Los últimos cinco ejercicios “democráticos”, en los que se ha llamado a elecciones presidenciales, se han caracterizado por la escogencia de personajes cuya incompetencia, corrupción y carencia de patriotismo han socavado lo que pudiera considerarse un verdadero sistema democrático. Panamá lleva varias décadas enfrentando múltiples crisis, desde lo institucional hasta lo económico. Dicho de otro modo, ante la falta de líderes, siempre se opta por quien logra venderse como “el menos malo”, en un mar de mediocridad. Está claro que la mayoría de las dos terceras partes no se equivocó al negarle el voto al candidato electo.
El actual mandatario fue elegido hace un año por solo una tercera parte de los votantes, producto de una alianza entre un convicto y un personaje con ansias de poder. Esa alianza no solo lo llevó a la Presidencia, sino también permitió que un grupo de legisladores, hoy mayoría en el Legislativo, controlara diversas comisiones. Desde allí han legislado a su antojo, bajo el lema implícito de “¿qué hay pa’ mí?”, negociando votos a cambio de prebendas o favores.
Pareciera que hoy hay un rayo de luz para Panamá: se derrotó al llamado “Cartel de las Sanguijuelas”, frustrando su aspiración de perpetuarse en el poder y desenmascarando el respaldo que le brindaron ciertos sectores del estamento, en nombre de acuerdos oscuros.
Al inicio, al presidente y a su equipo se les concedió el beneficio de la duda. Pero esa duda se disipó durante los primeros 365 días de gestión. El descontento aumentó ante la falta de respuestas al clamor nacional: erradicación de la corrupción, control del gasto público, acceso a agua potable en muchos sectores, creciente desempleo —agravado por el retiro de la bananera Chiquita, el cierre de la mina de cobre y un dudoso memorándum de entendimiento que ha dejado mal sabor a muchos—.
La falta de coherencia en las decisiones gubernamentales ha impedido respuestas eficaces ante las protestas ciudadanas. Estas, en algunos casos, degeneraron en actos vandálicos que atentaron contra la libertad de circulación y causaron daños a la población trabajadora.
A estos desaciertos se suma el fracaso de la educación pública, administrada por supuestos educadores sin vocación, que privaron a cientos de miles de niños y jóvenes de su derecho a la educación mediante huelgas con fines políticos. La pérdida es irreparable: el tiempo no se recupera. Resulta inaceptable que, tras más de dos meses de suspensión de clases, la ministra de Educación haya declarado que “todo vuelve a la normalidad”, como si nada hubiese pasado.
El acuerdo denominado “Declaración de principios por la educación y el retorno inmediato e ininterrumpido a clases”, suscrito bajo la promesa de no realizar descuentos ni represalias, es indignante e insultante. Quienes participaron en esta huelga fútil y dañina no pueden considerarse educadores, y deben asumir las consecuencias por el daño moral causado a la juventud. Esta crisis pudo evitarse si el gobierno hubiese actuado con diligencia. El derecho a huelga no está en discusión, pero cuando sus efectos atentan contra el orden público y la seguridad nacional, pierde su legitimidad.
En última instancia, los más perjudicados han sido los jóvenes de las escuelas públicas, quienes han quedado rezagados frente a sus pares del sistema privado, lo que agudiza la brecha social. Los grandes reprobados han sido los huelguistas y las autoridades que no actuaron a tiempo.
Panamá está carente de líderes, pero hay esperanza. Tal vez surjan nuevos rostros de la “camada” que derrotó al Cartel de las Sanguijuelas y logró imponerse ante la emboscada del Ejecutivo y el Contralor. ¿Estamos, al fin, por consolidar una nueva coalición de políticos comprometidos con enfrentar los problemas heredados de esta y anteriores gestiones? ¿Estamos listos para mejorar el agotado modelo democrático en el que vivimos?
Mientras haya voluntad de luchar, hay esperanza de vencer.
El autor es ciudadano.
