Con todo respeto, extraigo esta frase de la liturgia eucarística católica, pues frente a los últimos acontecimientos en nuestro país, de crisis social que generaron protestas y con miras a las próximas elecciones del 5 de mayo, esta frase me genera la reflexión profunda de que deberíamos cumplirla como sociedad literalmente. Y debo citar algunas de las situaciones que reclaman esta medida urgente:
La escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Deben ser profesionales probados, sobre todo honestos y que no respondan a intereses particulares, sino que den cuenta a la ley, a la sociedad y al Ser Supremo. Es una oportunidad única y pertinente para cada presidente que en su periodo haya designaciones de magistrados; que, por la búsqueda de la justicia, designe a magistrados no perfectos, pero dispuestos a ser servidores públicos en todo el sentido de la frase.
La Asamblea Nacional debe reformar y ajustar el Reglamento Interno de este órgano: que quien no trabaje no cobre salario, como sucede a cualquier trabajador(a) que no justifique su ausencia. Somos iguales ante la ley, no debe haber fueros ni privilegios. Como panameño, defiendo la institucionalidad de los órganos del estado, no las conductas de sus miembros, quienes, en algunos casos, dañan su reputación. Si no hay credibilidad, se pierde el orden y el respeto.
Nombramientos de personas idóneas en cargos públicos. No importa si son o no del partido gobernante, si las hay entre las filas del colectivo político, excelente; y si no, se deben contratar personas con las competencias para el desempeño de sus responsabilidades y que sirvan a la colectividad, no a sí mismos, al partido, a sus familias o a sus amigos.
La educación y formación. Sabemos que hay que mejorar nuestros sistemas educativos y formativos, y hay avances significativos mediante ejercicios positivos de diálogo social que arrojan resultados y hojas de ruta para planes de acción, pero necesitamos voluntad política y experticia técnica combinadas para alcanzar las metas planteadas.
La educación preescolar, básica general y media tiene su propuesta consensuada por mesas de diálogo social, recogidas en el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme); debemos garantizar su implementación cuando lo recogido permita avanzar en el sistema educativo.
La formación técnica (2014), según la Alta Comisión de la Política Pública de Empleo en ocupaciones técnicas y profesionales, aunque se hizo varios años atrás, aún mantiene vigencia. Las brechas entre una demanda de profesiones técnicas que exige el mercado laboral y una oferta de formación no pertinente ni coherente con las competencias que necesita la formación técnica deben atenderse. La articulación de los institutos técnicos del Ministerio de Educación, del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, el Instituto Técnico Especializado, institutos técnicos privados y algunos dentro del sistema de algunas universidades, es necesaria.
El diálogo social es un camino que se debe recorrer en muchos temas de alto impacto en nuestro país (migración, empleo, políticas públicas, medidas anticorrupción, reformas electorales, sistema de estudios de prospección y proyección de los tipos de empleos que se necesitarán en nuestro país, entre otros).
En todos los sectores, “es justo” que articulemos por el bien común, “es necesario”, pues tenemos un momento sociohistórico coyuntural apropiado, y por último “es nuestro deber”, como responsables de dejar un país mejor para niños, niñas y jóvenes. Podría ser nuestra “salvación”, pues de otro modo podríamos enfrentar situaciones políticas, sociales y económicas críticas que afectarían nuestra estabilidad como país y nuestra tan anhelada democracia, basada en la participación ciudadana.
El autor es psicólogo social y laboral.