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El resquebrajamiento de los tres pilares de la democracia

Recientemente se publicó en la Gaceta Oficial que los magistrados de la máxima autoridad del Órgano Judicial se auto-otorgaron un beneficio económico “hasta que la muerte los separe” a expensas de los contribuyentes. Cabe resaltar que una magistrada no firmó el acuerdo de jubilaciones, lo que hace pensar que hay un destello de probidad en uno de sus miembros y que la distingue de los demás.

Como justificación de este acto de castigo para los contribuyentes —quienes, a la postre, son los que pagan las cargas económicas de cada una de las arbitrariedades que se aprueban— mencionan que “una compensación robusta protege su independencia y evita tentaciones indebidas”. Parece que estos magistrados tienen un desconocimiento de cómo funcionan las finanzas del Estado al decir que los fondos para estos beneficios nuevos saldrán de la propia Corte. La Corte no produce un centavo, sino que requerirá una mayor asignación presupuestaria, y esos emolumentos serán financiados por los contribuyentes y/o incrementando el déficit fiscal.

Si los salarios de B/.14,000 no representan “una compensación robusta”, entonces queda confirmado que la justicia en Panamá ha estado mal parada. Tal como ha sucedido en el pasado, algunos magistrados podrían recurrir a “la venta de fallos” para redondear sus ingresos. No existe y posiblemente no existirá un monto que represente una compensación robusta que proteja a los ciudadanos de actuaciones basadas en tentaciones indebidas. Una “tentación” de B/.10,000 tiene un resultado distinto a una de B/.500,000. Prueba de esto es la recompensa de cincuenta millones de dólares ofrecida por información que conlleve al arresto de Nicolás Maduro, que podría poner en duda la lealtad de su “círculo cero”, cuyos miembros se verían tentados por lo cuantioso de la suma ofrecida.

Mencionan como excusa para otorgarse esos beneficios adicionales a expensas de los contribuyentes que la “compensación robusta protege su independencia y evita tentaciones indebidas”, por lo que es prudente analizar la condición de ser independientes para cualquier ser humano. Hay que resaltar que la independencia es una situación mental y no económica, como pretenden disfrazarlo.

La independencia mental se refiere a la capacidad de una persona para pensar, sentir y actuar de manera autónoma, sin ser influenciada por factores externos, presiones sociales o económicas, y que le permita expresar opiniones sin comprometer su juicio profesional, actuando con integridad y objetividad.

Ahora, como complemento a la independencia, se resalta otro término posiblemente ofensivo para muchos: la integridad. La integridad es personal y aplicable a todo el mundo sin distinción de clases o sexo, ya que se refiere a la coherencia entre los valores, principios y acciones del individuo, y abarca la honestidad, la ética, la rectitud, la decencia, la dignidad, la lealtad y la entereza. Para ser una persona íntegra se requiere actuar, en la vida diaria, de acuerdo con lo que se cree y estar dispuesto a defenderlo. Una persona no puede catalogarse como “medio íntegra”.

Una pregunta que deberíamos hacernos y responder individualmente es sobre la independencia e integridad de los miembros de la augusta cámara, quienes dispusieron aumentarse el salario en B/.4,000 mensuales y, poco tiempo después, otorgarse beneficios de por vida que, por su magnitud, al incorporarse al frágil presupuesto, podrían requerir aumentos de impuestos para que los contribuyentes los sufraguen. Resulta muy difícil entender que estos funcionarios, con tal jugosa remuneración, no puedan, de sus emolumentos, hacer su propio plan de jubilación en una de las compañías de fondos, sin que los contribuyentes tengan que pagar esos beneficios. Pero resulta mejor el “juega vivo” tradicional y que otros sean los que paguen.

Todo parece indicar que los dos salientes por vencimiento de término se irán bien recompensados, y que los nombramientos de los entrantes se conviertan en otro botín político de la Presidencia y el Gabinete, que son quienes designan, acto muy similar a los nombramientos de cónsules y notarios. Hace poco experimentamos algo que pudiera considerarse una falta de independencia e integridad del Ejecutivo hacia el Legislativo, cuando sus representantes deambulaban por los pasillos del edificio de la Asamblea “matraqueando” a favor de ciertos legisladores para ocupar puestos en distintas comisiones. La selección de los reemplazos posiblemente llevaría una negociación que implicaría “favores a repagarse a requerimiento” del Ejecutivo.

De los pocos funcionarios que parecían distinguirse de los demás, estaban estos magistrados, cuya honorabilidad queda en duda, ya que ahora se hace difícil diferenciarlos, pues parece que su prioridad es la remuneración económica. No sería extraño que pronto quieran que se les asignen partidas para emplanillar una cuota de “impulsadores judiciales, asesores y asistentes” sin funciones, tal como la tienen los diputados.

Hagamos unos cálculos del emolumento salarial de B/.14,000 que, multiplicado por 12 meses, resulta en un total bruto de B/.168,000, sin incluir lo que reciben del décimo tercer mes. Para efectos de impuestos, tendrían derecho a la deducción básica de B/.11,000, más los intereses hipotecarios y gastos médicos, si los tuvieran.

Descartemos la porción del Seguro Social, pues en la jubilación se la seguirán cobrando, pero no así el impuesto sobre la renta, que debiera ser una suma importante. Para propósitos ilustrativos, digamos que tienen deducciones de B/.38,000, lo que daría una renta neta gravable de B/.130,000, sujeta a un impuesto sobre la renta de B/.27,500, dejando una paga neta de B/.140,500, que representa B/.11,700 mensuales. Resaltamos que este impuesto sobre la renta de B/.27,500 con la jubilación desaparece, ya que esta está libre de esta carga impositiva, lo que implícitamente les otorga otro aumento en su jubilación de aproximadamente B/.2,300 al mes.

Comparen estas cifras con su remuneración o jubilación y juzguen. Los tres pilares que sustentan una democracia son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estos tres pilares, en nuestro querido Panamá, están resquebrajados, lo que hace que la democracia se tambalee, tal como lo dice la canción: “Se tambalea… se tambalea…”. ¿Nos merecemos esto?

El autor es ciudadano.


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