Occidente pelea por si el rival roba elecciones o da golpes. Panamá tiene el problema contrario: aquí ya nadie pelea por nada.
Hay una forma sencilla de saber si una democracia está en emergencia: mirar la noche electoral. Si el que pierde dice que le robaron y el que gana dice que el otro quiere dar un golpe, ya llegamos. No hace falta que alguno tenga razón. Basta con que los dos hablen como si cada elección fuera la última.
Ahí está buena parte de Occidente. Según IDEA Internacional, entre 2020 y 2024 un perdedor rechazó el resultado en casi el 20% de las elecciones del mundo. En octubre, Flávio Bolsonaro dijo que era imposible reconocer su derrota ante Lula, y a su padre lo condenaron en 2025 por intentar un golpe. En Washington, la directora de Inteligencia llamó “golpe de años” a la investigación rusa, y los demócratas usan la misma palabra para el 6 de enero.
Seamos honestos: casi siempre el árbitro aguanta. Flávio desistió al día siguiente. Y a veces el fraude es real: en Venezuela, el Centro Carter validó las actas de la oposición. La emergencia de verdad empieza cuando el árbitro también toma partido.
No es la primera vez. En 133 a. C., los enemigos del tribuno Tiberio Graco dijeron que quería ser rey, y los senadores lo mataron a golpes. Doce años después, el Senado estrenó el senatus consultum ultimum, un decreto de emergencia contra los “enemigos públicos”, y el cónsul Opimio ejecutó sin juicio a unos 3,000 seguidores de Cayo Graco. Lo que nació como excepción se volvió costumbre, hasta usarse contra César. Unos decían que el Senado robaba la voluntad del pueblo; los otros, que sus rivales querían la corona. Fraude contra golpe, en toga. Para el historiador Edward Watts, la República murió de políticos que rompían normas y de ciudadanos que no los castigaban.
Panamá pasó la prueba que otros reprueban. En 2024 votó el 77.7% del padrón, récord en democracia, y los rivales reconocieron a Mulino esa misma noche.
Eso no es solo madurez.
Aquí nadie grita fraude porque no hay contra quién gritarlo. El 1 de julio, la nueva presidenta de la Asamblea ganó con 42 votos, incluidos los del PRD. La Prensa lo resumió en un titular: “Un país sin oposición”.
Pero despolitización no es paz. Según el Latinobarómetro 2026, solo el 45% apoya la democracia, y el 55% aceptaría un gobierno autoritario si le resuelve. Ese malestar no desaparece; se muda a la calle. En los últimos años, más de una decisión aprobada sin mayor discusión terminó en protestas y cierres de vías. Cuando no hay oposición en el hemiciclo, la oposición es el tranque.
Sé que para los mercados esto suena a ventaja, y en parte lo es. Fitch ya nos quitó el grado de inversión, y S&P y Moody’s nos sostienen en el último escalón. Una Asamblea dócil facilita aprobar lo que las calificadoras premian. La estabilidad vale. Pero el 72% de los trabajadores formales gana menos de B/. 1,000 al mes, y para ellos el ciclo es conocido: un gobierno aprueba, la calle lo tumba, llega la rebaja, gana otro partido y se vuelve a negociar lo mismo. Cambian los nombres. El arreglo es el mismo.
Una democracia se puede perder por exceso de conflicto o por falta de él. Roma se acostumbró a la emergencia. Nuestro riesgo es acostumbrarnos a que nada esté en juego. La prueba de 2029 no será si alguien grita fraude. Será si existe una oposición con otro programa, y no solo con otro nombre.
El autor es analista de datos.


