Esta semana, la Corte Suprema de Texas en Estados Unidos falló en contra de una mujer que presentó una demanda para realizarse un aborto de emergencia, anulando el fallo de un tribunal inferior. Kate Cox, de 31 años, fue diagnosticada con una anomalía fetal severa, la trisomía 18. Mientras los jueces consideraban si otorgarle o no la excepción a la ley antiaborto, Cox, madre de dos hijos, sentía que no podía esperar más y tuvo que salir de Texas para abortar. Como ella, las personas que viven en estados que penalizan el aborto pueden y de hecho abandonan legalmente el estado para abortar, si tienen los medios económicos.
La trisomía 18 es poco común; ocurre en aproximadamente 1 de cada 2,500 embarazos. En esta condición, las células del cuerpo tienen tres copias del cromosoma 18 en lugar de las dos habituales. No existe cura y la mayoría de nacimientos muere antes de nacer. De los que llegan a término la mayoría muere entre 5 y 15 días, generalmente debido a defectos cardíacos y pulmonares graves. En el caso de Cox, la Corte Suprema de Texas le negó el derecho a elegir la terminación de su embarazo por no considerarlo lo suficientemente riesgoso para calificar para la excepción a la ley antiaborto. Esto, a pesar de que Cox había sido ingresada repetidamente en la sala de emergencias con fuertes calambres y pérdida de líquido amniótico.
La historia de Cox es sólo una entre tantas. En 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la decisión sobre el derecho al aborto, Roe v. Wade de 1973, dejando a los estados la potestad de prohibir el aborto en cualquier etapa. Esta decisión ha impactado la vida de miles de mujeres de todos los estratos socioeconómicos, pero especialmente en las poblaciones que han sido y siguen siendo las más marginadas. La anulación de Roe fue denunciada por las principales asociaciones de medicina y ciencia del país por el atraso que representa en materia de salud pública.
En el caso de Panamá, el aborto es ilegal con ciertas excepciones que se tipifican en el artículo 144 del Código Penal, incluida la violación, pero sólo si la persona embarazada está dentro de la octava semana de embarazo y realiza un reclamo ante el Ministerio Público. Otra excepción es el aborto terapéutico cuando la vida de la madre está en peligro o cuando el embarazo es inviable, accesible mediante una solicitud a una comisión interinstitucional sin tener que pasar por los tribunales. Para las personas de bajos recursos o adolescentes que no saben o no quieren que sus familiares sepan del embarazo, las barreras de acceso al aborto son significativas y en la mayoría de los casos extremadamente riesgosas.
Una larga historia de estudios demuestra los beneficios sociales y económicos que supone para las mujeres poder planificar si tener hijos y cuándo. El acceso a métodos anticonceptivos está inextricablemente atado al logro de educación postsecundaria y empleo, un mayor poder adquisitivo, y una reducción de la brecha salarial de género. Pero no todas las mujeres experimentan por igual los beneficios sociales y económicos de la anticoncepción. Organizaciones como Aplafa trabajan arduamente para cambiar esta realidad, pero hay mucho más trabajo por hacer en la implementación de programas y políticas que ayuden a las mujeres a alcanzar sus objetivos de vida cuando decidan ser madres.
Prohibir el aborto no impedirá que se produzcan. Las personas siempre lo han hecho y seguirán haciéndolo, y prohibirlo por ley y/o dificultar su acceso solo provoca abortos peligrosos. El aborto es un procedimiento extremadamente seguro. Ya existe un método con medicamentos autogestionado y altamente seguro, una combinación de mifepristona y misoprostol, que se puede tomar en casa para interrumpir un embarazo temprano. Con estos avances, es posible mitigar las muertes por abortos inseguros si las personas pueden utilizar estos métodos de manera efectiva. Sin embargo, si las drogas son inaccesibles y/o ilegales, esto resulta en una mayor criminalización de las mujeres embarazadas, lo cual afecta desproporcionadamente a adolescentes y mujeres pobres, indígenas y otras personas en condiciones vulnerables.
América Latina y el Caribe tiene una de las tasas más altas del mundo de embarazo adolescente, solo superada por África subsahariana. En Panamá, según cifras oficiales (de 2021), uno de cuatro nacimientos vivos es de una madre de entre 10 y 19 años de edad. Las intervenciones de salud pública, incluida la educación sexual integral y el uso de anticonceptivos eficaces, son fundamentales para reducir los embarazos no deseados. Cualquier limitación a la educación y a los servicios reproductivos acelera significativamente las ya enormes disparidades sociales en la morbilidad y mortalidad materna.
El acceso al aborto legal y seguro está relacionado con cuestiones más amplias de justicia social. El aborto ha sido politizado, pero el acceso al aborto tiene que ver fundamentalmente con los derechos humanos, la autonomía corporal y la salud pública. Más allá de tener el derecho a no tener hijos, las personas también tienen el derecho a tener hijos y a criar a los hijos que tienen en entornos seguros y sostenibles.
Como profesionales de las ciencias de la salud, es fundamental que actuemos en torno a la evidencia científica. Restringir el acceso al aborto va en contra de la ciencia, la seguridad y la dignidad humana.
La autora es investigadora científica en el Centro de Neurociencias del Indicasat AIP e integrante de la Fundación Ciencia en Panamá
