctrina social, a su vez, aportaba un marco ético irrenunciable, centrado en la preeminencia del bien común, la centralidad de la persona humana y el principio de subsidiariedad, entendida como apoyo y no como omisión del Estado. Cuando un partido político asumía estos ideales, su función principal era actuar como un puente legítimo entre las demandas de las clases trabajadoras y medias y los recursos de la nación.
No obstante, el advenimiento de otras ideas y la hegemonía del pensamiento neoliberal a finales del siglo pasado introdujeron una narrativa distinta, en la que la eficiencia económica se colocó por encima de la justicia social y la desregulación pasó a ser el estándar de modernización. Este proceso de alejamiento de sus idearios fundacionales significó una mutación ideológica que la ciencia política ha denominado la transición hacia partidos “atrapa-todo”.
En su afán por resultar atractivos a los mercados financieros y a un electorado cada vez más fragmentado, los partidos tradicionales comenzaron a vaciar de contenido social sus plataformas programáticas. De este modo, la política económica pública se desideologizó, quedando subordinada a dictámenes de organismos multilaterales y agencias de calificación, lo que dejó a los ciudadanos con la persistente sensación de que, independientemente de a quién eligieran en las urnas, las directrices macroeconómicas seguían siendo exactamente las mismas.
Este desmontaje progresivo del Estado de bienestar provocó un incremento exponencial de la desigualdad y la precarización de la vida cotidiana. Servicios públicos esenciales que antes eran sinónimo de movilidad social y orgullo nacional, como los sistemas sanitarios y educativos, hoy sufren un deterioro crónico debido a la falta de inversión y a las lógicas de subcontratación privada. Los ajustes de salarios mínimos, el empleo formal y la estabilidad de los precios de la canasta básica familiar pasaron a segundo plano. Y las pensiones dignas se perciben hoy como una utopía para las nuevas generaciones, atrapadas en mercados laborales caracterizados por la temporalidad, el subempleo y la informalidad.
Al desentenderse de la doctrina social, los partidos permitieron que la vulnerabilidad dejara de ser un riesgo colectivo gestionado por el Estado para convertirse en un fracaso individual del ciudadano. Este cambio de paradigma despoja al individuo de su condición de sujeto de derechos y lo reduce a un consumidor en el mercado del bienestar, ensanchando la brecha entre quienes pueden pagar servicios de calidad y quienes quedan marginados en un sistema público desbordado.
En el plano estrictamente político, el alejamiento de los ideales sociales generó una profunda crisis de representatividad que erosionó los cimientos de la democracia. Los partidos políticos, que históricamente funcionaban como canales de mediación y agregación de intereses ciudadanos, pasaron a ser percibidos por la población como corporaciones cerradas y desconectadas de la realidad material de las personas.
Cuando la ciudadanía constata que las promesas de equidad y protección social se desvanecen al día siguiente de las elecciones, sobrevienen la apatía, el cinismo político y el desplome de la participación electoral. Las clases populares y medias, que antes encontraban en los partidos de masas un escudo institucional y una voz en el parlamento, se sienten huérfanas de representación.
Esta desconexión es el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de outsiders, demagogos y opciones extremistas. Los movimientos populistas, tanto de extremos ideológicos como de tintes identitarios, capitalizan con éxito este resentimiento legítimo, ofreciendo soluciones simplistas frente a problemas complejos y señalando a la “élite política tradicional” como un monolito corrupto e inoperante que traicionó los pactos sociales fundacionales.
La viabilidad futura de las organizaciones políticas tradicionales no dependerá de la apelación nostálgica a sus figuras fundacionales ni de la resistencia de sus desgastadas redes clientelares de intermediación. Su permanencia en el tablero democrático estará condicionada por su voluntad real de democratizar radicalmente sus procesos internos, adoptar estándares estrictos de transparencia financiera y programática, sintonizar genuinamente con las necesidades socioeconómicas de un Panamá mayoritariamente joven que aspira a que se solucionen sus problemas y captar talento humano con liderazgos más frescos y renovados; pero, sobre todo, por ser consecuentes y coherentes con sus principios y con el querer colectivo de las mayorías.
Frente a este escenario de fragmentación, la recuperación de la doctrina social y de los pilares del Estado de bienestar no debe ser interpretada como un ejercicio de nostalgia histórica, sino como un imperativo democrático de supervivencia. Los partidos políticos necesitan comprender que la cohesión social es la condición previa para cualquier crecimiento económico sostenible y duradero.
Reorientar el rumbo exige una profunda autocrítica y la valentía política para rediseñar un nuevo contrato social adaptado a las realidades del siglo XXI, marcadas por la digitalización, el cambio climático y las transformaciones demográficas. Esto implica transitar de la mera gestión tecnocrática a la pedagogía política, reivindicando la centralidad de los derechos universales y la redistribución justa de la riqueza mediante sistemas fiscales verdaderamente progresivos.
Solo mediante la restitución de una red de seguridad social sólida, que erradique la incertidumbre del porvenir y devuelva la certidumbre económica a las familias, se podrá restaurar la confianza rota entre representados y representantes.
El alejamiento de los partidos políticos de los ideales del Estado de bienestar y de la doctrina social constituye una de las mayores abdicaciones éticas e institucionales de la historia política reciente. Al subordinar la protección colectiva y el bien común a las exigencias de la rentabilidad inmediata y la ortodoxia de mercado, los partidos no solo licuaron su propia identidad y legitimidad histórica, sino que desampararon a las sociedades que juraron defender.
Las secuelas de esta decisión están a la vista de todos: polarización asfixiante, desafección ciudadana, desmantelamiento de la clase media y el florecimiento de discursos que amenazan las libertades civiles.
La viabilidad del sistema democrático en el futuro dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas para abandonar el cortoplacismo electoral y volver a abrazar, con convicción y coherencia, los principios éticos de la solidaridad, la equidad y la dignidad humana.
En última instancia, la política solo recuperará su sentido primigenio cuando vuelva a ser la herramienta arquitectónica destinada a garantizar que nadie quede desamparado ante las inclemencias de la historia, porque el Estado de bienestar siempre deberá ser primero y estar por encima de cualquier modelo o política económica coyuntural.
El autor es exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral y miembro del Partido Panameñista.
