En Panamá, el debate sobre las jubilaciones ha puesto en el centro del escenario el principio de igualdad, consagrado en el artículo 19 de la Constitución. Por un lado, quienes pertenecen al régimen general de la Caja de Seguro Social invocan este principio para cuestionar los beneficios que reciben ciertos grupos, considerándolos privilegios injustificados. Por otro, los beneficiarios de regímenes especiales defienden este trato diferenciado, justificándolo en la naturaleza única, el riesgo y el desgaste de su trabajo.
Aunque ambas posturas parten de una lógica comprensible, la discusión a menudo se desvía hacia una falacia. Se olvida que la verdadera justicia no consiste en la uniformidad absoluta, sino en la equidad: tratar igual a los iguales y de manera distinta a quienes se encuentran en circunstancias objetivamente diferentes. El problema no es la existencia de un trato especial, sino cuando este se vuelve desproporcionado y amenaza la sostenibilidad y la justicia social de toda la nación.
1. ¿Compensación justa o privilegio exagerado?
Pensemos en esto de forma sencilla. Todos sabemos que el trabajo de un policía que enfrenta el peligro, un bombero que entra a un incendio o un maestro que forma a 40 niños no es igual al de una persona que trabaja en una oficina. Esos oficios exigen más esfuerzo físico y emocional. Por esa razón, la ley en Panamá les da una forma especial de jubilarse, permitiéndoles hacerlo un poco antes que los demás.
La idea original es buena y justa: es una forma de compensarlos por ese esfuerzo extra que hacen por todos nosotros. El problema no es que se jubilen de forma especial; el verdadero problema aparece cuando la cantidad de dinero que reciben resulta desproporcionada. Cuando su pensión es tan alta que se convierte en una carga muy pesada para el dinero de todos los panameños, creando una diferencia enorme e injusta con respecto a lo que recibe un jubilado del sistema común.
En resumen: una cosa es darle una herramienta especial a un trabajador para hacer un trabajo difícil, y otra muy distinta es regalarle un beneficio tan grande que lo debamos pagar entre todos, afectando al resto. La idea es compensar, no privilegiar.
2. Lo que la Corte decidió hace años
Esto no es algo que se esté inventando ahora. Hace muchos años, después de la invasión, Panamá estaba casi en la quiebra. No había dinero para casi nada. En ese momento, el gobierno se dio cuenta de que algunas jubilaciones especiales eran altísimas y decidió ponerles un límite para poder usar ese dinero en cosas más urgentes para el país.
Como era de esperarse, los que recibían esas jubilaciones altas se quejaron y llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que es el árbitro más importante de las leyes en Panamá.
¿Y qué decidió la Corte? En 1991, los magistrados dijeron algo muy claro: el gobierno actuó correctamente. La Corte explicó que, en una crisis, el bienestar de todo el país es más importante que el beneficio de unas pocas personas. Ponerle un límite a esas jubilaciones altísimas no era injusto; al contrario, era un acto de justicia para todos, necesario para asegurar que el país pudiera salir adelante.
Esa decisión de la Corte es como una luz que nos guía hoy. Nos recuerda que el Estado tiene el poder y, más importante aún, el deber de intervenir cuando un beneficio especial se convierte en un privilegio exagerado que perjudica a la mayoría.
3. Un presupuesto atado de manos por la deuda y los privilegios
Hoy, la situación de Panamá se parece mucho a la de aquel tiempo. El problema se llama deuda pública, y ya supera los 50 mil millones de dólares. Esta deuda es como una bola de nieve que crece sin parar, alimentada no solo por las jubilaciones especiales, sino también por otros gastos fijos y privilegios: beneficios para diputados y altos funcionarios, aumentos de sueldo automáticos establecidos por ley y subsidios que son una carga permanente.
Esto significa que, antes de que el gobierno pueda siquiera pensar en las necesidades urgentes del año —arreglar una calle, equipar un hospital o comprar medicinas—, una enorme parte del presupuesto ya está comprometida. Ya tiene dueño.
Esta falta de flexibilidad asfixia al país. Mientras la “alcancía” de la Caja de Seguro Social está casi vacía para la mayoría, seguimos pagando unos pocos beneficios altísimos con dinero que no tenemos, e incluso pidiendo más prestado.
Esto es injusto para los jubilados de hoy, que reciben poco, y sobre todo para nuestros hijos y nietos, a quienes les heredamos esta carga. La lección es simple: la salud financiera de la familia Panamá es más importante que mantener un sistema de privilegios para unos pocos.
Conclusión: poner la casa en orden con justicia
Entonces, ¿cuál es la solución? Nadie está diciendo que hay que eliminar las jubilaciones especiales. Reconocer el trabajo duro de nuestros policías, bomberos y maestros con un retiro más temprano es justo y necesario.
El verdadero debate es otro: ¿qué tan especial debe ser el beneficio? Es justo que se jubilen antes por su gran esfuerzo; lo que no es justo es que reciban una pensión tan exageradamente alta que ponga en riesgo la salud económica de todo el país.
El Estado tiene la tarea, como un buen padre de familia, de poner orden. Tenemos el pronunciamiento guía de la Corte y la obligación impuesta por la gran deuda que cargamos. Se trata de ajustar esos beneficios para que sean justos, pero no desproporcionados.
Que quede muy claro: no se trata de quitarle un derecho a nadie, sino de corregir un exceso. Es simplemente un acto de responsabilidad y de justicia para todos los panameños, porque el bienestar de la gran familia panameña siempre debe ser lo primero.
El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
