Recientemente, la canciller de la República hizo un llamado responsable para discutir estándares globales y universales frente a la tendencia de mantener a Panamá en las listas discriminatorias. Lo hizo en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en Argentina el año pasado. La canciller aprovechó la oportunidad para denunciar ante los países miembros de esta comunidad, que esta situación afecta el desarrollo y crecimiento económico nacional, por lo cual expresó lo siguiente: “Quiero hacer uso de este espacio y aprovechar que los tengo presente para expresar de manera rotunda el compromiso de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo, pero también quiero dejar claro que a pesar de los grandes esfuerzos para su exclusión de listas discriminatorias que afectan el desarrollo, el crecimiento económico y la atracción de inversiones de mi país, existe una tendencia de mantenernos dentro de las mencionadas listas”. Agregó que los fundamentos y estándares para estas listas son creados por organizaciones en las que inclusive algunos de sus miembros mantienen una opacidad que pudiese facilitar la evasión y no son contundentes ni en la prevención ni en la persecución de este tipo de actividades. Añadió que preocupa que el trato no sea igualitario, por lo que realizó un llamado responsable a que se discutan estándares globales y universales de esta materia, “en foros verdaderamente participativos e inclusivos”, destacando también los logros de Panamá en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico.
No le falta razón a la canciller cuando de manera atinada el economista Francisco Bustamante agrega lo siguiente: “I. Los depósitos internacionales bancarios, así como la inversión extranjera directa (IED), en Panamá, no guardan relación con los montos que se mueven en los mercados internacionales lícitos e ilícitos; II. La participación de sociedades anónimas creadas en Panamá, comparadas con el mercado mundial es irrisoria. Apenas el 0.27% de ese mercado; y III. Las jurisdicciones más comprometidas en la creación de sociedades anónimas, la evasión fiscal y la mayor participación de depósitos bancarios, son los mismos países que demandan de Panamá ajustes en sus sistemas”.
Por consiguiente, es falaz pretender que un país que mantiene $83 mil millones en depósitos bancarios, de los cuales solamente $30 mil millones son extranjeros, constituya una amenaza frente a los 7.9 trillones de euros de depósitos en centros internacionales, como igualmente falaz sería considerar los $54 mil millones en IED que tenía Panamá al 2018, como una amenaza frente a los $1,760 trillones de movimientos internacionales de IED.
En síntesis, la existencia de instrumentos jurídicos panameños es mínima en comparación con los países que dominan el mercado. Mientras que el movimiento económico al que accede Panamá por concepto de depósitos bancarios o de IED es insignificante cuando se compara con la circulación ilegítima identificada en los mercados mundiales que utilizan los mecanismos de sociedades en los llamados paraísos fiscales, para ocultarse (albergando Países Bajos, Luxemburgo, Hong Kong, BVI, Irlanda, Islandia, Bermuda y Singapur más del 85% de la inversión mundial en entidades de propósito especial, las cuales a menudo se establecen por motivos fiscales, IMF, Perforando el velo, 2018).
Los esfuerzos de Panamá por las magnitudes involucradas resultarán triviales en el compromiso mundial de reducir o mitigar la presencia de esos flujos de dinero ilícito a un gran costo nacional, porque no tenemos la relevancia ni la trascendencia que se nos endilga como facilitador en el ocultamiento de dinero proveniente de delitos, sea de lavado o de impuestos evadidos de países o personas. El problema panameño es otro (falta de condenas, narcopolítica, impunidad, corrupción, derroche de fondos públicos, etc.), pero explicarlo sería motivo de otro artículo.
A pesar de lo anterior, Gafi decidió mantener a Panamá en su lista gris en su revisión de 2023, por su supuesto “incumplimiento” al plan de acción que expiró en enero de 2021. Ante esto, el MEF dijo: “Panamá demostró que tiene la habilidad para investigar y perseguir el blanqueo de capitales que tiene delitos fiscales extranjeros como precedente, porque fortaleció sus capacidades legales e institucionales a través de una fiscalía especializada en investigaciones de lavado de dinero para delitos fiscales cometidos en el extranjero. Además, dio inicio a 10 investigaciones de posibles delitos fiscales extranjeros y ha obtenido dos condenas y decomisos por este tipo de delito”. Pero sin explicar o aclarar porque, de ser esto cierto, seguimos en las listas.
Pero lo más paradójico ha sido el silencio de la ministra de Relaciones Exteriores frente a la actitud del Gafi de mantenernos en listas grises, después de habernos asombrando positivamente con sus palabras en la última reunión del Celac, demostrándonos que Panamá carece de una política exterior uniforme, porque esta se maneja y ejecuta sin firmeza, por bien intencionada que esté la jefa ministerial, por cuanto no proyecta un mensaje que transmita permanencia, aceptación y reconocimiento. No se utilizan con eficacia los medios que el derecho internacional público pone en nuestras manos para salvaguardar los intereses del Estado. Tampoco se obtienen con aisladas, ocasionales o esporádicas declaraciones, los efectos necesarios para elevar la política exterior panameña a través de una defensa firme y consistente del interés nacional en el tema de las listas.
Si otrora Panamá estuvo bajo aparente jurisdicción de Estados Unidos por conflictos relacionados con la antigua zona del canal, hoy está prácticamente bajo jurisdicción del Gafi, Ocde y la Unión Europea (UE). Ha llegado el momento de echar las bases de una política exterior permanente, aceptada y reconocida que, en el tema de las listas, deje a un lado la complacencia por acción u omisión y establezca postulados, beneplácito y aprobación general a través de la diplomacia, la academia y el derecho, lo suficientemente claros e idóneos para servir de cimiento a una acción política del Estado firme, sólida, estable e inmutable en el ámbito supranacional.
El autor es abogado
