En Panamá, la sociedad está llamada a ejercer un análisis democrático respecto a sus exfuncionarios. Quienes han ocupado cargos como ministros, directores, presidentes o líderes de partidos suelen ser invitados, al finalizar su gestión, a participar en programas de opinión donde se valora su experiencia para abordar asuntos nacionales. Además, los expresidentes continúan siendo denominados “presidente” por los medios, un uso que refuerza la legitimidad de sus intervenciones públicas, aunque ya no ocupen la máxima magistratura.
No obstante, la práctica de referirse a estas personas por un cargo que ya no ejercen, común en Panamá, evidencia una costumbre de evitar llamar las cosas por su nombre. Son expresidentes y, como exfuncionarios públicos, están sujetos a las mismas normas legales y a las críticas razonables de cualquier ciudadano, sin excepción por su cargo o desempeño.
Es habitual ver a quienes hoy opinan como expertos sobre problemas recientes y proponen soluciones con total seguridad. Sin embargo, cuando tuvieron el poder para actuar, no lo hicieron: dejaron pasar las dificultades para que fuera otro gobierno el que asumiera la responsabilidad de resolverlas. En muchos casos, incluso fueron ellos mismos quienes generaron los problemas que ahora padecemos. En los foros mediáticos, rara vez se les confronta porque suele haber temor a perder futuras entrevistas, a que se solicite otro entrevistador o a que se presenten quejas por las preguntas o el trato recibido.
Para vivir en democracia, es fundamental reconocer tanto los logros como los errores. Los gobiernos posteriores a la invasión han acumulado casos de corrupción en distintos grados. Un expresidente responsable debe exponer los aspectos positivos de su gestión y, al mismo tiempo, evaluar críticamente los desaciertos, explicando cómo corregirlos y evitar su repetición.
Un factor clave en la gestión pública panameña es la designación discrecional de ministros, directores y otros funcionarios, sin concursos ni requisitos claros más allá de la edad. El mandatario que realiza estos nombramientos asume responsabilidad solidaria por las acciones u omisiones de sus colaboradores. Cuando un funcionario incurre en faltas éticas o legales, esa responsabilidad compartida forma parte del funcionamiento interno de cualquier administración.
Pese a que en algunos casos los escándalos de corrupción han recibido sanciones firmes, es raro ver a un expresidente admitir públicamente un error al nombrar a un colaborador o pedir perdón por no haber investigado a tiempo. Ese silencio sugiere que reconocer equivocaciones se percibe como humillante, cuando en realidad constituye un acto de sinceridad y respeto hacia la ciudadanía. La autocrítica pública de los exfuncionarios es un acto de liderazgo responsable.
Como recordó Jorge Luis Borges en su artículo Lunes 22 de julio de 1985, juzgar y condenar el crimen es necesario para no convertirse en cómplice de la impunidad. Borges reconoció sus propias dudas sobre la honestidad del gobierno militar argentino tras comprobar las atrocidades que luego se juzgaron.
La ausencia de reconocimiento oficial de irregularidades mina la confianza de la población en las instituciones. Si un líder niega o minimiza pruebas de corrupción, se transmite la idea de que el sistema no responde ante conductas ilícitas ni prioriza el interés público, lo cual puede mermar la participación ciudadana y la credibilidad electoral.
La percepción de impunidad y privilegio para ciertos grupos profundiza la brecha social. Cuando recursos públicos se desvían sin reconocimiento ni reparación, aumenta la desigualdad y se genera desconfianza entre sectores sociales, debilitando la cohesión nacional.
En el ámbito económico, la omisión o la negación de casos de corrupción eleva el riesgo país y desalienta la inversión nacional y extranjera. La incertidumbre legal y la falta de transparencia pueden frenar la generación de empleo, provocar fuga de capitales y de talento, y limitar el crecimiento y la competitividad.
En el plano político, negar situaciones de corrupción alimenta la polarización y dificulta la construcción de consensos. Esa división entre quienes apoyan al liderazgo y quienes exigen cambios complica la gobernabilidad democrática y obstaculiza la aprobación de reformas necesarias.
En las democracias con rendición de cuentas efectiva, la negación oficial se ve restringida por el equilibrio institucional y la supervisión ciudadana. La rendición horizontal, entre poderes del Estado, y la vertical, entre gobierno y ciudadanía, reforzadas con políticas de transparencia, limitan la impunidad y fortalecen el control del poder.
Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil son actores esenciales para destapar casos de corrupción y lograr su reconocimiento oficial. A través de periodismo independiente e investigaciones ciudadanas se impulsa la apertura de procesos judiciales y el escrutinio público de los funcionarios.
Se recomienda utilizar indicadores y métricas de transparencia, como el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y el Barómetro Global de Corrupción, para establecer metas anuales, evaluar avances y publicar resultados que permitan la comparación con otros países de la región.
Para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en Panamá, resulta clave incorporar en la Constitución el principio de publicidad de la actuación administrativa y prevenir conflictos de interés. Se propone que las fiscalías anticorrupción sean verdaderamente independientes, con mandato claro y recursos para investigar delitos como cohecho, peculado y malversación, así como una Autoridad Nacional Anticorrupción con autonomía y presupuesto propio.
Además, conviene asegurar el acceso irrestricto a la información pública, establecer portales de contratación con datos abiertos, aprobar una ley de protección integral a denunciantes y explorar el uso de inteligencia artificial para detectar riesgos de corrupción en contratos y gastos. Finalmente, promover convenios entre universidades, ONG y medios para realizar auditorías regulares y simulaciones de investigación fortalecerá el control ciudadano sobre la gestión pública.
El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.
