Desde 1970 hasta 2025, 25 expresidentes latinoamericanos han sido sometidos a procesos judiciales.¿Qué revela esta tóxica relación entre el ejercicio del poder y el cumplimiento de las normas? ¿Hay soluciones posibles?
La historia política de América Latina está marcada por una constante tensión entre el poder y la justicia. Desde los años 70 hasta hoy, decenas de expresidentes han enfrentado procesos judiciales por delitos que van desde corrupción y fraude hasta violaciones de derechos humanos. Esta realidad no solo evidencia una debilidad institucional crónica, sino también una cultura política que ha normalizado el abuso de poder.
Veinticinco expresidentes latinoamericanos han sido procesados por delitos como corrupción, lavado de dinero y conspiración. La tabla que reúne estos casos es un testimonio contundente del problema.Entre los nombres figuran Evo Morales (Bolivia), Álvaro Uribe (Colombia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Rafael Correa (Ecuador) y Ricardo Martinelli (Panamá). Todos enfrentaron procesos judiciales que sacudieron a sus países: algunos fueron condenados, otros investigados, y unos pocos absueltos. El patrón es claro: el poder presidencial ha sido, con demasiada frecuencia, una plataforma para el enriquecimiento personal, la manipulación institucional y la impunidad.
La justicia llega tarde, pero llega
Uno de los aspectos más llamativos es que muchos procesos se inician cuando los mandatarios dejan el poder. Esto revela una justicia débil durante el ejercicio presidencial, pero activa cuando el poder político se desvanece. Es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por administración fraudulenta, y de Álvaro Uribe, bajo arresto domiciliario por fraude procesal y soborno. En otros, como el de Lula da Silva, la condena fue anulada por irregularidades procesales, lo que plantea dudas sobre la independencia judicial.
Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Por un lado, demuestra que la justicia puede funcionar, aunque con lentitud. Por otro, evidencia que los sistemas judiciales están expuestos a presiones políticas, lo que mina la confianza ciudadana en las instituciones. La percepción de que los poderosos solo enfrentan consecuencias cuando ya no tienen poder es corrosiva para la democracia.
¿Más de lo mismo?
En 2025, América Latina continúa enfrentando escándalos de corrupción y crisis institucionales. En Guatemala, el Ministerio Público es acusado de perseguir a jueces y fiscales independientes. En Perú, la inestabilidad política ha provocado la sucesión de varios presidentes en pocos años, muchos de ellos investigados por corrupción. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por el uso político de la fiscalía general. Y en Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 reveló los vínculos entre política y crimen organizado.
Estos hechos confirman que la relación entre política y justicia sigue siendo conflictiva. La impunidad, la manipulación judicial y la falta de transparencia continúan siendo obstáculos para el fortalecimiento democrático. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, reclama cambios profundos que permitan construir instituciones sólidas y confiables.
Cómo enfrentar el problema
Las propuestas para combatir la fragilidad institucional no son nuevas. En la región han proliferado reformas estatales y convenios internacionales para mejorar las capacidades institucionales. Sin embargo, las tareas pendientes siguen siendo numerosas.
Es necesario fortalecer la independencia judicial, garantizando que jueces y fiscales actúen sin presiones políticas. Ello implica reformar los sistemas de selección de magistrados, establecer mecanismos de control ciudadano y proteger a los operadores de justicia. La independencia judicial no es solo un principio democrático, sino una condición indispensable para combatir la corrupción.
La transparencia es otra herramienta clave. Los gobiernos deben implementar políticas de acceso a la información y promover el periodismo de investigación. La ciudadanía debe contar con mecanismos efectivos para fiscalizar a sus representantes y exigir rendición de cuentas.
Además, la lucha contra la corrupción no se gana únicamente en los tribunales, sino también con educación cívica. Es crucial fomentar una cultura democrática que valore la ética pública, el respeto a la ley y la participación ciudadana. La educación cívica debe ser parte central de las políticas públicas, no un accesorio nostálgico.
Una oportunidad para cambiar
La relación entre política y justicia en América Latina ha sido históricamente difícil, pero no está condenada al fracaso. Los procesos judiciales contra expresidentes, aunque tardíos, demuestran que la impunidad puede enfrentarse. Para que estos casos no sean excepcionales, se requiere un compromiso firme con la institucionalidad, la transparencia y la participación ciudadana.
América Latina tiene la oportunidad de transformar su cultura política. A pesar de la violencia y la presencia del crimen organizado, sigue siendo una región de paz y mayoritariamente democrática. Ese es un valor diferencial ante otras regiones con mayor influencia en la agenda internacional.
La ciudadanía está más alerta, los medios más activos y las redes sociales han democratizado la información. Si se fortalece la justicia, se educa en valores democráticos y se exige transparencia, el poder podrá dejar de ser sinónimo de impunidad y convertirse en sinónimo de responsabilidad.
El autor es doctor en ciencia política, magíster en estudios políticos y periodista. Coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, y editor de Diálogo Político.
