El Estado panameño ha sido la construcción racional más importante de orden político y social con la que la nación, desde sus inicios, ha intentado enfrentar el caos y la inestabilidad para garantizar el bienestar de su población, la convivencia común y el orden. La razón de su existencia y funcionalidad ha estado siempre ligada a preservar el orden, evitar el caos y permitir la convivencia pacífica en un ambiente de paz.
El Estado panameño, sabiamente, ha reclamado para sí la administración y el uso legítimo de las armas y la violencia a beneficio de la seguridad y protección de su población, así como la defensa de sus intereses nacionales. Solo a través del Estado es permitido el uso de la coerción mediante sus leyes, tribunales y fuerzas del orden.
El uso legítimo de las armas no puede dejarse en manos de cualquiera ni de aficionados sin disciplina ni preparación. Debe estar bajo la responsabilidad del Estado panameño, a través de instituciones fuertes y profesionales, porque lo que está en juego es la seguridad de los ciudadanos, la integridad del territorio y la paz necesaria para que la democracia pueda existir.
Comprendido esto, el Estado panameño se reserva el uso legítimo de las armas para la seguridad, y lo hace mediante sus instituciones sólidas, constituidas por profesionales de la seguridad certificados, como la Policía Nacional, el Senafront y el Senan, que poseen tres atributos esenciales:
Experiencia: especialistas en un campo tan complejo, volátil y peligroso como la seguridad y la defensa, desarrollan una gestión organizada y profesional para proteger a la población, el territorio y los intereses de la nación panameña en cualquier escenario, ya sea operativo o humanitario, siempre en constante capacitación y superación para servir mejor.
Responsabilidad social: a diferencia de otras profesiones o sectores particulares, la unidad de la fuerza pública está al servicio de los intereses de la nación panameña. Su lealtad es absoluta al país, y ese amor por la patria trasciende los intereses individuales, los peligros y los horarios extensos, exponiendo sus vidas y situando a Panamá por encima de todo.
Institucionalidad: la base de su estructura y la fortaleza de su cohesión radican en el amor a la patria, en el sentido de pertenencia y en el orgullo de servir. Todo esto se refuerza con la disciplina como columna vertebral de la institucionalidad, que sostiene sus tradiciones, valores y normas propias, manteniéndolos erguidos a pesar de las dificultades.
El escenario actual de seguridad es complejo, altamente volátil y peligroso. Los panameños están constantemente amenazados por factores de inestabilidad como el crimen organizado y sus derivados: tráfico de drogas, armas, sicariato, cibercrimen y desastres naturales, con una dinámica cada vez más acelerada que supera las capacidades de los Estados para proteger a sus ciudadanos.
Basta observar la realidad de nuestros vecinos —Colombia, Honduras y México— para comprender que ha llegado el momento de fortalecer las bases, la estructura y la cohesión de nuestra fuerza pública, no de debilitarla.
¿Qué justifica debilitar la base y estructura de las instituciones de seguridad, que son el muro de defensa contra amenazas tan peligrosas para Panamá?
¿Es coherente debilitar la moral de nuestros hombres y mujeres de uniforme con el cambio del sistema de retribución salarial, aunque no sea funcional, resulte más costoso para el Estado y genere grietas en las estructuras de su institucionalidad?
La política es el proceso de toma de decisiones que involucra a gobernantes y gobernados con un fin común: la resolución de los problemas públicos. Y eso se logra mediante el debate coherente, atacando las ideas, no a las personas.
En esta guerra contra la inseguridad, los errores tácticos y operativos pueden corregirse, pero los estratégicos no tienen vuelta atrás.
El autor es abogado penalista, militar de carrera y docente universitario.
