Me alegró conocer los resultados de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. El avance demócrata abre la posibilidad de limitar el poder de Donald Trump. Hay, además, razones concretas para celebrar: mujeres indígenas y negras alcanzaron cargos desde los que podrán transformar la vida de sus comunidades. Esa alegría convive con una exigencia: que quienes ganaron gobiernen bien. La verdad moral y cívica que reclamamos tendrá que comprobarse en sus decisiones y en su disposición a rendir cuentas.

En Nuevo México ganó la demócrata Deb Haaland, miembro del pueblo de Laguna y primera mujer indígena elegida gobernadora en Estados Unidos. En Georgia venció a Keisha Lance Bottoms, la primera mujer negra elegida gobernadora en el país. En Texas, Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott y será la primera gobernadora latina de ese estado.

Esas victorias ensanchan la representación de sociedades diversas. Una niña indígena puede reconocerse en una autoridad sin sentir que debe borrar su origen para llegar hasta allí. También importa que las mujeres negras accedan al lugar donde se deciden presupuestos y políticas que las afectan. Esa presencia adquirirá mayor valor si se traduce en decisiones justas para toda la población, incluidas las personas que votaron por otros candidatos.

Los demócratas ganaron también el control de ambas cámaras del Congreso. Cuando el nuevo Congreso se instale en enero de 2027, podrá ejercer un contrapeso frente al Ejecutivo mediante investigaciones y decisiones presupuestarias. Trump seguirá en la Presidencia, pero deberá responder ante una mayoría opositora capaz de examinar sus decisiones y el uso de los recursos públicos.

Hay razones para leer buena parte de este resultado como un voto de rechazo a Trump. La encuesta AP Voter Poll encontró que alrededor de siete de cada diez votantes consideraban insuficiente el control del Congreso sobre la Presidencia. Cerca de dos tercios dijeron que las políticas de Trump habían empeorado la economía. Esas respuestas sugieren un reclamo de límites al poder y de resultados perceptibles en la vida cotidiana.

La misma encuesta aporta un dato revelador: aproximadamente dos de cada diez electores que apoyaron a candidatos demócratas tenían una opinión negativa del partido. Es posible votar por una opción porque se desea detener a la otra. Podemos considerar razonable esa decisión y preguntarnos cómo superar una política en la que el ciudadano vive eligiendo refugio frente a lo que teme. El rechazo puede abrir una oportunidad. Quienes la reciben necesitan ganarse la confianza de los electores.

Las gobernadoras electas tienen compromisos concretos con los que empezar. Bottoms propuso ampliar Medicaid, el programa de cobertura sanitaria para personas de bajos ingresos, una medida que requiere aprobación legislativa. Haaland planteó una opción pública de seguro social. El avance de esas propuestas se medirá por los acuerdos que permitan aplicarlas y por la atención que efectivamente reciban las familias.

En Estados Unidos, el voto fortaleció el contrapeso legislativo frente al presidente. En Brasil, confirmó a Lula en la Presidencia y le dejó el reto de negociar con una oposición numerosa en el Congreso. La reelección de Lula frente a Flávio Bolsonaro el 25 de octubre también me parece una oportunidad favorable para contener la radicalización y sostener una política de inclusión. El Tribunal Superior Electoral informó que obtuvo el 51.79% de los votos válidos, frente al 48.21% de su adversario. El resultado confirma su triunfo y recuerda que casi la mitad de quienes emitieron votos válidos eligieron otra opción. Gobernar exige contar con ese país también.

Brasil ofrece, además, un ejemplo cercano a la vida cotidiana: el 16 de octubre, el Congreso promulgó una reforma constitucional que prevé el fin del régimen de seis días de trabajo por uno de descanso y la reducción gradual de la jornada máxima semanal a cuarenta horas, sin rebaja salarial. Para quien apenas dispone de un día para descansar o acompañar a sus hijos, el cambio tiene un significado inmediato. Ahora corresponde vigilar su aplicación para que el derecho reconocido se traduzca en tiempo efectivo de descanso.

Lula afrontará su próximo mandato con un Congreso en el que el Partido Liberal, al que pertenece Flávio Bolsonaro, tendrá la mayor bancada de la Cámara: 121 diputados, frente a los 88 de la federación encabezada por el Partido de los Trabajadores. Esa composición obliga a construir acuerdos y a reconocer la legitimidad de una oposición numerosa, que también deberá responder por las consecuencias de sus decisiones.

Estos resultados me llevan a una preocupación que atraviesa nuestras democracias. Los partidos pueden situarse en las puntas opuestas de un cordel y, sin embargo, terminar tocándose cuando sus dirigentes convierten el poder en una vía de enriquecimiento personal y reparto de privilegios entre allegados. Sus programas siguen siendo diferentes, pero ninguna bandera justifica apropiarse de lo público ni encubrir a quien lo hace. Me preocupa esa facilidad para reconocer la corrupción ajena mientras buscamos explicaciones indulgentes para la de nuestro grupo. Admitir un error de los nuestros puede sentirse como una deslealtad cuando vivimos la crítica al partido como un ataque personal.

Necesitamos una política al servicio de la persona y del bien común. Ese bien común se concreta en derechos efectivos y oportunidades para vivir con dignidad, sin depender de favores partidarios. Cada recurso desviado hacia el enriquecimiento privado reduce lo disponible para atender necesidades colectivas. Desechar una buena propuesta porque procede del adversario empobrece al país. Defender una mala porque viene de los nuestros termina dañando a quienes decimos representar.

En la noche de su victoria, Haaland agradeció a su rival republicano, Gregg Hull, el tono respetuoso de la campaña. Ese reconocimiento me parece valioso. Es posible disputar una elección con firmeza y tratar con dignidad al adversario. Esa misma disposición ayuda, después de las urnas, a escuchar objeciones y corregir propuestas. Un acuerdo pierde legitimidad cuando exige tolerar abusos o vulnerar derechos.

La verdad moral y cívica exige hacernos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones. Para quienes gobiernan, eso implica transparentar el uso del dinero público y respetar la independencia de la justicia, incluso cuando esta los investiga. También nos corresponde a los ciudadanos rechazar la mentira que favorece a nuestro partido y exigir cuentas a quienes ayudamos a elegir.

Esa responsabilidad rebasa las fronteras. Las decisiones de Brasil sobre la protección de la Amazonía y las de Estados Unidos en materia comercial y militar deben examinarse también por sus efectos sobre comunidades y países que no participan en las elecciones de quienes las toman.

Celebro estas oportunidades y deseo que fructifiquen. Quisiera que, en la siguiente elección, la ciudadanía pudiera apoyar a quienes gobiernan porque han mejorado su vida y merecen continuar, o escoger otra propuesta después de examinar sus razones y posibilidades. Que el voto pueda expresar una confianza razonada y que el cansancio deje de ser el principal consejero de nuestras democracias.

La autora es psicóloga, diplomática y escritora.