Panamá ha invertido millones de dólares en estudios, diagnósticos y planes urbanos elaborados por equipos de alto nivel, nacionales e internacionales. Todos ellos señalan con claridad las rutas que deben seguirse para lograr una ciudad más ordenada, equitativa y sostenible. Sin embargo, las autoridades municipales parecen empeñadas en ignorar ese conocimiento técnico y legal, optando por medidas improvisadas que ponen en riesgo el futuro del área metropolitana.
La Dirección de Planificación Urbana (DPU) de la Alcaldía de Panamá ha presentado un borrador que busca permitir incrementos de edificabilidad —más pisos, más unidades y más densidad por lote— a cambio de un pago económico a la Alcaldía. Lo llaman “compensación urbana por incremento de edificabilidad”, pero en la práctica sería una autorización para construir por encima de lo permitido en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) vigentes, incluso hasta un 50% más.
Esa figura no existe en la legislación panameña. La Ley 6 de 2006, que regula el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, es clara: los planes de ordenamiento tienen fuerza normativa y carácter vinculante. Según sus artículos 5, 6, 19 y 23, cualquier cambio en sus parámetros —densidad, altura o uso del suelo— solo puede hacerse mediante la adopción de un nuevo plan, no por resoluciones internas ni mediante pagos compensatorios.
Por tanto, lo que propone la DPU no solo carece de fundamento técnico, sino también de base legal. Pretender modificar la norma urbanística mediante un esquema financiero vulnera el principio de jerarquía normativa y el espíritu mismo de la Ley 6 de 2006, creada precisamente para evitar la discrecionalidad en el desarrollo urbano.
Además, el propio Plan Panamá Metropolitana: Sostenible, Humana y Global MUPA–BID (2015) advierte la existencia de áreas con densidades “intolerables” y una infraestructura insuficiente para sostenerlas. Ese plan, que costó 1.5 millones de dólares y fue elaborado con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrece una hoja de ruta para una ciudad más equilibrada y habitable. Sin embargo, permanece ignorado, mientras se impulsan medidas que van en sentido opuesto.
La planificación no puede ser selectiva. Si verdaderamente se quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el Municipio debe actuar en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), entidad rectora del ordenamiento a escala metropolitana. El territorio no termina en los límites del distrito capital. La ciudad que habitamos forma parte de un sistema urbano más amplio, y su desarrollo debe coordinarse bajo una visión metropolitana que contemple movilidad, vivienda, espacio público, comercio, industrias e infraestructura.
El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, elaborado por firmas de reconocido prestigio internacional y actualizado hace pocos años con un horizonte hasta 2035, ya propone ese cambio estructural: pasar de una ciudad monocéntrica, congestionada y desigual, a una ciudad policéntrica, con nuevos polos residenciales, nodos de empleo, reubicación de industrias y un reparto más equitativo de los servicios. Ignorar esas directrices y seguir densificando el mismo espacio reducido del distrito de Panamá es actuar como si fuéramos una “república” dentro de la ciudad metropolitana.
El desarrollo urbano no se mide por la cantidad de torres, sino por la calidad del entorno en que vivimos y que dejamos a las próximas generaciones. Los planes existen, las leyes también. Falta voluntad política para cumplirlos.
No se trata de inventar mecanismos que vendan la norma urbanística al mejor postor, sino de aplicar con responsabilidad los instrumentos de planificación que ya tenemos. El ordenamiento territorial es una política pública, no un negocio.
Panamá necesita autoridades que comprendan que la ciudad no es una mercancía, sino un proyecto colectivo. Cumplir los planes y las leyes no es un obstáculo para el progreso: es la única forma de garantizarlo.
La autora es arquitecta.
