Para quienes hayan estado viendo la transmisión de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, que concluyó ayer miércoles, no debe ser sencillo correlacionar el sinfín de términos técnicos, cuentas bancarias, movimientos transnacionales de dinero, habilitaciones locales e internacionales relacionadas al lavado de dinero, la corrupción sistematizada de la Caja 2 y la afectación sobre el Estado de derecho y los derechos humanos políticos y sociales de todos los habitantes del país. Es tan frío el análisis del entramado y la trazabilidad de los movimientos de dinero, los múltiples acuerdos de colaboración, que parece verificarse la falacia popular de que los problemas de la corrupción son de “ricos robando a ricos”, que no tienen efectos en la vida diaria de los ciudadanos. Nada más lejos de la realidad.
Quedó claro, escuchando los detalles presentados por los fiscales de la operación de pagos locales de la Caja 2 en Panamá, durante tres administraciones gubernamentales, que funcionarios panameños, utilizando su acceso a la gestión pública, ejecutivos de la empresa y habilitadores privados (legales algunos, ilegales otros, faltos de ética la mayoría), personas cercanas y familiares crearon una red delictiva para el desvío de recursos públicos, que fueron responsables de áreas administrativas que controlaban el uso de los recursos públicos. Recursos que, en lugar de ser utilizados para el bien común (salud, educación, justicia, vialidad y tantos otros) fueron utilizados para el beneficio de unos cuantos individuos y grupos económicos.
La afectación a los derechos humanos va mucho más allá que el desvío de recursos. El esquema de corrupción descrito en el caso Odebrecht ha erosionado el Estado de derecho; es obvio que la ley no se ha aplicado a todos por igual y que las instituciones de control parecen haberse hecho de la vista gorda. Sabemos que no hay democracia sostenible sin un sistema de leyes y de justicia, al igual que los derechos humanos son mejor tutelados en los sistemas democráticos. En el imaginario popular de la ciudadanía panameña, la “gran corrupción” del caso Odebrecht se ha igualado a que la democracia no nos está sirviendo, que el ciudadano no tiene poder alguno sobre el destino del país, que estamos derivando hacia una peligrosa y poderosa cleptocracia, ahora entroncada con el crimen organizado, y que necesitamos “mano dura”, un líder que de verdad mande y acabe con este chiquero. El peligro es obvio: el tránsito al autoritarismo, a través del voto popular.
Uno de los aspectos que la audiencia preliminar también ha puesto en el centro de la discusión nacional es el financiamiento de las campañas políticas y el uso de fondos públicos para esquemas clientelares. Raya en el insulto a la ciudadanía el argumento de exfuncionarios que esgrimen que las contribuciones de campaña no fueron vehículos de engrasamiento que abonó a los múltiples contratos de Odebrecht en el país. Tenemos la dudosa distinción de ser el país donde la empresa tuvo más contratos y se estima que más ganancias indebidas a través de sobreprecios. Lo más grave: en nuestro sistema democrático, las elecciones son el único elemento que, aun con falencias, funciona, entendiendo que los torneos electorales por sí solos no hacen una democracia funcional. El esquema de crimen organizado, confesado por el mismo Marcelo Odebrecht, era precisamente capturar y distorsionar las elecciones.
Me sumo al coro de voces que felicitan al Órgano Judicial por la decisión de transmitir en vivo la audiencia preliminar del caso Odebrecht. ¿Podremos como país aprender las grandes lecciones que se han transmitido en vivo a toda la ciudadanía? Dos hechos recientes señalan que el gobierno, por lo menos, no las está entendiendo: primero, el Decreto Ejecutivo No. 215 del 1 de septiembre de 2022, que creó la Comisión Ciudadana contra la Corrupción, formada por solo tres grupos excluyendo al resto del país, otorgando atribuciones que ya son parte de los derechos de todo ciudadano y que no es conducente a resolver el problema de impunidad y corrupción sistémica que permitió los esquemas de Odebrecht. Segundo, la fase 2 de la mesa de diálogo, instalada la semana pasada, con participación del sector privado, que excluyó el tema de corrupción de la agenda de trabajo.
¿Veremos justicia al final del largo camino procesal que se inició con esta audiencia preliminar? ¿Se recuperará todo lo robado por Odebrecht y por esa red de individuos que participaron en los esquemas? ¿Caminaremos, como en otras jurisdicciones, a la indemnización nacional? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las lecciones están ahí y nos corresponde a la ciudadanía estudiarlas y luchar para que no se repitan.
La abogada es abogada y escritora.
