Tras un viaje reciente a Estocolmo, tuve la oportunidad de observar directamente los logros de una sociedad moderna ejemplar: altamente equitativa y productiva, profundamente comprometida con la democracia y la libertad individual. Esta experiencia me llevó, inevitablemente, a reflexionar sobre nuestro país y las posibles bases de una nueva visión nacional. La comparación, aunque desigual, es reveladora.
En el contexto actual de reforma del sistema de pensiones en Panamá, los defensores de la Ley 462 sostienen que esta se inspira en el modelo sueco, específicamente en las llamadas cuentas nocionales. Este sistema, que simula la capitalización individual sin que existan fondos reales personales invertidos, se presenta como una alternativa sostenible para enfrentar el envejecimiento poblacional y aliviar las presiones sobre la Caja de Seguro Social. No obstante, esta propuesta ignora que en Suecia las cuentas nocionales son solo una pieza de un sistema mucho más amplio, respaldado por condiciones institucionales, fiscales, sociales y económicas que Panamá aún aspira a alcanzar.
El sistema sueco de bienestar no surgió de una sola política, sino del desarrollo histórico de un sólido pacto social. Desde el Acuerdo de Saltsjöbaden, en 1938, sindicatos, empresarios y el Estado consolidaron una cultura de negociación tripartita, que permitió garantizar derechos sociales universales como pensiones, salud, educación y licencias parentales. Todo esto se financia con una de las cargas fiscales más altas del mundo —más del 42% del PIB—, ampliamente aceptada por una población que confía en sus instituciones y exige transparencia y rendición de cuentas.
Un ejemplo emblemático de esta cultura de integridad pública es el “Escándalo Toblerone” de 1995, que llevó a la renuncia de Mona Sahlin, entonces viceprimera ministra y aspirante a jefa de gobierno. El motivo: utilizar su tarjeta oficial para gastos personales como chocolates, pañales y guardería, por un monto de apenas $5,000. Aunque devolvió el dinero y no enfrentó cargos penales, su credibilidad quedó destruida. La reacción ciudadana fue contundente: dos tercios de los suecos consideraron que no debía ocupar cargos públicos. Este episodio ilustra cómo incluso faltas menores generan consecuencias severas en un entorno donde el servicio público es sagrado.
Panamá, en cambio, carece de ese tipo de institucionalidad y cultura cívica. Su carga fiscal, de apenas 14.7% del PIB, limita gravemente la posibilidad de financiar un sistema universal digno. La informalidad laboral, la evasión fiscal y un modelo tributario regresivo erosionan aún más la base contributiva. Además, no existe una tradición sólida de diálogo entre los actores sociales, ni una administración pública con la capacidad técnica y la legitimidad necesarias para aplicar un sistema nocional eficaz.
Tampoco se pueden ignorar las diferencias estructurales en el capital humano. El éxito sueco se sostiene en un sistema educativo gratuito, inclusivo y de alta calidad, que garantiza cobertura preescolar casi total y acceso a universidades de prestigio internacional. Esta inversión en conocimiento ha permitido el desarrollo de una economía diversificada y altamente productiva, con empresas líderes en tecnología, industria y diseño. Por el contrario, Panamá presenta graves deficiencias en calidad y cobertura educativa, reflejadas en bajos resultados en pruebas internacionales como PISA, y una dependencia económica de sectores vulnerables.
Adoptar un modelo nocional sin corregir estas asimetrías no solo sería ineficaz, sino que podría profundizar las desigualdades. Las mujeres, los trabajadores informales y quienes tienen trayectorias laborales irregulares probablemente recibirán pensiones mínimas, sin red de protección adicional. Sin un esfuerzo fiscal y político que garantice mecanismos solidarios y subsidios progresivos, el sistema nocional podría convertirse en una máquina de reproducción de la pobreza en la vejez.
La lección sueca va más allá de una fórmula contable. Su fortaleza reside en una arquitectura institucional sólida, un compromiso intergeneracional y una ética pública compartida. Pretender importar el modelo sueco sin replicar su base estructural es construir sobre arena. En lugar de importar soluciones simplificadas, Panamá debe apostar por una reforma profunda que fortalezca su institucionalidad, aumente su capacidad fiscal, formalice el empleo y promueva un auténtico diálogo social. El modelo sueco no se resume en las cuentas nocionales: es el reflejo de un pacto social amplio y duradero, sin el cual lo demás es solo aritmética sin alma.
El autor es médico salubrista.
