Hay momentos en la historia de un país en los que las diferencias deben quedar a un lado para dar paso a lo verdaderamente importante: la vida, la solidaridad y el bienestar de nuestra gente.

El terremoto que ha golpeado a Panamá nos enfrenta a un desafío que va mucho más allá de reparar edificios, carreteras y viviendas. Tenemos que recuperar la actividad económica, proteger los empleos, garantizar la alimentación de las familias y, sobre todo, evitar que nuestros niños y jóvenes paguen las consecuencias de una emergencia que amenaza con interrumpir su educación.

Hoy no hay partidos políticos. Hoy somos un país.

La primera prioridad debe ser proteger la vida y atender a las familias afectadas. Pero, al mismo tiempo, debemos comenzar a organizar una recuperación que permita reconstruir las comunidades sin profundizar las desigualdades ni comprometer innecesariamente las finanzas públicas.

Los daños de un terremoto tienen efectos directos e indirectos. El costo directo comprende la reparación o reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, puentes y otras infraestructuras. El indirecto incluye los ingresos que dejan de recibir los comercios, restaurantes, hoteles, productores agropecuarios y pequeñas empresas que deben suspender sus operaciones.

A esto se suma el gasto extraordinario del Estado, que debe responder a la emergencia mientras mantiene sus compromisos presupuestarios habituales. Por eso, no basta con contabilizar los edificios afectados. También debemos medir los empleos perdidos, los días de clases interrumpidos, las dificultades para acceder a alimentos y medicamentos y las pérdidas de producción que enfrentan las comunidades.

La cifra definitiva del impacto económico dependerá de una evaluación técnica de los daños y de las necesidades de reconstrucción. Es fundamental distinguir entre los recursos autorizados para atender la emergencia, el valor de los daños materiales y el costo total de recuperar la economía. Son conceptos diferentes y no deben confundirse.

Reconstruir las escuelas sin perder la educación. Uno de los mayores riesgos de una emergencia es que sus consecuencias se extiendan mucho más allá del momento del desastre. Una escuela destruida no solo representa una pérdida de infraestructura: significa miles de oportunidades de aprendizaje que pueden quedar en pausa. Por eso, la reconstrucción educativa debe comenzar desde el primer día, incluso cuando todavía no sea posible reconstruir la infraestructura afectada.

La primera medida es evaluar la seguridad de cada centro educativo. Ningún estudiante ni docente debe regresar a instalaciones que no hayan sido inspeccionadas y declaradas seguras por las autoridades competentes. Mientras se ejecutan las reparaciones, el Ministerio de Educación, en coordinación con las autoridades locales, puede habilitar espacios temporales seguros: salones comunitarios, instalaciones públicas disponibles, centros educativos cercanos que no hayan sufrido daños y aulas modulares donde sea necesario.

También se debe establecer un plan de continuidad educativa por comunidad. Cuando las condiciones lo permitan, pueden organizarse turnos alternos, jornadas flexibles y calendarios de recuperación. En las zonas donde exista conectividad, los recursos digitales pueden complementar las clases; donde no haya internet o electricidad, deben distribuirse guías impresas y materiales educativos.

Es indispensable identificar de manera urgente a los estudiantes que perdieron libros, uniformes, útiles escolares o dispositivos electrónicos y establecer mecanismos para reponerlos. Asimismo, los docentes necesitan materiales, transporte y acompañamiento para continuar su labor.

La educación no puede depender exclusivamente de la disponibilidad de un edificio. Debemos garantizar que cada niño tenga acceso a un maestro, materiales y un espacio seguro para aprender. Además, la recuperación debe contemplar apoyo socioemocional para estudiantes y docentes que hayan vivido experiencias traumáticas. No se trata simplemente de recuperar contenidos, sino de devolverles seguridad, estabilidad y confianza.

La alimentación debe atenderse con la misma urgencia que la vivienda y la salud. Cuando una familia pierde su hogar, deja de trabajar o queda aislada por daños en las carreteras, el acceso a los alimentos se convierte en una necesidad inmediata.

La respuesta debe comenzar con un registro coordinado de las familias afectadas, respetando su privacidad y priorizando a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares sin ingresos.

A partir de ese registro, las autoridades pueden organizar centros de acopio y distribución en puntos estratégicos, utilizando escuelas seguras, instalaciones comunitarias y otros espacios habilitados. Los municipios, juntas comunales, organizaciones sociales, iglesias, empresas privadas y voluntarios pueden colaborar bajo una coordinación común.

No basta con recolectar donaciones: hay que garantizar que lleguen a quienes las necesitan. Para ello**,** se requiere un inventario público de alimentos, agua potable, medicamentos y artículos de primera necesidad, así como rutas de distribución y mecanismos de seguimiento.

También debemos proteger la producción nacional. Cuando sea viable, el Estado puede adquirir alimentos a productores y comerciantes locales para abastecer los centros de ayuda. De esta manera, la asistencia alimentaria cumple dos objetivos: atender a las familias y mantener ingresos para quienes producen y comercializan alimentos.

En las zonas de difícil acceso, la logística debe adaptarse a las condiciones de las carreteras y puentes, con apoyo de los organismos de emergencia y los medios de transporte disponibles. La ayuda debe distribuirse según las necesidades verificadas, no según la capacidad de cada comunidad para hacerse escuchar.

La experiencia internacional demuestra que reconstruir rápidamente no significa construir sin planificación, sino coordinar recursos, establecer prioridades y reducir la burocracia sin sacrificar los controles.

Chile, después del terremoto de 2010, desarrolló un proceso de reconstrucción que combinó inversión pública, recuperación de infraestructura y programas de vivienda. Nepal, tras los terremotos de 2015, impulsó la reconstrucción de viviendas mediante subsidios, asistencia técnica y estándares de construcción más resistentes. Ambos casos ofrecen lecciones para Panamá: apoyar directamente a las familias, fortalecer las capacidades locales y reconstruir con criterios de prevención.

Nuestro país debe aplicar estos principios a las escuelas, las viviendas y las infraestructuras esenciales. Cada obra reconstruida debe incorporar estándares de seguridad adecuados para reducir los riesgos ante futuros eventos.

Cinco prioridades para salir adelante

Primero, realizar una evaluación técnica, pública y verificable de los daños, con presupuestos, prioridades y cronogramas de ejecución.

Segundo, garantizar la continuidad educativa y la alimentación de las familias, porque ninguna recuperación económica puede considerarse exitosa si los niños dejan de aprender o los hogares no tienen qué comer.

Tercero, recuperar los empleos y las pequeñas empresas mediante créditos de emergencia, asistencia temporal y contratación de trabajadores locales en las obras de reconstrucción.

Cuarto, financiar la recuperación responsablemente, combinando recursos presupuestarios, seguros, cooperación internacional y crédito multilateral, con rendición de cuentas sobre cada dólar invertido.

Quinto, establecer una coordinación nacional que integre al Gobierno central, los municipios, el sector privado, las universidades, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil. La transparencia debe acompañar todo el proceso. Publicar contratos, costos, avances y resultados permitirá que la ayuda llegue a su destino y que la confianza ciudadana se convierta en un activo para la recuperación.

Hoy, todos somos Panamá

Panamá tiene la oportunidad de demostrar que la solidaridad puede convertirse en una política efectiva de recuperación. La respuesta no puede limitarse a la asistencia de los primeros días; debe incluir un compromiso sostenido con las familias, la educación, el empleo y la reconstrucción de nuestras comunidades.

Debemos acompañar a quienes lo han perdido todo, respaldar a los docentes que mantienen viva la esperanza de sus estudiantes, garantizar alimentos a quienes los necesitan y ofrecer oportunidades a los trabajadores y emprendedores que deben volver a empezar.

La reconstrucción no será responsabilidad exclusiva del Gobierno ni podrá resolverse únicamente con dinero. Requerirá instituciones capaces de actuar, ciudadanos comprometidos y una sociedad que comprenda que el bienestar de una comunidad también depende del bienestar de las demás.

Hoy no hay partidos políticos. Hoy somos un país.

Que esta tragedia nos encuentre unidos, con menos confrontación y más cooperación; con menos discursos y más resultados. Que cada escuela recuperada represente una oportunidad, cada familia atendida una muestra de solidaridad y cada empleo recuperado un paso hacia la estabilidad. No se trata solamente de reconstruir lo que el terremoto destruyó. Se trata de construir un Panamá más preparado, más solidario y más justo. Salir adelante es una tarea nacional y esto comienza por no dejar a nadie atrás.

El autor es economista y docente universitario.