La ley que regula la Caja de Seguro Social (CSS) puede considerarse una política pública de salud, dada la diversidad de servicios que brinda a la población asegurada: pensiones, atención médica y hospitalaria, programas de riesgos profesionales, maternidad, invalidez, vejez, viudez y muerte.
La legislación sobre seguridad social en Panamá debió haberse revisado hace décadas, debido a los precarios servicios médicos ofrecidos y las bajas pensiones entregadas. Es un tema que ha generado un estallido social por la tardanza en abordarlo a nivel nacional y por los intereses sociales y políticos que lo rodean. Hoy, los servicios de la CSS están en estado crítico, debido a múltiples fallas: carencia de instalaciones adecuadas, falta de personal e insumos, ausencia de profesionales calificados, atención deshumanizada y gestiones administrativas deficientes.
Identificación del problema
El problema principal radica en la negativa de un sindicato y de ciertos dirigentes magisteriales a aceptar que el sistema de seguridad social —especialmente el pago de las pensiones actuales— está en crisis. Esta situación amenaza con volverse insostenible sin endeudar al Estado o recortar inversiones en obras públicas y educación.
La antigua Ley 51 establecía dos subsistemas: uno de beneficio definido, que cubría a quienes estaban próximos a jubilarse, con edades fijadas en 57 años para mujeres y 62 para hombres. Esta ley surgió como respuesta a indicadores actuariales y económicos que preveían una crisis inminente. Luego se intentó aprobar la Ley 17, con reformas que buscaban garantizar la sostenibilidad del sistema, pero fue rechazada por sindicatos y gremios que se oponían a aumentar la edad de jubilación.
La Ley 51 incluyó una advertencia: debía revisarse en un plazo no mayor a diez años, debido a cambios demográficos y avances en salud que incrementarían la cantidad de jubilados. Muchos no se retirarían formalmente, al seguir trabajando y recibir simultáneamente pensión estatal, lo que frenaría el relevo generacional, incrementando el desempleo y deteriorando las condiciones laborales.
A lo largo de los años, el sistema ha sido vulnerado por múltiples factores: el envejecimiento poblacional, casos de corrupción y una mala administración.
Actores en pugna
Un sindicato de la construcción, con intereses políticos en instaurar un nuevo modelo económico, que aprovecha el descontento social para avanzar su agenda.
Gremios docentes, influenciados por dicho sindicato, aunque no afectados directamente por la reforma, dado que se rigen por una ley especial de jubilación.
Grupos del sector salud, también influenciados, pero con menor capacidad de movilización.
La CSS, a través de sus actuarios, auditores y equipos de comunicación, debe garantizar información clara, coherente y confiable sobre los beneficios del nuevo sistema. Para ello puede valerse de medios de comunicación, redes sociales y debates televisados.
Un posible indicador de aceptación de la Ley 462 será la disminución de protestas y el regreso de los docentes a las aulas. Uno de los principales retos es comunicar a la población que la ley propone mejores beneficios, frente a la narrativa negativa promovida por los sectores en oposición.
La historia reciente de las pensiones —Ley 17 en 2005, luego sustituida por la Ley 51— muestra que cualquier intento de solución definitiva ha enfrentado fuerte resistencia.
Las consultas realizadas hasta ahora no reflejan una aceptación mayoritaria. No obstante, el desgaste ha mermado la fuerza de los movimientos sociales, que han perdido respaldo urbano y se concentran en zonas rurales, donde el sindicato ha establecido su base.
Hoy, como en el pasado, los mismos actores se enfrentan. Aunque el gobierno parece ganar terreno, el costo es alto: regiones con economías debilitadas, un año escolar casi perdido y cientos de empleos perdidos o en riesgo, como resultado de la intransigencia de un sindicato con motivaciones políticas.
El autor es diputado de Arraiján.
