En el vasto engranaje del Estado panameño existe un poder que no se somete a elecciones ni rinde cuentas ante la ciudadanía, pero decide sobre presupuestos, inversiones y políticas públicas: las juntas directivas de las entidades estatales.
Según la Ley 56 de 2017, que introdujo la cuota de participación femenina en estos órganos, existen más de 120 instituciones sujetas a dicho régimen. Sin embargo, nadie puede decir con certeza cuántas juntas operan, quiénes las integran o con qué criterios se designan, pues no existe un registro centralizado. Esa opacidad es una constante que atraviesa administraciones de todos los signos políticos.
Entre lo público y lo privado
Las juntas directivas proliferaron en los años noventa, cuando Panamá adoptó un modelo de gobernanza inspirado en las reformas del Consenso de Washington. En teoría, debían equilibrar la dirección técnica con la representación de sectores sociales. En la práctica, se convirtieron en espacios de poder discrecional, donde los nombramientos suelen responder más a afinidades políticas que a méritos profesionales.
Algunos asientos están reservados para ministros o directores, pero otros son asignados a particulares nombrados directamente por el Ejecutivo, bajo la difusa figura de “representantes de la sociedad civil” o “sectores productivos”. Estos nombramientos se realizan mediante decretos ejecutivos, sin convocatoria pública ni criterios transparentes. Surge entonces la pregunta: ¿Dónde se envía la hoja de vida para estos cargos? o ¿quién actúa como cazatalentos del poder público?
Esa elasticidad semántica permite incluir desde empresarios reconocidos hasta allegados políticos sin experiencia comprobable. En ocasiones, otros funcionarios sin la preparación necesaria terminan integrando directivas en distintas entidades, como si no tuvieran suficiente trabajo en el cargo que ya ostentan, o como si no existieran otros profesionales capaces de asumir esa función.
El problema no es solo político, sino institucional. Estos particulares ejercen funciones públicas sin ser funcionarios públicos: toman decisiones sobre fondos estatales, pero no están sujetos a las mismas reglas de control, incompatibilidad o declaración patrimonial. Aunque la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ha sostenido que deben considerarse “sujetos obligados”, el cumplimiento de esa obligación es más teórico que real.
Las dietas como espejo del privilegio
La falta de transparencia también se refleja en las dietas, los pagos por asistir a las reuniones. Cada entidad tiene su propia tabla: algunas ofrecen montos simbólicos, otras superan los mil dólares por sesión. La disparidad es tan grande como injustificable. No existe un marco unificado que relacione la compensación con la responsabilidad, el tamaño del presupuesto o la frecuencia de las reuniones.
El resultado es un sistema desigual y opaco, donde ciertos asientos se vuelven más codiciados que muchos cargos públicos. Las dietas, lejos de incentivar compromiso técnico, se han transformado en una forma silenciosa de retribución política. En algunos casos, quienes acumulan varios nombramientos perciben ingresos mensuales que superan los de un ministro, sin asumir las cargas de responsabilidad que ello implicaría.
El vacío del mérito
Más allá del dinero, el debate es moral. El Estado panameño carece de una política seria de selección, idoneidad y evaluación para sus directores públicos. No existen estándares de mérito ni límites claros a la multiplicidad de cargos. Así, las juntas directivas reflejan, en miniatura, el mismo mal que corroe muchas instituciones: la confusión entre servicio público y beneficio personal.
El poder que nadie mira
Mientras el país discute reformas constitucionales o leyes de transparencia, el poder silencioso de las juntas directivas permanece intacto. Sus miembros rara vez aparecen en el debate público, pero sus decisiones impactan la vida cotidiana de millones. En un Estado que se dice republicano, estos espacios de gestión deberían responder a criterios de mérito, transparencia y responsabilidad. Hoy, en cambio, siguen siendo el refugio de una élite invisible: quienes deciden sin rendir cuentas, amparados en la discreción de los cargos que nadie cuestiona.
El autor es ingeniero industrial, licenciado en Relaciones Internacionales y abogado.
