En Panamá, hablar de salud pública es hablar de una crisis sistémica. Los eventos recientes en el Hospital Nicolás A. Solano evidencian una realidad que trasciende este nosocomio: el sistema público atraviesa una crisis que impide brindar atención digna. Un lugar que debería ser sinónimo de esperanza y sanación se ha transformado en escenario de burocracia, carencia de insumos básicos y, dolorosamente, ausencia de humanización en el trato.
El Hospital Nicolás A. Solano fue declarado oficialmente en crisis debido a múltiples problemas estructurales y presupuestarios. La declaración respondió al urgente reemplazo de los equipos de climatización instalados en el año 2000. Este hospital, que atiende a más de 650 mil habitantes de cinco distritos de Panamá Oeste, enfrenta una saturación extrema: solo en su área de urgencias atiende anualmente a más de 67 mil pacientes. En lo que va de 2025 ya han acudido más de 38 mil personas.
La gravedad de la situación se refleja en las investigaciones en curso. El fiscal superior de Homicidios de Panamá Oeste, Luis Alberto Martínez, informó que el Ministerio Público investiga 15 casos de presunta negligencia médica en este nosocomio. Estos incluyen desde muertes maternas hasta quemaduras accidentales durante procedimientos médicos.
El sistema de salud pública padece deficiencias crónicas que van más allá de un hospital específico. La Organización Panamericana de la Salud identificó como principales desafíos la desigualdad en el acceso a los servicios y la complejidad de los perfiles epidemiológicos. El déficit de especialistas es alarmante. El hospital carece de cardiólogo, nefrólogo y gastroenterólogo, y no cuenta con suficientes ginecólogos para cubrir los turnos, según el director del centro. Esta carencia se replica en múltiples hospitales del país, creando un cuello de botella.
La crisis tiene múltiples responsables. Por un lado, las autoridades gubernamentales no han asignado recursos suficientes ni garantizado una gestión eficiente de los fondos disponibles. Por otro, algunos profesionales de la salud han perdido la vocación de servicio, priorizando intereses económicos sobre el bienestar de los pacientes y mostrando actitudes poco empáticas hacia quienes más los necesitan.
El problema contrasta con las prioridades presupuestarias. Mientras el hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera cuenta con un presupuesto anual cercano a los $20 millones, a pocos metros se construye el estadio de béisbol Mariano Rivera, con una inversión de $41 millones, lo que evidencia una desproporcionada asignación de recursos públicos.
No todo es negativo en el panorama sanitario. Panamá dispone de una red de hospitales y policlínicas en todo el territorio que, en teoría, deberían garantizar el acceso universal a la salud. El país ha iniciado procesos de modernización digital: el Ministerio de Salud, en colaboración con la OPS, lanzó la Estrategia Nacional para la Transformación Digital del Sector Salud. También implementó el Sistema de Información de Recursos Humanos de Salud, que digitaliza las tareas de registro del personal médico. Estos avances tecnológicos deben acompañarse de inversión en infraestructura física y en recursos humanos.
La transformación del sistema sanitario exige un enfoque integral. Es imperativo combatir la corrupción que desvía recursos destinados a la salud. El Presupuesto General del Estado 2025 contempla asignaciones importantes para el sector, que pueden garantizar el abastecimiento de medicamentos y la mejora de la infraestructura hospitalaria.
Se requiere incrementar la formación de especialistas mediante alianzas estratégicas con universidades. La implementación de programas de telemedicina puede ampliar la cobertura en áreas rurales, mientras que la construcción de hospitales regionales de menor escala ayudaría a descongestionar los centros urbanos. La participación ciudadana y del sector privado también es fundamental.
El acceso a servicios de salud dignos no debe ser un privilegio. Un país que aspira al desarrollo económico sostenible no puede permitir que sus ciudadanos mueran en salas de emergencia por falta de especialistas, equipos de climatización funcionales o camas disponibles.
La solución demanda voluntad política genuina, compromiso profesional renovado y participación ciudadana activa. Solo mediante este enfoque tripartito la salud pública dejará de ser el adversario de la población y se convertirá en el aliado que todos merecemos.
La autora es egresada del egresada del LLAC 2025.
