Esta frase, atribuida a Maquiavelo, me parece un consejo oportuno al presidente Mulino, sobre todo en lo concerniente al manejo que su gobierno pretende darle —al parecer de manera inminente— al escabroso y polémico asunto de la eventual reapertura de la mina de cobre ubicada en el distrito de Donoso, entre las provincias de Coclé y Colón.
Las elocuentes y lejanas palabras del presidente Mulino, hace ya más de un año en su discurso de toma de posesión —cuando se comprometió a “respetar las leyes, el fallo de la Corte y el pedido de nuestro pueblo”— han dado paso a una nueva fórmula, según él creativa, para que la mina sea de Panamá sin licitación, sin aprobación de la Asamblea ni consulta popular. Todo ello a fin de disfrazar, bajo la figura de un supuesto “operador técnico”, lo que en efecto no sería más que una nueva concesión a la misma empresa.
Reemplazar un exabrupto jurídico, como lo fue el leonino contrato con Minera Panamá (First Quantum Minerals), derogado por la Corte Suprema de Justicia luego de las protestas masivas de 2023, por otro arreglo de igual talante y bajo la premisa de que “la mina va porque va”, constituye a todas luces una irresponsabilidad de dimensiones antidemocráticas, inconstitucionales y catastróficas para la nación.
Buscar aceptación popular comparando nuestro mayor orgullo nacional —el Canal de Panamá— con la explotación de la mina es una estrategia errónea, absurda y deleznable.
Estoy claro en que la conversación final sobre la reapertura girará inevitablemente en torno al argumento favorito de políticos y empresarios: el “chen chen”. Pese a ello, considero que utilizar la reapertura de la mina como bandera de panacea frente a los problemas económicos y de desempleo, sin consultar al pueblo mediante un referéndum —lo mínimo que nos merecemos—, y privilegiando únicamente la opinión de la Cámara de Comercio y de la Cámara Minera, constituye un desatino gubernamental.
Más aún cuando es evidente que en la Asamblea Nacional no existe la mínima intención, ni de tirios ni de troyanos, de prohijar leyes o impulsar un esfuerzo serio para acabar con el flagelo de la corrupción, primera y principal causa de los males que nos aquejan: pobreza, desempleo e inequidad. Esta corrupción nos convierte, ante la mirada internacional, en un país paradójicamente rico pero lleno de pobres y oportunistas de cuello blanco.
A propósito de planteamientos sesgados, recientemente Zorel Morales, directivo de la Cámara Minera de Panamá, expresó que “el desafío radica en quitar la Ley 407 (moratoria minera) del entramado legal, ya que no se puede prohibir el aprovechamiento de los recursos minerales cuando la Constitución los define como de interés público y bienestar social” (arts. 257 y 259).
Con amigos empresariales así, First Quantum no necesita abogados canadienses. En consecuencia, no sería descabellado suponer que las aspiraciones de la Cámara Minera podrían concretarse mediante el nefasto reparto de sobres amarillos, que en el pasado ha funcionado de maravilla en la Asamblea panameña, tanto para diputados corruptos como para empresarios corruptores. La historia política nacional está llena de ejemplos; recordemos a Afú exhibiendo fajos de billetes en televisión.
Otro asunto que genera suspicacia es la denuncia por posible conflicto de intereses, hecha por Diego Vásquez en redes sociales, según la cual Aníbal Galindo —amigo, consejero y asesor del presidente Mulino, e integrante del Consejo de Relaciones Exteriores— es también asesor de First Quantum. Al menos se sabe que fungió como tal en 2013, durante la compra de Minera Panamá. Señor presidente, aclare esto cuando se recupere del hombro.
En resumen, fue imperdonable que un gobierno como el del PRD, en complicidad con intereses privados, aprobara y permitiera el saqueo y el deterioro ambiental generado por este aberrante proyecto minero. Peor aún sería que ahora, con un nuevo gobierno, se repita el error e incluso se intente presentar a la empresa como víctima de su cierre, bajo el argumento de que representaba el 5% del PIB y 40 mil empleos.
La lección es clara: los bienes nacionales, como el Canal, no son negociables ni pueden ponerse al servicio de intereses foráneos o de malos panameños a costa del futuro ambiental y social del país. Escuchar y atender al pueblo es un acto de responsabilidad de todo gobernante. De lo contrario, estaremos condenados a repetir la historia.
El autor es escritor y pintor.
