490 días de clases perdidos. 800,000 estudiantes afectados. Panamá ocupa el deshonroso primer lugar mundial en interrupciones educativas en los últimos seis años. Estas no son solo cifras en un informe, son las coordenadas de una tragedia nacional que se desarrolla ante nuestros ojos. El estudio Un sexenio perdido, de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLaE), documenta con precisión lo que ya intuíamos: hemos sacrificado el futuro de una generación entera en el altar de conflictos que parecen no tener fin.
Cada día que cerramos las aulas, excluimos a nuestros estudiantes y los condenamos al fracaso. Los privamos de la única herramienta real de movilidad social que existe: la educación.
Estamos creando una sociedad que discrimina desde la cuna, en la que los jóvenes no podrán acceder a una jubilación digna por no haber cumplido con su trayectoria educativa y laboral formal. Esta exclusión sistemática perpetúa un círculo vicioso de pobreza e informalidad que marcará a generaciones futuras.
La cronología de la crisis es devastadora: desde la pandemia de la covid-19 (380 días perdidos) hasta las protestas actuales por la reforma de la CSS (40 días adicionales). Cada crisis ha sumado días perdidos, pero, más importante aún, ha creado una generación de estudiantes que ha visto normalizarse la interrupción de clases, cuando debiera tratarse de una excepción.
Los números son brutales. Un estudiante que estaba en séptimo grado en 2020 ha perdido el 40.8% de su educación secundaria completa. Estos jóvenes, que deberían estar graduándose y preparándose para el futuro, han visto comprometidas sus competencias académicas fundamentales. Los que estaban en cuarto grado han perdido el 36.4% de su educación durante el período más crítico para el desarrollo de habilidades básicas.
Pero las consecuencias van más allá de las aulas. El informe revela una transformación preocupante del mercado laboral: por cada empleo formal perdido, se han creado tres empleos públicos y nueve empleos informales. La informalidad juvenil ha aumentado del 52% al 60% entre 2019 y 2024, mientras que los salarios reales de los jóvenes han caído un 1.7%. Esto significa que una generación entera está siendo empujada hacia la precariedad laboral, con 268,000 jóvenes ninis proyectados para 2025.
Cuando analizamos el ámbito internacional, Panamá supera por 130 días al segundo país más afectado durante la pandemia. Mientras México perdió 250 días, Colombia 170 y el promedio de la OCDE fue de 126 días, nosotros alcanzamos los 380. Y eso fue solo el comienzo de una racha de interrupciones que continúa hasta hoy.
Las proyecciones a largo plazo son alarmantes y confirman esta realidad discriminatoria. Los estudiantes panameños perderán el 25% de sus ingresos vitalicios, lo que representa una reducción permanente estimada si no se aplican intervenciones correctivas. El PIB nacional sufrirá un impacto del -4.2% para 2035, equivalente a $797.5 millones anuales. Para las familias de bajos ingresos, la probabilidad de movilidad social se reduce en un 33%. Estamos construyendo, bloque por bloque, una sociedad estratificada donde la educación interrumpida determina el destino social y económico de por vida. Los 490 días perdidos han creado un daño exponencial que se multiplicará por décadas.
La posición de JUxLaE es clara: se debe declarar formalmente un estado de emergencia educativa, implementar inmediatamente los protocolos establecidos por COPEME y poner a disposición la televisión y la radio educativa. Rechazamos categóricamente que el derecho a la educación sea utilizado como carta de negociación. Es éticamente cuestionable arriesgar el futuro educativo de niños y jóvenes. El llamado a los gremios docentes es especialmente importante: honrar su código de ética profesional, anteponer el bienestar estudiantil y buscar alternativas de diálogo que no vulneren el derecho a la educación. La responsabilidad que la prolongación del conflicto tiene sobre el futuro de la juventud panameña no puede seguir siendo ignorada.
Ya no podemos permitirnos más días perdidos. Cada día sin clases es un día menos de oportunidades, un paso más hacia la consolidación de este “sexenio perdido”. El futuro de Panamá depende de las decisiones que tomemos hoy.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
