La corrupción en Panamá no puede entenderse como una suma de escándalos individuales ni como la desviación ética de determinados funcionarios. Su persistencia revela un fenómeno más profundo: una corrupción estructural incrustada en el funcionamiento del sistema político, administrativo y partidario. No se trata únicamente de personas, sino de prácticas normalizadas, redes de poder y ventajas institucionales que convierten lo público en un recurso privado.
Uno de los ejes centrales de esta corrupción estructural es la fusión entre Estado, partido político y mercado. En lugar de operar como esferas diferenciadas, estas dimensiones se superponen. El acceso al cargo público se traduce en acceso privilegiado a contratos y decisiones administrativas; la organización política funciona como plataforma de intermediación; y determinados sectores económicos dependen más de su cercanía al poder que de su competitividad real.
En este entramado emergen redes de intermediarios que fragmentan la responsabilidad y reducen el riesgo penal. En su forma más reciente, estas redes incorporan a familiares y círculos íntimos como operadores visibles de empresas, fundaciones o consultorías. El parentesco actúa como un escudo informal que dificulta la trazabilidad del beneficio final y normaliza el conflicto de intereses bajo la apariencia de actividades privadas.
El caso que ilustra al sistema
En medio del debate nacional sobre la corrupción, ha emergido recientemente un caso que, sin necesidad de nombres propios, condensa con precisión los rasgos de la corrupción estructural en Panamá. Se trata de una figura con trayectoria política visible, vinculada a investigaciones por el manejo de recursos públicos y beneficiada durante años por el entramado de relaciones que ofrece el poder institucional.
Lo relevante no es la persona, sino el patrón: acceso privilegiado al Estado, redes de intermediación, utilización del entorno familiar y una defensa política que se activa incluso antes de cualquier pronunciamiento judicial. El despliegue mediático asociado a este tipo de situaciones busca desplazar el debate desde los hechos hacia la victimización, la confusión deliberada y la relativización de la responsabilidad institucional.
Este episodio confirma que la corrupción estructural no opera en abstracto. Se manifiesta en casos concretos que revelan cómo el sistema protege a quienes han aprendido a moverse dentro de sus márgenes, activando mecanismos de autoprotección política y comunicacional.
Defensa oficiosa y despliegue mediático
Cuando estas estructuras se ven expuestas, surge casi de inmediato una defensa oficiosa desde el entorno político, independientemente del signo partidario. Antes de que las instancias judiciales se pronuncien, se activa un despliegue mediático organizado destinado a controlar el relato público. Vocerías sincronizadas, opiniones favorables sin sustento técnico y silencios estratégicos sustituyen el análisis riguroso de los hechos.
Este fenómeno no busca esclarecer responsabilidades, sino administrar la crisis. Al trasladar el juicio al terreno mediático, el relato reemplaza a la prueba y la opinión sustituye al debido proceso. La consecuencia es una erosión progresiva de la confianza ciudadana en las instituciones de control y en la justicia misma.
Ventajas institucionales y autoprotección del poder
El núcleo de la corrupción estructural en Panamá reside en el uso sistemático de ventajas políticas e institucionales. El acceso anticipado a información, la influencia en nombramientos, la administración selectiva de la norma y la cercanía con los órganos de control generan una desigualdad estructural ante la ley.
El daño más profundo no es solo patrimonial, sino democrático. Cuando ciertas élites pueden blindarse mediante el aparato institucional y mediático, la corrupción deja de ser una anomalía para convertirse en un método de gobierno.
Desmontar esta realidad exige algo más que sanciones individuales. Requiere cuestionar y desmontar las ventajas institucionales que hacen rentable, discreta y persistente la corrupción. Mientras el poder pueda protegerse a sí mismo, la impunidad seguirá siendo parte del sistema.
El autor es analista y especialista en ciencias sociales.
