En la sociedad panameña es común escuchar que los contactos y las relaciones personales tienen un gran peso en comparación con títulos o experiencia. En algunos casos, puestos públicos y privados, así como becas y auxilios económicos, pueden ser otorgados basándose en el amiguismo y en referencias personales, en lugar de los logros académicos y profesionales de una persona. Esta situación se presenta a diario, hasta el extremo de que en muchos casos ni siquiera se percibe cuando ocurre. Un ejemplo de ello es el de los auxilios económicos y becas para los jóvenes del Concurso Nacional de Oratoria, que nunca fueron entregados.
El concepto clásico de meritocracia se basa en que el acceso a cargos y posiciones, tanto en el ámbito público como en el privado, debe realizarse tomando en cuenta únicamente las capacidades, competencias y logros demostrados por cada persona. Esta compite por la posición deseada junto a otros candidatos que poseen hojas de vida iguales o superiores. Es decir, se trata de elegir a la mejor o a las mejores personas para un determinado puesto, sobre todo cuando este conlleva una gran responsabilidad.
La meritocracia no solo se fundamenta en el principio de que el talento y el esfuerzo individual son elementos clave para la eficiencia y el progreso, sino que también aporta beneficios significativos a la sociedad. No obstante, su implementación en Panamá enfrenta graves desafíos y obstáculos, ya que nuestra realidad a menudo genera prácticas contrarias a lo que debería ser un sistema verdaderamente meritocrático.
Hablar de la meritocracia en Panamá implica abordar un tema extremadamente complejo, caracterizado por la tensión entre el ideal de recompensar el esfuerzo y las realidades de desigualdad, clientelismo y falta de oportunidades equitativas. Por un lado, el sector público ha utilizado históricamente prácticas de contratación basadas en conexiones políticas y personales, sin considerar criterios de preparación y evaluación profesional. La mayoría de los nombramientos se realizan mediante designaciones directas o por recomendaciones y favores, como los proporcionados a donantes de campaña. Estas prácticas afectan negativamente la eficiencia gubernamental, erosionan la calidad del servicio público y generan una creciente desconfianza entre la ciudadanía. Es importante reconocer que esta problemática no es exclusiva del sector público, ya que también se observa en la empresa privada; allí, el favoritismo y el nepotismo desplazan a los candidatos más preparados y capacitados, repercutiendo en la productividad y competitividad de las empresas. Además, cuando empresarios del sector privado ingresan al sector público, tienden a trasladar estas prácticas inapropiadas.
Es fundamental reconocer que Panamá enfrenta serios desafíos estructurales. A pesar de algunos avances, seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina, y cada año la brecha entre los más ricos y los más pobres se amplía. La clase media se encuentra cada vez más afectada. Existen profundas desigualdades socioeconómicas, clasistas, de género, étnicas, racistas y territoriales que hemos normalizado y, a menudo, no reconocemos cuando nos enfrentamos a ellas. Estas desigualdades limitan el acceso a una educación de calidad y dificultan la obtención de un empleo digno, lo que impide que la meritocracia funcione eficazmente. La herramienta principal para combatir estas desigualdades es garantizar una educación de calidad, accesible para todos por igual. En contextos de alta desigualdad, se perpetúa un círculo vicioso que fomenta la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades, lo cual se traduce en mayores índices de desempleo, delincuencia y en una oferta educativa insuficiente, limitando la creación de espacios en los que las personas puedan progresar en igualdad de condiciones.
La meritocracia enfrenta desafíos debido al clientelismo, especialmente cuando la administración pública es percibida como un “botín político” por el gobierno en turno. En estos casos, los nombramientos y remociones se realizan con base en el partidismo o en las conexiones personales, en lugar de en los méritos individuales. Actualmente, la plantilla gubernamental es una de las más amplias en nuestra historia, y son pocos los cargos que se obtienen a través del sistema de carrera administrativa, lo cual evidencia una aplicación limitada de la meritocracia.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que existe un sector de la población que cuenta con privilegios. A estas personas se les abren puertas de par en par según el apellido familiar y el político en turno, lo que, en la práctica, se traduce en acceso a las mejores escuelas, redes de contactos o recursos heredados que tienden a dominar las posiciones de poder. Es bien sabido que en los cargos públicos en Panamá se repiten con facilidad los mismos apellidos; por ello, se afirma que es necesario combatir los sistemas de privilegio que benefician a la clase pudiente.
La desigualdad de oportunidades es evidente, sobre todo, cuando hablamos de “escuelas rancho”, falta de agua potable, pobreza en el interior del país, alcantarillado deficiente, y carencia de educación y becas, entre otros aspectos. Esto se debe a que no todas las personas parten de condiciones similares, lo que impide que todas puedan competir en igualdad. Un ejemplo clásico de ello es el de las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, que enfrentan mayores obstáculos.
En Panamá, la meritocracia es a menudo promovida como un ideal durante las campañas políticas, pero una vez en el poder se tiende a olvidar este compromiso. Aunque es un tema recurrente en discursos y mítines políticos, no se traduce en una lucha efectiva contra el clientelismo, la desigualdad estructural y la dependencia de contactos. A pesar de algunos avances en la realización de concursos públicos, la falta de igualdad de oportunidades sigue siendo un reto significativo. Para que la meritocracia sea verdaderamente efectiva, es indispensable implementar políticas públicas y planes de Estado que garanticen la equidad en el acceso a la educación, los recursos y los empleos, disminuyendo así la influencia de factores como la política y el poder económico.
Las reformas estructurales necesarias en Panamá incluyen una reforma integral del sistema educativo, así como la profesionalización del sector público mediante concursos públicos auténticos que permitan el ingreso a la carrera y la progresión hacia puestos más altos por mérito propio, sin la influencia del gobierno en turno. También es necesaria la promoción, capacitación y financiación de emprendimientos en sectores clave y en poblaciones vulnerables, como la agricultura y el turismo en zonas rurales e indígenas. Además, es crucial implementar la digitalización del sector público para garantizar la transparencia en los procesos de selección —incluyendo becas, empleo y concursos— con el fin de eliminar la influencia política y asegurar que las personas más calificadas sean escogidas. Estas reformas deben ir acompañadas de una transformación del sistema de justicia para combatir la corrupción mediante la transparencia y la rendición de cuentas, y de políticas de inclusión que promuevan una cultura meritocrática tanto en el sector público como en el privado. Las soluciones deben involucrar no solo al gobierno, sino también al sector privado, la sociedad civil y otros organismos, para su aplicación efectiva en la sociedad.
En conclusión, el debate sobre la meritocracia en Panamá no se limita únicamente a las políticas de contratación laboral, sino que refleja cambios mucho más profundos en cuanto a la distribución de oportunidades y la justicia social. Si realmente queremos eliminar estas prácticas, es necesario comprometernos genuinamente con la transparencia, la equidad y la profesionalización.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.
