En una acalorada rabieta, antes de la pandemia, el presidente de la República diría que no toleraría la corrupción. Agregaría que los recursos del Estado son sagrados. Gritó de manera desbocada y altanera que en este gobierno no se necesitaba pagar ninguna coima, sobreprecios ni fue electo para rebuscarse. Fue aquel momento cuando vociferó que no estaba hecho de “leche condensada”. Agregó que cuando lo pusieran a prueba, botaría y llevaría al Ministerio Público a funcionarios corruptos. Le exigió, desde el contralor hasta fiscales y jueces, que se amarraran los pantalones y añadió que no estaba para andar con jueguitos. Pero cuando medimos el comportamiento del presidente con relación a la corrupción, sus decisiones han sido en contra de la transparencia y la rendición de cuentas.
El Ifarhu se resiste a publicar la identidad de los beneficiados de becas y auxilios económicos, como de los montos otorgados (ya sabemos porqué). La Ampyme no publica la distribución de los recursos para los emprendimientos en Panamá. Se desconoce cómo la CSS administra sus nombramientos, los cuales superan la cifra de 35 mil servidores públicos, lo que no impidió la “perdida” de 19 mil ampollas de fentanilo sin ninguna consecuencia administrativa, avance judicial o reacción firme del presidente (actúa como si se hubiesen robado caramelos).
La Alcaldía de Panamá entregará $500 mil en bonos y la de Capira, $400 mil, con total libertad y discreción a víspera del torneo electoral.
En febrero 2021, Cortizo le pidió la renuncia a la entonces gobernadora para colocar a quien era subdirectora del Senniaf y, de alguna manera, desvincularla del escándalo de los niños abusados. En medio de la pandemia y con la prohibición de reuniones con más de 10 personas, el PRD realizó una reunión ilegal en Parrillada Jimmy, por la cual fueron multados el partido y el restaurante con la suma de $50 mil cada uno, por el Minsa. En la reunión estuvo la ministra de Trabajo, pero el presidente ni siquiera se enteró. Reunión sorprendentemente autorizada por la entonces ministra de Salud como miembro que era del CEN, pero ésta sí fue destituida (aunque por otras razones). Para esa misma época de pandemia y en el medio de un entierro multitudinario en Santa Ana, de una funcionaria asesinada y militante del PRD y al que asistió la ministra consejera, el presidente la dispensó. Mientras tanto, a ciudadanos que salían a pasear perritos, la policía les caía a palos. También, en plena pandemia, cuatro funcionarios son aprehendidos por apropiarse de 509 bolsas de comida (estaban en la casa de uno de ellos). Tres de los cuatro involucrados dejaron sus puestos, pero uno de ellos sigue en el cargo de coordinador de planes y programas de la Presidencia.
El tema de la Lotería es más comprometedor. Desde el 1 de julio de 2019, cuando toma posesión el actual gobierno, cinco personas se ganaron el Gordito del Zodiaco aquel año y una en el 2020 en solo dos sorteos realizados debido a la pandemia y uno en abril de 2021 (el primero llevado a cabo ese año). Este último premio generó tal escándalo, que después de esa fecha nadie lo gana (qué casualidad). Aun así, el presidente no dijo ni pío ni tocó a un solo funcionario. Con el agravante de que habiendo estado el Molirena administrando la Lotería también en el gobierno de Varela, en aquella administración ganaron el Gordito del Zodiaco siete personas en 2019 (antes de tomar posesión Cortizo) y nueve personas en 2018. Por supuesto que nadie investigó nada y para el presidente Cortizo, el Molirena es la mejor opción para la Lotería (al fin y al cabo, pensará que ese partido lo puso en la Presidencia).
Grandes navieras turísticas piensan retirarse de Panamá ante la exigencia de las autoridades de que solo una empresa, ligada a un diputado de gobierno, les suministre el combustible. Mientras que la portuaria PPC es beneficiada con la renovación de la administración de los puertos por 25 años más, frente a una auditoría secreta realizada por la Contraloría. El Gabinete aprueba someter sus actas al acceso restringido por 10 años, mientras que la Asamblea no somete a su ratificación (ni el Ejecutivo reacciona) el tratado de extradición Panamá-Italia, beneficiando esta inacción a condenados por corrupción.
Un exalcalde de Arraiján del PRD condenado a siete años por peculado con sentencia ejecutoriada, continúa prófugo. Su jefe de recursos humanos, también condenado, estuvo fugado hasta ser ubicado en un retén y apresado. Pero ahora, el Ministerio de Gobierno pretende beneficiarlo con la rebaja de una pena que esquivó por cuatro años. Siendo el actual ministro quien lo incluye en la lista de beneficiados, tal vez por ser seguido y admirado en Twitter por el convicto delincuente mientras era un evadido de la justicia.
En este periodo de gobierno han asesinado al subdirector del Registro Público, a un exdiputado, al abogado del alcalde de Colón, a un suplente de representante en Colón, al yerno de un representante en Pacora y a una funcionaria de la Presidencia (todos ellos pertenecientes al PRD). Mientras que otro funcionario de este ministerio y miembro del PRD, fallecido por causas naturales, siguió cobrando una licencia con sueldo después de muerto los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020, según planillas publicadas aquellos meses. Además, este gobierno contrató condenados por delitos penales como el director de Bienes Patrimoniales del MEF (sentencia ejecutoriada por falsedad de documento y ejercicio ilegal de la abogacía), el embajador en Polonia y concurrente en Ucrania (dos instancias por delitos ecológicos), la primera secretaria de Senadis (acuerdo de pena por lesión patrimonial), en adición a las condenas obtenidas por el representante de Calidonia (en primera instancia, por peculado), el representante de San Felipe (sentencia ejecutoriada por peculado) y la representante de Chilibre (por peculado, también condenada por el Tribunal de Cuentas), todos del PRD.
Corrupción, inseguridad, impunidad, narcopolítica, entre otras “virtudes”, serían el gran legado de quien una vez dijera que no estaba hecho de leche condensada.
