Cuatro horas después de un femicidio doloso frente a una comunidad pacífica, a menos de un minuto de la escena del crimen, el silencio de un pueblo conmocionado fue reemplazado por murgas y fuegos artificiales.
Mientras una familia lloraba a su hija, el presidente de la Asamblea Nacional anunciaba su postulación a la presidencia de su partido. Esta cruda escena resume una profunda y desgarradora desconexión de nuestra clase política con la realidad que viven nuestros pueblos. Mientras el país se desangra, ellos hacen fiesta.
A nivel mundial, 85,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2023, de las cuales 51,000 murieron a manos de su pareja o un familiar. Cada diez minutos muere una mujer o niña asesinada por alguien que supuestamente debía protegerla. En América Latina y el Caribe, durante el primer semestre de 2024 se documentaron 2,128 femicidios en dieciséis países, equivalente a doce femicidios diarios. La violencia no solo comienza con golpes; puede manifestarse desde un mensaje que busca controlar hasta amenazas de muerte que terminan por concretarse.
El femicidio no es solo el asesinato de una mujer por razón de género. Es una fractura moral que destruye el seno de la sociedad: la familia. Cada mujer asesinada representa la consumación de un ciclo de violencia que el Estado no logra interrumpir. Quien busca ayuda enfrenta un proceso judicial revictimizante y una sociedad que juzga en lugar de proteger.
Cada vez que en las noticias se presenta un caso de violencia, los comentarios suelen recriminar cómo se vestía, cuál era su vida personal, su familia o cómo actuaba. Nadie merece ni pide ser víctima. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a actuar para cambiar las cifras de vidas perdidas por sueños y suspiros recuperados? ¿O estamos condenados como sociedad a seguir jugando el papel de verdugos digitales en una batalla que, al parecer, solo unos cuantos no temen enfrentar?
Todos los días escucho a por lo menos una mujer decirme: “La calle no está de Dios”, “Ten cuidado”, “Me da miedo salir”, “Tengo temor de que la próxima sea yo”, “Ya me compré mi gas pimienta”. ¿En qué nos hemos convertido como sociedad para normalizar que no puedas salir de casa sin preocuparte por tu bienestar, temiendo si hoy tu familia llorará tu pérdida, si llorará porque te vulneraron o si, tan solo hoy, podrás volver a casa?
En Panamá, de acuerdo con el Ministerio Público, hasta septiembre de 2025 se registraron doce femicidios, nueve tentativas y quince muertes violentas. El Observatorio de Femicidios estima que más de cien menores han perdido a sus madres, una clara muestra de la ruptura familiar que no llega a los titulares. Estas cifras no reflejan las historias previas de acoso, control o manipulación que muchas vivieron, ni el doloroso proceso que sufren sus familias por la normalización del abuso, lo cual evidencia la magnitud del deterioro social que vivimos.
Las mujeres panameñas callamos, no solo porque no se nos escucha, sino porque nuestra sociedad nos obliga a reprimir el dolor que llevamos dentro. Nos juzgan y destruyen nuestra integridad si somos capaces de denunciar lo que nos pasó; nos condenan a vivirlo en silencio porque, en muchos casos, el agresor es parte de nuestra familia. Cuando el país se desangra, las autoridades son indiferentes. Las víctimas se vuelven números y deben cargar con la responsabilidad de mantenerse vivas, evitar al agresor y no fallar en el intento. El Estado establece una medida y pareciera que luego se lava las manos.
El “poco me importa” se refleja en instituciones abandonadas, presupuestos recortados y promesas vacías. La prevención no puede recaer solo en las mujeres. Debe ser una tarea colectiva en la que sociedad y Estado actúen juntos para educar, acompañar, escuchar y actuar antes de que sea tarde.
Basta de una clase política desconectada del dolor del pueblo y de una agenda que no previene la violencia. No podemos seguir escuchando gritos desgarradores de madres que, entre sus brazos, ven cómo sus hijas se desvanecen. No seamos cómplices. Seamos cambio.
La autora es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, activista social y miembro de JUXLAE.
