Cuando hablamos de descontento social y descontento popular, es importante señalar que son dos conceptos distintos. Aunque están interconectados y pueden parecer lo mismo, no son idénticos.
El descontento popular puede definirse como la percepción generalizada de la población de desconfianza, alienación y distanciamiento con respecto a las instituciones, las autoridades e incluso los medios de comunicación. Estas percepciones abarcan diversas necesidades y suelen manifestarse en una creciente apatía política hacia la participación ciudadana, además del rechazo a decisiones y declaraciones gubernamentales. No necesariamente se acompañan de acciones u organización colectiva, sino que reflejan una desconexión con un sistema percibido como favorecedor de unos pocos y perjudicial para otros. Este tipo de descontento también puede alimentar el populismo.
El descontento social, en cambio, alude a una insatisfacción específica dentro de una población que enfrenta crisis sostenidas derivadas de injusticias, desigualdades económicas, carencia de servicios públicos y sociales, corrupción, ineficacia en las políticas públicas y falta de certeza en el castigo. Esta forma más concreta se manifiesta a través de movimientos, gremios y manifestaciones populares, constituyendo una insatisfacción generalizada que ha persistido durante décadas debido a problemas estructurales.
Un aspecto clave que distingue ambas formas de descontento es que las protestas y manifestaciones siempre se producen en el contexto del descontento social. Esto ocurre cuando diversos grupos que no se sienten representados se organizan y expresan públicamente sus demandas mediante marchas, huelgas, actos de desobediencia civil, protestas en redes sociales u otros medios. Aunque no todo descontento popular desemboca en protestas, es el descontento social el que suele dar los primeros pasos en esa dirección.
El descontento popular suele preceder al social, ya que la falta de respuesta institucional amplifica la frustración ante problemas tanto nuevos como históricos. Sin embargo, el descontento popular puede existir sin convertirse en social, limitándose a una apatía o rechazo hacia el gobierno. En Panamá, los medios de comunicación priorizan con frecuencia las voces gubernamentales y empresariales sobre las de los manifestantes, lo que contribuye a la percepción de exclusión.
En Panamá, la percepción generalizada es que la clase política no responde a las necesidades de la población, sino a intereses particulares, lo que genera descontento popular. Esta desconexión entre lo público y la élite política se transforma en descontento social ante cada crisis económica o ley impopular. Si el descontento se expresa primero en opiniones y luego en protestas masivas, se consolida un descontento social que canaliza las demandas ciudadanas. En términos coloquiales, esto es “la gota que colmó el vaso”.
En una democracia verdaderamente funcional, el descontento social se canaliza de forma adecuada a través de las instituciones correspondientes. No obstante, si estas no cumplen con su función, o lo hacen de manera incompleta o inadecuada, se abren espacios para la opinión y el debate. Pero si, en ese escenario, las personas, gremios, movimientos políticos y sociales no son escuchados o sus propuestas no son tomadas en cuenta, el descontento se traslada a las calles. En este proceso intervienen la polarización, la radicalización y la implementación de medidas autoritarias que, si se mantienen en el tiempo, erosionan por completo el sistema democrático.
No se trata de alcanzar una sociedad perfecta en la que todas las demandas estén satisfechas —algo imposible—. Por tanto, la existencia de descontento no debe considerarse un elemento negativo, ya que fomenta el debate. El sistema democrático debe lidiar con estas tensiones sin desmoronarse. Sin embargo, cuando el gobierno es incapaz de gestionar las demandas o de administrar eficazmente, se evidencia una debilidad estructural. En Panamá, instituciones como la Asamblea Nacional, los tribunales de justicia y los distintos ministerios deben actuar dentro de sus competencias como canales para atender el descontento y evitar que se convierta en crisis. Si el sistema vive en una crisis constante, no estamos ante una democracia imperfecta, sino ante una democracia frágil, en la que las instituciones no funcionan adecuadamente.
El descontento social es una señal clara de que se necesita un cambio, especialmente cuando existe una percepción debilitada de las instituciones, en particular del sistema de justicia, y cuando escándalos de corrupción aumentan la desconfianza ciudadana. Este fenómeno se agrava con factores como la pobreza, el elevado costo de vida y la deficiencia de los servicios públicos.
Michael J. Sandel, en su obra El descontento democrático: en busca de una filosofía pública, explicaba que el descontento social es una reacción ante la erosión de la democracia, causada por la falta de cohesión social y de participación política. En la crisis que vive Panamá, sus ideas resultan más que pertinentes para comprender que, a pesar del crecimiento impulsado por el Canal, el modelo económico no reduce las desigualdades, y existe una marcada desconexión entre ciudadanos y gobernantes.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.
