En días pasados, la Fundación Libertad convocó a un taller con el fin de analizar los programas presentados por los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 5 de mayo desde una perspectiva liberal. Está comprobado que el Índice de Libertad Económica presenta un recetario exitoso para garantizar que un país y sus ciudadanos puedan lograr realizar sus proyectos de vida exitosamente y que el gobierno debe funcionar como socio para poder lograrlo.
El Índice de Libertad Económica tiene como filosofía que las bases fundamentales de cualquier sociedad exitosa se fundamentan en los principios de la libertad de elegir e intercambiar y competir libremente en el mercado y que el rol principal del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y su propiedad. Los ciudadanos deben poder ser libres de escoger, intercambiar y competir como les de la gana, pero sin violar los derechos de terceros. Los últimos resultados ponen a Singapur, Hong Kong, Suiza, Nueva Zelanda y Estados Unidos en las primeras cinco posiciones. Costa Rica ocupa el puesto 21, Chile el puesto 30 y Panamá el puesto 39 en el índice elaborado por el Fraser Institute.
Es importante recalcar que en la opinión general de los analistas de las propuestas presidenciales, el ejercicio de generar un programa de gobierno va dirigido principalmente hacia los sectores que más pueden brindar votos y/o apoyo económico para las campañas más allá de ser programas realizables en los 5 años que dura una administración. Pero plantear un programa por escrito, por lo menos, nos permite determinar si lograr el cometido amplía o reduce la libertad económica del país.
En la medición del componente del índice Tamaño del Estado y usando el eje evaluativo de Marx a la izquierda, Keynes en el centro y Mises a la derecha, ninguno se salía del centro izquierda. Casi como que pudiéramos resumir los programas así: “El Estado actual no sirve y la solución es más Estado!”. Esto se entiende en la medida que todas las campañas tienen un gran grupo de militantes que esperan ver el esfuerzo remunerado en algún puesto de la nueva administración.
En lo que a Sistema Legal se trata, las propuestas incluyen desde constituyentes originarias, derogación de leyes que son contrarias a los derechos humanos (¿?), incremento del presupuesto mínimo del Órgano Judicial, y la creación de más instituciones como lo puede ser la creación de una Sala de Garantías Constitucionales.
En el área de Comercio Internacional llama la atención que las propuestas van alineadas a la protección del sector agro, el cual hoy día representa apenas un 3% del PIB. Aquí se ve claramente el peso de los sectores agro industriales que pelean a capa y espada la protección del sector bajo el lema de “Seguridad Alimentaria” como si en el mundo nos fuéramos a quedar sin arroz. Es un hecho que la protección que goza el sector agropecuario bien organizado lo que ha hecho es encarecer la canasta básica del consumidor.
En cuanto a las regulaciones, algunos candidatos reconocen que nos encontramos en el Siglo XXI y que la automatización, digitalización o eliminación de trámites son necesarios para simplificar como el ciudadano debe lidiar con el Estado. Tristemente, la realidad del creciente aumento de las planillas públicas de pasadas administraciones no nos llena de mucha esperanza de que veamos la eliminación de la burocracia.
En resumen, en el taller vimos que los planes de gobierno son algo que solo sirve para darle el guiño a sus posibles votantes y donantes pero que desde la perspectiva liberal, Panamá tristemente, no lleva chance de ampliar su libertad económica.
El autor es director de la Fundación Libertad
