En el debate sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente Originaria en Panamá surge una pregunta jurídica fundamental: ¿pueden los órganos constituidos convocarla al margen de los procedimientos establecidos en la Constitución vigente?
Algunos constitucionalistas sostienen que el poder constituyente originario pertenece al pueblo, es anterior y superior a la Constitución y, por ende, no necesita autorización de esta para manifestarse. Aunque reconozco el valor de esa doctrina, esta deja sin responder una cuestión esencial: ¿de dónde obtienen las autoridades constituidas la competencia jurídica para convocar y organizar oficialmente ese proceso? No debemos confundir la titularidad de la soberanía con la competencia de quienes pretenden actuar en su nombre.
Soberanía popular frente a competencia jurídica
La doctrina distingue entre el poder constituyente originario, que funda un nuevo orden, y los poderes constituidos, que son limitados y reciben sus atribuciones de la Constitución. El presidente de la República, la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral no poseen facultades ilimitadas por el mero hecho de representar políticamente al pueblo. Como dispone el artículo 2 de nuestra Carta Magna, el poder público emana del pueblo, pero se ejerce únicamente conforme a lo establecido en la propia Constitución.
Una cosa es afirmar que el pueblo puede producir una ruptura constituyente y otra muy distinta sostener que las autoridades tienen competencia para organizarla prescindiendo de las reglas vigentes. Quienes argumentan que los órganos del Estado pueden simplemente «facilitar» la voluntad popular deben aclarar qué significa ese término. Promover debates ciudadanos entra dentro de sus funciones ordinarias; pero convocar a elecciones, fijar reglas y disponer de recursos públicos constituye el ejercicio de potestades que exigen un fundamento legal expreso. La competencia no nace de la conveniencia política ni de cambiarle el nombre a una actuación.
El artículo 314 y el límite al poder absoluto
A diferencia de otros países que solo permiten reformas parciales, el artículo 314 de nuestra Constitución contempla expresamente la vía para adoptar una nueva Carta Magna mediante una Asamblea Constituyente Paralela (por iniciativa del Ejecutivo y del Legislativo, de dos tercios de la Asamblea o del 20 % del Registro Electoral). Mientras esa norma esté vigente, obliga a todas las autoridades. La controversia no radica en si la Constitución puede sustituirse, sino en si los gobernantes pueden inventar un procedimiento distinto sin reformar previamente la ley fundamental.
Esto nos lleva a un riesgo grave: la personalización del poder constituyente. Ocurre cuando un gobernante o grupo político pretende identificarse con el pueblo soberano para atribuirse facultades extraordinarias sin observar los procedimientos establecidos. En el constitucionalismo moderno, todo poder absoluto resulta inaceptable, aun cuando se pretenda ejercer en nombre del pueblo. La representación política no equivale a la titularidad del poder constituyente, y ninguna autoridad puede transformar su mandato ordinario en un poder ilimitado por el simple hecho de invocar la voluntad popular.
La pregunta que debe responderse
Cuando se propone una convocatoria oficial, el problema deja de ser teórico y exige identificar a la autoridad convocante, la norma que la faculta y las garantías del proceso. Si se busca utilizar un mecanismo distinto al del artículo 314, debe explicarse su base jurídica o reconocerse con transparencia que se plantea una ruptura con el orden constitucional vigente.
El reconocimiento doctrinal del poder originario no convierte a los gobernantes en titulares de competencias ilimitadas. Frente a quienes sostienen que las autoridades pueden convocar a una constituyente originaria para facilitar la voluntad ciudadana, la pregunta sigue siendo indispensable: ¿cuál es la norma que les atribuye esa competencia?
Mientras esa interrogante permanezca sin respuesta, no se habrá demostrado la constitucionalidad de una convocatoria distinta a la prevista en nuestra Carta Magna; porque la soberanía pertenece al pueblo, pero las competencias de los gobernantes pertenecen exclusivamente al orden constitucional que los autoriza a ejercerlas.
El autor es abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.



