Para definir y unificar las estrategias que evitan o retrasan el deterioro democrático, es fundamental partir de puntos comunes. Entre ellos se destaca la necesidad de fortalecer las instituciones, sobre todo aquellas que faciliten la participación ciudadana. Asimismo, es esencial no solo impartir, sino también fomentar y mantener una cultura política auténticamente participativa.
Por un lado, el fortalecimiento institucional y la independencia judicial requieren robustecer las instituciones y garantizar una separación real de poderes, de modo que funcionen con un sistema de pesos y contrapesos. En este contexto, el Poder Judicial, a través de tribunales independientes e imparciales, debe investigar y sancionar los posibles delitos de manera autónoma y sin temor a represalias. Por otro lado, es necesario fortalecer la autonomía de dichas instituciones para evitar la concentración de poder y consolidar el Estado de derecho, con el objetivo de resguardar la democracia frente a posibles desviaciones autoritarias o políticas clientelistas.
En la actualidad, la separación de poderes debe estar respaldada por la transparencia y la rendición de cuentas sin excepciones. La gestión del dinero y los recursos públicos, financiados enteramente por nuestros impuestos, requiere que se proporcione una información completa, accesible y proporcionada, sin formalismos ni obstáculos, sobre su uso. La transparencia se convierte en la principal herramienta para que los ciudadanos puedan evaluar de forma real las acciones y decisiones del gobierno en funciones. Por ello, resulta imperativo establecer nuevos mecanismos de acceso público a la información, incluyendo plataformas digitales que permitan el seguimiento en tiempo real del gasto público, así como la digitalización de los procesos de licitación, contratación y acceso a informes periódicos sobre la actuación gubernamental. Estas modernas herramientas facilitan la rendición de cuentas, fomentan un gobierno abierto y accesible, empoderan a los ciudadanos al permitirles cuestionar y colaborar en la gestión pública, y contribuyen a disminuir abusos, prácticas arbitrarias y actos de corrupción al hacer más sencillo que el ciudadano vigile el uso de sus impuestos.
Las reformas del sistema electoral resultan cruciales en la lucha contra la corrupción. Estas deben incluir listas abiertas, primarias obligatorias, transparencia total en el uso de subsidios electorales, equidad de género, inclusión de personas con necesidades especiales, diversidad de orientaciones y colectivos, así como el fortalecimiento de las candidaturas independientes sin obstáculos ni formalismos. El objetivo es lograr un sistema proporcional, representativo y responsable ante el electorado.
Es necesario avanzar hacia un gobierno abierto que garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones como norma general, utilizando para ello debates públicos, referendos, consultas públicas, asambleas ciudadanas, encuestas y el empleo de la tecnología para facilitar el diálogo entre el gobierno y la sociedad. Las consultas al electorado deben ser obligatorias con el propósito no solo de mejorar la calidad del debate, sino también de reforzar la confianza en las instituciones, reduciendo la polarización y el extremismo. Si no se garantiza un debate público real y efectivo entre ciudadanos y gobierno, el descontento popular podría manifestarse en las calles.
Luigi Ferrajoli, en su célebre obra Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, ha señalado que existen diversos poderes —entre ellos, grupos de poder privados— que ejercen influencia para que las decisiones públicas se adopten conforme a sus intereses, los cuales no siempre coinciden con las necesidades y la protección de los ciudadanos. Estos “poderes salvajes” generan gradualmente una vulneración de la democracia, al no estar sometidos a la transparencia, la rendición de cuentas ni a la participación ciudadana. Como resultado, se produce una erosión de la confianza en las instituciones y una manipulación del electorado. En palabras de Ferrajoli: “Cuanto más se debilita la relación de representación, cuanto más se separan de la sociedad los representantes, tanto más esencial se hace el paradigma constitucional, es decir, el sistema de límites y vínculos, de separaciones y garantías, idóneos para impedir la corrupción y la degeneración burocrática y autoritaria”.
La calidad del debate público debe acompañarse de una sólida educación cívica desde los primeros años escolares. La educación debe promover el pensamiento crítico, ya que, si falla, surgirán problemas cuando estos ciudadanos ingresen a la vida política. Fomentar el civismo y el pensamiento crítico ayuda a reducir la manipulación de la opinión pública, creando espacios de debate basados en hechos en lugar de emociones o populismo. Asimismo, las leyes que protegen a activistas, periodistas, denunciantes y gremios son esenciales en una democracia, puesto que garantizar su seguridad y la libertad de prensa fortalece la rendición de cuentas y disminuye el riesgo de restringir derechos fundamentales o de imponer regímenes autoritarios.
Es importante establecer códigos éticos claros para los funcionarios públicos y asegurarse de que los conozcan y comprendan adecuadamente como requisito para acceder al cargo, además de informarles sobre las consecuencias de su incumplimiento. También resulta esencial regular estrictamente los conflictos de intereses para prevenir abusos y prácticas de corrupción.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.
