Todo parece indicar que, pese al oportuno talante fuerte del presidente José Raúl Mulino, caracterizado además por una dosis de sencillez y empatía sincera, matizada por desafortunados destellos de soberbia y prepotencia, sumado al incuestionable acierto de haber conformado un gabinete de lujo, excepción hecha de dos de sus ministros que resaltan como mosca en leche por ser un plomo, a saber, la ministra de Educación y el ministro de Ambiente, —este último recordado sobre todo por sus fulmines, inoportunas y genuflexas declaraciones en favor de Martinelli—, ello no ha sido suficiente para contrarrestar el pesado lastre de los otros dos poderes del Estado, así como de muchas importantes instituciones públicas, que continúan a todas luces preñadas de la misma corrupción, que por décadas ha obligado al pueblo panameño a acostumbrarse a sus malsanos y delictivos comportamientos.
A manera de ejemplo, tomemos la deleznable e irreverente actuación de la Corte Suprema de Justicia, al auto-otorgarse un aumento salarial de $10,000.00 a $14,000.00 mensuales, no conformes con lo cual todavía pretenden establecer, o al menos mantener en suspenso, una ley especial de jubilación con el último salario, amparados en acuerdos administrativos de recámara entre ellos. Claro, para no quedarse atrás, no podían faltar los magistrados del Tribunal Electoral, reclamando y obteniendo similares privilegios, alegando que se ajustan a la ley. —Si es legal es correcto—, declaró recientemente sin un atisbo de rubor el magistrado Luis Guerra ante los medios.
La desfachatez de la CSJ en verdad está pasada de la raya. Ahora, en lugar de cumplir su función de administrar justicia como corresponde en derecho, han decidido hacerse los democráticos y abrir un período de consultas por un término de 10 días, para que todo aquel ciudadano que lo desee pueda presentar alegatos u opiniones en torno a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el contralor Anel Flores contra el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC), como si este delicado, complejo y candente asunto fuera tan solo un frívolo concurso de escogimiento de la próxima reina del carnaval capitalino. ¿O es que acaso algún ciudadano que se interese en opinar con seriedad sobre el tema podría legalmente tener acceso a las pruebas y documentación presentadas por el contralor Flores y el procurador Gómez a la CSJ y, de paso, de ser esto posible, le quedaría tiempo siquiera para leer y sopesar las mismas dentro del plazo dado?
El otro ejemplo emblemático de corrupción, oportunismo y bellaquería lo podemos encontrar de sobra y hasta el aburrimiento en la flamante Asamblea Nacional, con los escandalosos matraqueos recientes para la conformación de las Comisiones de Trabajo, sin olvidar los intentos —hasta ahora fallidos— de aprobar una ley para salvaguardar la impunidad de delincuentes y corruptos condenados o por condenar, pasando por la insultante y vergonzosa escena de ver durante meses, colgados en el recinto parlamentario, letreros por doquier solicitando la “liberación de la ballena” como si de un estreno cinematográfico se tratara.
Y qué decir de la también escandalosa propuesta de ley del actual presidente de la Asamblea, el diputado panameñista Jorge Herrera, al intentar aumentar las dietas por reunión de los miembros de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización y otros beneficios económicos en favor de las autoridades municipales, lo cual, aparte de ser incongruente con la realidad, entra en abierta contradicción con el régimen de austeridad fiscal para frenar el gasto público propuesto por el presidente Mulino y el ministro Chapman. Al menos, imagino, más por vergüenza que por convicción, el diputado Herrera tuvo la precaria decencia de retirar prontamente dicha propuesta.
El Ifarhu y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tampoco se podían quedar atrás. La propuesta del director del Ifarhu, Carlos Godoy, de mantener en la institución el otorgamiento de los cuestionados auxilios económicos, de los que él mismo fue beneficiario en el pasado reciente con un auxilio por $23,600.00 para estudiar cursos virtuales en Francia, constituye una verdadera osadía que se convierte en motivo de doble suspicacia, al contar con el aval de la directora de Antai, Sheyla Castillo, que sugiere además que bajo ninguna circunstancia puede darse a conocer el nombre y la cédula de los beneficiarios de dichos auxilios, puesto que —la protección de datos de los menores de edad es clave—. O sea, debemos entender que: ¿es tanta la vergüenza que puede llegar a sufrir un menor si se llega a conocer su identidad al recibir un auxilio económico del Ifarhu? ¿Entonces qué es lo que han cambiado para adecentar esta institución y diferenciarla del pasado?
En síntesis, mientras no se produzca el alineamiento de los planetas entre las instituciones del Estado, en la dirección correcta que el presidente y su gabinete intentan impulsar, todo esfuerzo será en vano. Para ayudar un poco, nos toca como sociedad seguir avergonzando a los corruptos y a los oportunistas cada vez que surja la ocasión para ello.
El autor es pintor y escritor.
