Transcurridos 48 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, solamente se han adherido 40 países. El último fue Francia en 1999 (antes lo había hecho Italia en 1995). Ante el viaje reciente del presidente José Raúl Mulino a Brasil, su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, mostró interés en que el gigante suramericano inicie el proceso interno que concluya con su adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad. Mientras tanto, autoridades de Japón, tras la posterior visita de Mulino a ese país, dijeron que estudiarían hacer lo mismo, aunque sin confirmar el inicio de un proceso de adhesión como tal.
Dentro del contexto positivo que ha representado la firma, ratificación y entrada en vigencia del Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá (Tratado de Neutralidad), este otorga a Estados Unidos ventajas frente al resto de los países. Estas ventajas serían:
El paso expedito de naves de guerra y auxiliares.
Ser el único país garante del Tratado de Neutralidad, en detrimento de un equilibrio de fuerzas internacionales que defiendan el Canal de Panamá.
La reserva DeConcini, que le permite a Estados Unidos actuar unilateralmente para ocupar todo el territorio nacional, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales, incluyendo el uso de la fuerza militar cuando el canal se encuentre cerrado o su funcionamiento interferido.
El Entendimiento N.º 2, que le permite a Estados Unidos tomar acción unilateral para defender el Canal de Panamá contra cualquier amenaza.
Incluir en este Tratado de Neutralidad temas de funcionamiento, peajes, tarifas, servicios de tránsito y conexos, que le dan a Estados Unidos injerencia en asuntos que competen únicamente a Panamá, como Estado territorial y dueño del canal.
En adición a todas estas ventajas, el Tratado de Neutralidad es de carácter perpetuo.
Frente a esta disyuntiva, la presente administración estadounidense pretende adicionar a su favor lo que denominan el “First and Free”, o el paso gratuito para sus naves de guerra y auxiliares. Pero este requerimiento no solo violaría el Tratado de Neutralidad, que actualmente permite este paso gratuito únicamente a las naves de Colombia, según lo establecido en el Tratado de Montería. También violaría la Constitución Política, pues cualquier cambio debería someterse al procedimiento establecido en el artículo 325, que incluye la realización de un referéndum nacional. Además, trastocaría la normativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Debe quedar claro que la posibilidad o impedimento de establecer un paso gratuito no corresponde a la ACP, sino a la diplomacia panameña. En el gobierno hay temor de que la negativa al paso gratuito genere sanciones económicas, arancelarias, migratorias, bancarias, comerciales, o incluso militares. Dependemos tanto del coloso del norte que la reciprocidad internacional ha quedado sometida a la cesión de concesiones de todo tipo. Pero es necesario establecer un límite. Llegó el momento de aceptar firmemente que la neutralidad del Canal de Panamá debe imponerse sobre la concesión del paso gratuito, que además es ilegal, así como rechazar la idea de un exótico “costo neutral”, que compensaría el pago de las naves de guerra y auxiliares de Estados Unidos.
La neutralidad permanente o neutralización es el deber jurídico de no participar en ningún conflicto bélico ni dar apoyo a los beligerantes en una lucha armada. Caer, por consiguiente, en la concesión adicional del paso gratuito sería abrir otra ventana que podría demostrarle al mundo —sobre todo a los países adheridos al protocolo del Tratado de Neutralidad depositado en la Organización de Estados Americanos (OEA)— que Panamá está otorgando más ventajas a Estados Unidos. Esto seguiría debilitando el concepto de una verdadera neutralización del Canal de Panamá y, además, implicaría que el Tratado de Neutralidad se convierta en un problema en lugar de un escudo protector; y lo que es peor: a perpetuidad.
El autor es abogado.
