La educación es crucial para el desarrollo de una nación. Su calidad y accesibilidad son indicadores claves del progreso social y económico de un país.
En Panamá, el sector educativo tradicionalmente ha sido severamente afectado por la corrupción, comprometiendo su efectividad y eficacia. Casos sonados como la remoción irregular de fibra de vidrio en las escuelas en 2008 todavía hoy ameritan audiencias en causas que sigue la Fiscalía Anticorrupción contra ex ministros de Educación. Igual es el vals de la probada malversación y apropiación de recursos pertenecientes al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), con una lesión al Estado de $1,568,063.82 y la condena de 30 funcionarios.
Transparencia Internacional advierte que Panamá se encuentra por debajo de la media de la región latinoamericana en la lucha contra la corrupción. Son insuficientes las políticas públicas para erradicar la corrupción en sectores clave como la educación. La falta de transparencia en la asignación de fondos y en los procesos de licitación para proyectos educativos son solo algunas de las áreas problemáticas. Basta sólo recordar el escándalo de los títulos falsos con los que los postulantes a concursos pretendían ser nombrados, ameritando la apertura de una investigación de la Fiscalía Regional de San Miguelito. Estas situaciones no solo desvían recursos valiosos, sino que también socavan la confianza en el sistema educativo.
La Prueba PISA ha revelado datos preocupantes sobre la educación en Panamá. Nuestros estudiantes han mostrado un rendimiento por debajo del promedio en matemáticas, lectura y ciencias. Hay diferencias significativas entre las escuelas oficiales y las particulares. Los estudiantes de centros educativos particulares superaron a sus pares de escuelas oficiales con diferencias de hasta 99 puntos. Estos resultados indican que, aunque el sector educativo privado panameño muestra avances, el sector público continúa rezagado.
Aunque existen múltiples factores que contribuyen a estos resultados, el impacto de la corrupción en la buena gestión de las instituciones educativas es una causa significativa que diferencia al sector particular del oficial. Es vital invertir adecuadamente en la educación pública. Con el compromiso y con los recursos adecuados, se pueden lograr mejoras significativas en el desempeño escolar.
La corrupción desvía el buen uso de los recursos financieros y ello incide en la escasa inversión en infraestructura escolar y en recursos didácticos. Según datos del observatorio “Panamá, ¡Cuéntame!”, el 20% de los centros educativos en Panamá no cuentan con servicio de agua potable; solo el 70% tiene luz eléctrica; y, aproximadamente, el 55% cuenta con acceso a internet. Se trata de limitaciones significativas en los servicios básicos y tecnológicos necesarios para el aprendizaje. Ello se refleja en la falta de aulas adecuadas, materiales educativos obsoletos y tecnología insuficiente, lo que limita las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. En la prueba PISA tuvieron mayores puntajes aquellos estudiantes que tuvieron acceso a clases virtuales.
El estudio “Diagnóstico de Perfeccionamiento Docente de Panamá”, realizado por la American University y el Centro de Investigación Educativa de Panamá, reveló importantes debilidades en el desarrollo profesional continuo de los docentes panameños. El estudio resalta la necesidad de invertir en la capacitación docente, en áreas como estrategias de aprendizaje, educación especial, enseñanza virtual y tecnologías innovadoras. La ausencia de programas de capacitación adecuados para los maestros es una deuda pendiente del sistema educativo panameño, lo que afecta la formación de los estudiantes. Con recursos bien utilizados podríamos capacitar más y mejor a nuestros educadores.
La corrupción en el sistema educativo panameño es un problema multifacético que requiere una solución integral. El gobierno panameño debe tomar medidas enérgicas para combatir la corrupción, mejorar la transparencia y asegurar que los recursos destinados a la educación se utilicen de manera efectiva. La colaboración con organizaciones como Transparencia Internacional y la implementación de políticas basadas en los hallazgos de evaluaciones como PISA son pasos esenciales hacia la mejora de la educación en Panamá. Solo a través de un compromiso genuino con la transparencia, se puede garantizar a las futuras generaciones una educación de calidad y libre de corrupción. ¡Si el sector educativo particular lo está logrando, seguro que el sector público lo puede hacer también!
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación
