En la plaza, algunos de los grupos que se manifiestan contra la Ley 462 utilizan una estrategia de negociación que no es novedosa: emitir demandas absurdas y culpar a los demás por no aceptarlas; no conceder nada; retrasar continuamente el proceso; esperar a que otros presenten compromisos o concesiones; y recalibrar o reajustar. Si esto le suena familiar, es porque conoce la estrategia de Putin en su conflicto bélico en Ucrania.
¿Cómo se responde? Lo primero que debe quedar claro es que las manifestaciones no son un “problema del gobierno”, entendido como el Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Es un problema de todos, porque compartimos la responsabilidad por sus causas y consecuencias. Cada uno debe participar y contribuir para enfrentar la situación.
También debemos reconocer que el trasfondo no es la Ley 462 en sí misma. Hay fuerzas políticas y sociales detrás del movimiento: algunas artificiales, organizadas y con recursos; otras, más orgánicas.
Los primeros —aquellos que pierden elección tras elección y encantan con un discurso trasnochado, descalificador y divisorio (los “buenos” contra los “malos”)— son los verdaderos responsables. Por tanto, corresponde señalarlos y exigirles responsabilidad por cualquier infracción.
La judicialización de los manifestantes, tanto de sus dirigentes como de los vándalos, es necesaria y apropiada. Es un “secreto de pasillos” que algunos partidos políticos y múltiples organizaciones sindicales utilizan sus recursos para instigar el rompimiento del orden público, sin contar con la posible intromisión extranjera. Con ellos no debe haber espacio para la negociación, porque suscriben estrategias similares a las de Putin.
A estos actores se les debe exigir responsabilidad, siempre dentro del marco legal. Y no, no debe aceptarse que eso sea calificado como “persecución política”. Gobiernos anteriores cedieron al chantaje, en ocasiones hasta para salvar su propio pellejo. Eso tiene que cambiar, porque empobrece nuestra democracia. Para el gobierno actual es más fácil, porque está comenzando; pero el hecho de que le reste tanto tiempo puede ser una tentación para hacer “arreglos coyunturales”.
También es necesario fortalecer la supervisión de estas organizaciones. El Tribunal Electoral debe vigilar a los partidos políticos, y las entidades correspondientes deben hacer lo propio con los gremios sindicales, para asegurar que los fondos que reciben —ya sea de simpatizantes, agremiados o del Estado— sean utilizados para los fines que justificaron su entrega. Asimismo, debe llamarse la atención a los extranjeros que interfieren en asuntos que no les competen.
Pero no se puede perder de vista que existe un descontento ciudadano legítimo. Me refiero a los manifestantes motivados por diversas insatisfacciones. Es ahí donde el gobierno, bajo el liderazgo del Órgano Ejecutivo —elegido constitucionalmente para ello—, debe enfocar todos sus esfuerzos: en la generación de empleos y oportunidades. No desde el sector público, que ya no resiste más presión y solo agrava el clientelismo, sino desde el sector privado, que a cambio espera educación de calidad y seguridad jurídica.
Hay que activar un círculo virtuoso.
El autor es abogado.
