El terremoto de magnitud 7.7 registrado el 9 de octubre volvió a recordarnos que Panamá es un país sísmico. Más allá del movimiento de la tierra, sus efectos deben llevarnos a examinar la calidad de nuestras construcciones y, en especial, la supervisión y fiscalización de las obras públicas.

De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades, 419 centros educativos oficiales y 29 instalaciones de salud resultaron afectados. La cifra exige atención nacional, no solo por los daños materiales, sino porque se trata de edificios destinados a proteger dos bienes esenciales: la educación de nuestros niños y la salud de la población.

No todo daño causado por un terremoto implica una falla estructural. Las grietas en paredes divisorias, el desprendimiento de revestimientos y los daños en cielorrasos pueden ocurrir incluso en edificios bien diseñados. La ingeniería sismorresistente no busca construcciones invulnerables, sino proteger vidas, reducir el riesgo de colapso y, en ciertas instalaciones, mantener su funcionamiento.

Aceptar esta realidad técnica, sin embargo, no significa renunciar a investigar las causas de los daños.

Panamá dispone desde hace décadas de normas de diseño estructural. Las distintas versiones del Reglamento Estructural Panameño establecen requisitos para resistir las acciones sísmicas y asignan categorías especiales a edificaciones de mayor importancia, como hospitales con servicios de emergencia y otras instalaciones esenciales. Los centros educativos también requieren consideraciones particulares por la cantidad de personas que albergan.

Un hospital no es una edificación cualquiera. Durante un terremoto debe proteger a sus pacientes y conservar, según su categoría de diseño, la capacidad de atender a las víctimas. Si debe evacuar servicios por daños, puede convertirse en parte de la emergencia justo cuando más se le necesita.

Los 419 planteles afectados también plantean preguntas ineludibles. ¿Cuántos se construyeron antes de las normas modernas? ¿Cuántos padecen falta de mantenimiento? ¿Cuántos sufrieron daños por deficiencias constructivas o por condiciones geotécnicas mal evaluadas?

Y surge una pregunta aún más incómoda: ¿qué tan rigurosos son, en la práctica, los controles de calidad de las obras públicas?

Las especificaciones, los ensayos de laboratorio, las inspecciones y las responsabilidades profesionales existen para garantizar el cumplimiento de las normas.

Pero no basta con disponer de reglamentos y laboratorios. Los controles deben ejecutarse, sus resultados deben ser confiables y toda deficiencia debe corregirse antes de recibir la obra.

Por eso cabe preguntar: ¿dónde están los registros de los ensayos de materiales de los edificios afectados? ¿Quién verificó el cumplimiento de las normas e inspeccionó las obras? ¿Qué observaciones se hicieron, qué correcciones se exigieron y bajo qué condiciones se aprobaron y recibieron finalmente las obras?

No se trata de anticipar culpables. Atribuir los daños a negligencia o corrupción sin una investigación técnica sería irresponsable. Pero también lo sería descartar esas posibilidades sin revisar los expedientes de construcción y los mecanismos de fiscalización.

Cuando existan indicios, debe investigarse con independencia y transparencia la posible existencia de inspecciones deficientes, aprobaciones sin respaldo técnico suficiente o actos de corrupción. La confianza pública no se fortalece evitando preguntas, sino ofreciendo respuestas verificables.

También debemos reconocer que buena parte de la infraestructura educativa y hospitalaria se construyó con criterios técnicos de otras épocas. Eso no implica necesariamente un incumplimiento original, pero sí exige evaluar su vulnerabilidad frente al conocimiento y las normas actuales.

El terremoto del 9 de octubre fue una advertencia que no debemos desaprovechar. La naturaleza no distingue entre una obra bien ejecutada y otra deficiente: somete a ambas a las mismas fuerzas sísmicas, y entonces quedan expuestas sus diferencias.

La pregunta de fondo no es solo cuántas escuelas y hospitales sufrieron daños, sino cuántos de esos daños pudieron evitarse mediante mejores diseños, materiales adecuados, controles rigurosos, mantenimiento oportuno e inspecciones responsables.

Cuando aprobamos una escuela o un hospital, ¿certificamos realmente su seguridad o nos limitamos a completar un trámite administrativo?

La próxima vez que tiemble la tierra, ni los expedientes ni las firmas protegerán a nuestros niños y pacientes. Los protegerá la calidad efectiva de las obras que hoy diseñamos, construimos, inspeccionamos y aprobamos.

El autor es geólogo profesional.